Una buena noticia para los municipios de Torozos. Un proyecto internacional encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Estados Unidos de hace más de seis meses, ha conseguido que unas 600 personas originarias de Nicaragua lleguen a partir del mes de diciembre a Villalba de los Alcores para trabajar en la construcción de un megaparque fotovoltaico. Una iniciativa en la que están involucrados 22 municipios del entorno en Montes Torozos y Campos, la propia capital del Pisuerga, la Diputación y la organización no gubernamental Accem, al tratarse de trabajadores refugiados que han solicitado asilo internacional.  

Los primeros 84 trabajadores  y sus familias llegarán directamente a Madrid el próximo 12 de diciembre. Y ese mismo día se trasladarán a Valladolid para comenzar un periodo de formación de dos meses antes de que comiencen los trabajos de construcción de las placas solares en el año 2024.

La empresa Cobra será la constructora del parque, que cuenta con un plazo de ejecución de casi dos años. Pero antes de nada, el primer problema al que se enfrentan las administraciones y organizaciones es la falta de vivienda en el medio rural para que resida este importante grupo de personas que llega al medio rural vallisoletano. Aunque se trata de la denominada España Vaciada, la verdad es que no hay sitio físico donde puedan residir estos trabajadores y sus familias. 

Teniendo en cuenta que muchos de ellos llegarán con hijos pequeños (serán mayoritariamente familias de tres y cuatro miembros) se hace especialmente prioritario encontrar los espacios suficientes. Por ello, desde Diputación se ha organizado esta misma semana una reunión a la que se han convocado a 25 municipios de 20 kilómetros a la redonda de Villalba para que los alcaldes ofrezcan todos los inmuebles disponibles dentro de sus respectivos municipios. El diputado Alfonso Romo ha sido el encargado de realizar todas las gestiones oportunas para encontrar viviendas. «A la convocatoria que hemos realizado se presentaron 22 municipios y han ofrecido viviendas diferentes e, incluso, algunos lo ha hecho con coventos e iglesias», destaca. 

El alcalde de Villalba de los Alcores, Manuel Gutiérrez, reconoce que en el pueblo no hay vivienda para acoger a los trabajadores. «Aquí no hay nada. No podemos ofrecer ningún sitio. Casi no tenemos viviendas para la gente del pueblo, como para acoger a otros. Es imposible», reconoce de forma cotundente. 

Romo señala la enorme dificultad a la hora de encontrar una vivienda en los pueblos, ya que a pesar de que existen cientos sin ocupar no salen al mercado. Explica que, una vez que los ayuntamientos recogan el listado de inmuebles que se podrían ocupar por estas personas, se cederá a la organización no gubernamental Accem para que organice la ubicación de cada una de las familias. 

Relata que los propietarios de los inmuebles serán los encargados de poner precio a sus respectivas viviendas y también tendrán la oportunidad de ?conocer a sus futuros inquilinos antes de formalizar el contrato. «Los municipios no están obligados a ceder inmuebles, pero veíamos una oportunidad porque van a estar dos años aquí y generarán riqueza. No se sabe si podían quedarse a vivir en los pueblos una vez que finalicen los trabajos».

La Diputación no prevé problemas para alojar a todos los trabajadores y sus familias (unas 600 personas) en los pueblos del entorno. «Se trata de personas de clase media en su país, que tuvieron que salir por un cambio de régimen y ahora podrían terminar asentándose en Valladolid».

El delegado territorial de la ONG Accem en Castillla y León, Daniel Duque, explica que la llegada de estos trabajadores refugiados se debe a un acuerdo de colaboración firmado entre España y Estados Unidos. «Cuando Pedro Sánchez estuvo con Biden, en aquella visita se cerró al acuerdo», apunta. Se trata de un convenio entre EEUU y Nicaragua para acoger a refugiados, pero finalmente se plantea también a terceros países y, en este caso, recalarán en España. 

Gracias a este acuerdo, estos trabajadores que están refugiados actualmente en Costa Rica viajarán a Valladolid. Es el Ministerio de Inclusión y Políticas Sociales el encargado del cumplimiento del acuerdo. «Los dos primeros meses harán un periodo de formación antes de que comiencen las obras del parque. Llegarán a Valladolid en autobús e irán directos a sus nuevas residencias». 

En un primer momento, al tratarse de personas que llegan a través de un programa de protección internacional, los gastos ocasionados por su estancia en la provincia correrán a cuenta del Ministerio, hasta que consigan su primera nómina. «Vivirán dentro de un programa de reasentados, con protección internacional, y tendrán las ayudas del Gobierno. Luego, ya tendrán que costearse sus gastos», explica Duque. 

familias. «La mitad de los trabajadores llegan con sus hijos y sus familias y la previsión es no tener problemas para su alojamiento», insiste. La organización pretende que puedan permanecer cerca de su puesto de trabajo para evitar desplazamientos largos. «Es un proyecto piloto que se realiza en Valladolid y dependiendo de cómo funcione podrán venir más personas». 

Duque estima que es el proyecto con exiliados de mayor envergadura que se ha realizado en Valladolid «en los últimos diez o quince años» y asegura que es un trabajo considerable para dotar a este colectivo de todo lo necesario. «Trabajadores como los demás, necesitan tarjeta sanitaria, seguridad social...».