El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de tres años y nueve meses de prisión por tráfico de drogas impuesta al joven Jonatan I.R., quien fue detenido en septiembre de 2022 cuando viajaba en una motocicleta sin carné y trató de eludir un control para luego deshacerse de los 18 gramos de cocaína que portaba.

En su sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, desestima el recurso del condenado y ratifica íntegramen te el fallo de la Audiencia de Valladolid, dictado el pasado mes de febrero, que impuso al encausado tres años y medio de privación de libertad y 4.000 euros al considerarle autor de un delito contra la salud pública de los que causan grave daño a la salud, con la agravante de reincidencia y la atenuante de drogadicción, junto con otros cuatro meses más de cárcel por un delito contra la seguridad vial, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal Castellanoleonés recogida por Europa Press.

Aunque el ahora condenado alegó que la droga era para su autoconsumo, "es obvio, tanto por la cantidad incautada, la riqueza o pureza de las misma, como por el hecho de llevarla en un envoltorio con un alambre y por el dinero incautado, que la sustancia estaba preordenada al tráfico", advierte la Audiencia Provincial para justificar su fallo condenatorio.

"Pido perdón a mi pareja y a mi abuela por no haber sido capaz de dejar la droga", fue el lamento público del joven Jonatan I.R. durante el juicio celebrado por la Sección Cuarta de lo Penal, donde a pesar de alegar autoconsumo para justificar los 18 gramos de cocaína que la policía le ocupó, el fiscal del caso mantuvo para él la petición de cinco años de cárcel por tráfico de drogas y otros seis meses más por circular en moto sin carné.

Condenado, con antecedentes por ambos delitos, reconoció que el 21 de septiembre de 2022, sobre las 18.00 horas, viajaba sin carné en una Honda CBR a la altura de la calle Ciudad de La Habana, en el barrio de Parquesol, y que al toparse con un control de la Policía Nacional optó por aparcar en una calle próxima para eludirlo.

Dado que un mes antes ya había sido condenado por conducir sin carné, sumado al hecho de que portaba ese día más de 18 gramos de cocaína que, como así dijo sin éxito, eran solo para su autoconsumo, trató de abandonar el lugar a pie en dirección contraria.

"Lo único que pretendía fue evitar que me pusieran otros 600 u 800 euros de multa por lo de ir sin carné y llevar la sustancia", apostilló Jonatan, quien aseguró que los 18,26 gramos de 'coca' los había adquirido en el barrio zamorano de Las Llamas por poco más de 300 euros y que la sustancia, íntegramente, era para saciar su grave adicción para así garantizar los 5 gramos que consumía a diario por aquel entonces.

El acusado sostuvo que la droga la había pagado con lo que cobraba del paro, a razón de 480 euros al mes, y el dinero obtenido en la campaña de vendimia, junto con lo que percibía su pareja por limpiar en casas.

Fue en ese momento cuando Jonatan se dirigió tanto a su pareja, que esperaba en los pasillos de la Audiencia Provincial dispuesta a testificar, como a su abuela, que seguía el juicio angustiada en sala, para pedirles perdón por su grave problema con las drogas y los disgustos ocasionados a la familia por tal adicción.

Pese a ello, el fiscal mantuvo su petición inicial de cinco años de cárcel y multa de 6.000 euros por delito contra la salud pública y otros seis meses más por delito contra la seguridad vial, tras considerar "plenamente acreditada" la comisión de ambos.

El fiscal se apoyó en la versión de los agentes de la Policía Nacional y Municipal que aquella tarde salieron a pie en persecución del acusado cuando éste aparcó su moto ante el control y empezó a recular y a tratar de perderse en las instalaciones del Instituto Jiménez Lozano, en cuyos jardines se fue desembarazando primero de una bolsa con ropa, luego del caso y finalmente de un envoltorio negro que arrojó a unos arbustos y que, como luego comprobaron los agentes, contenía más de 18 gramos de cocaína.

En el cacheo posterior, los policías le intervinieron también un gramo de hachís, 1.000 euros enrollados con una goma y otros 200 en billetes de 50, cantidades que en opinión del fiscal vendrían a acreditar que procedían de la venta a terceros de las sustancias que portaba.

El acusador público también advirtió de que la droga ocupada, con una riqueza del 76 por ciento, excedía por su cantidad de la que se considera para consumo propio y que el valor de la misma, de unos 1.000 euros adquirida por gramos y de más de 2.000 por dosis, no se correspondían con el nivel económico de Jonatan, quien ni siquiera contaba con vivienda propia y tenía que convivir con su pareja en pisos de familiares.

La defensa, por su parte, sí reconoció la comisión del delito contra la seguridad vial de su cliente pero pidió un fallo absolutorio con respecto al delito de tráfico de drogas por falta de pruebas de su culpabilidad y tras recordar que sobre el joven no pesaba una investigación previa y que su detención se produjo de forma casual.

El defensor insistió en la tesis del autoconsumo y, en caso de condena, abogó por que el tribunal tenga en cuenta la toxicomanía del joven que fue refrendada por el médico forense en cuyo informe--a partir de un cabello tomado a Jonatan--certificó que el acusado tenía un consumo "repetido" que afectaba a sus capacidades volitivas.

Inmobiliaria

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de dos años y medio de cárcel recaídos en diciembre de 2023 en un varón con iniciales A.M.M.J. por abrir la caja fuerte de una inmobiliaria de Valladolid con una lanza térmica y llevarse 19.000 euros.

La resolución de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, desestima el recurso del condenado y mantiene inamovible el fallo de primera instancia dictado en diciembre de 2023 por la Audiencia de Valladolid, según el cual el recurrente fue condenado a la citada pena privativa de libertad por un delito de robo con fuerza en las cosas y, en concepto de responsabilidad civil, se le impuso el pago a la Inmobiliaria Bolado SA. de una indemnización de 19.000 euros, más la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, por los daños causados en sus instalaciones, descontándose la cantidad de 4.018,99 euros, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal castellanoleonés recogida por Europa Press.