Una de las apuestas estrella de la Diputación que arrancó hace diez años es el denominado Plan de Ruinas. La institución provincial presta su ayuda a los consistorios en la tramitación necesaria para derribar aquellas viviendas, casas o pisos que se encuentran en situación calamitosa. En este mes de noviembre, el día 29, se cumplirán diez años desde su puesta en marcha y en este periodo se han derruido 258 inmuebles de diversa índole en sendos expedientes. Más de 25 cada año de media y eso teniendo en cuenta que el primer caso se inició el 25 de agosto de 2014.

La inversión realizada por la Diputación es de 741.553 euros. La institución tiene 108 expedientes en tramitación, ha firmado convenios de colaboración con 202 municipios para poder derribar estas viviendas y ha llevado a cabo 119 ejecuciones para tirar las casas. 

El proyecto cumple una década. Fue en noviembre de 2013 cuando la Diputación acordó poner en marcha una serie de medidas de apoyo a los municipios de menos de 1.000 habitantes en materia de ruinas, una iniciativa que se extendió a los pueblos de más población posteriormente. 

El instrumento previsto para que la Diputación pueda realizar actuaciones materiales en estos inmuebles es la encomienda de gestión, por ser un mecanismo que permite la realización de actividades de carácter material o técnico de competencia de otros órganos o de otras administraciones. 

De esta forma, los ayuntamientos tienen que aprobar en sesión plenaria la firma de un convenio de colaboración con la institución provincial para tener la opción de solicitar el derribo de un inmueble dentro de su término municipal.  Luego, un técnico de la Diputación realiza una visita de inspección al inmueble. En el caso de que sean inmuebles cerrados, sin acceso desde la vía pública, en primer lugar, el servicio se pone en contacto con el particular, bien vía telefónica o en su caso se escribe una carta a los propietarios para que faciliten el acceso, caso contrario, cuando se estima necesario se solicita entrada a los juzgados.

A continuación, se comienza la tramitación correspondiente de ruina y la orden de ejecución. Una vez resuelto el expediente y declarada la ruina, se notifica al particular indicándole que ha de proceder a la demolición del edificio en caso de ruina o a realizar las actuaciones que se indican en la orden de ejecución y se apercibe que, de no hacerlo, lo hará el Ayuntamiento a su costa. 

Realizada la ejecución subsidiaria, se procede por la Diputación al abono de las correspondientes facturas. A continuación, se realizan los trámites necesarios para trasladar la deuda generada por la correspondiente actuación, con la finalidad de que se proceda a la recaudación de las cantidades.

Municipios como Casasola de Arión, Castrillo Tejeriego, Fresno El Viejo, Pozal de Gallinas,  Valdenebro de los Valles, Villavaquerín de Cerrato, entre otros se han beneficiados de estas actuaciones a lo largo de estos años.