El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobaba este lunes por unanimidad una moción institucional en la que reclama al grupo Intrum que "abandone la pretensión" de aprobar el Expediente de Regulación de Empleo que supondría el despido de una parte de los 515 trabajadores en el centro que tiene en la ciudad; en principio serían 166 despidos, concretamente, según informaban fuentes del comité de empresa a El Día de Valladolid el pasado jueves. La moción se llevó al Pleno con el respaldo de los cuatro grupos municipales -PSOE, PP, Vox y Valladolid Toma la Palabra- y su texto fue leído durante la sesión por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.
En dicha moción se muestra el apoyo a la plantilla de Intrum en Valladolid, formada por más de 500 empleados, y se reclama a la compañía de capital sueco que busque una resolución a la situación que no perjudique a la plantilla.
Las propuestas aprobadas plantean, en primer lugar, mostrar solidaridad y apoyo a los trabajadores de la empresa Intrum; segundo, solicitan a la Dirección de Intrum que "abandone su pretensión de ejecutar un ERE a los trabajadores de la oficina de Valladolid"; y tercero, dan traslado de los acuerdos a la dirección de Intrum España.
Carnero manifestó el deseo de la Corporación de que el conflicto "se resuelva de manera adecuada y favorable para los intereses de todos y cada uno de los trabajadores" de la empresa en este momento "tan delicado por el que está atravesando".
El regidor del PP recordó que Intrum es una multinacional sueca que se dedica, entre otras cosas, al sector del 'contact center' en gestión de cobros y recobros, y también a la comercialización de inmuebles a través de firmas como Solvia Inmobiliaria, Haya Real Estate y Aktua.
Esta empresa en Valladolid tiene sus oficinas en el antiguo Museo Fundación Cristóbal Gabarrón, en la calle Rastrojo, del barrio Huerta del Rey. Su presencia en la ciudad data del año 2005 y en ella actualmente trabajan alrededor de 515 trabajadores, de los cuales 400 son mujeres con jornadas parciales "en su mayoría", a los que ha sumado 1.500 puestos de trabajo "indirectamente afectados".
Carnero subrayó que para los empleados del centro "es una gran preocupación y tensión" por "el miedo a la pérdida de sus puestos de trabajo".