PP y PSOE despejan el camino y Quintana seguirá de Procurador

SPC
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Tras año y medio en funciones, los grupos mayoritarios expresan su disposición a llegar a un acuerdo para renovar esta institución propia con la «plena disposición» del propio Quintana

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, charla con el Procurador del Común, Tomás Quintana, ayer en las Cortes. - Foto: Ical

Tomas Quintana seguirá siendo el Procurador del Común de Castilla y León tras más de un año en funciones a la espera de renovarse la presidencia de la institución propia. Alejados del habitual ruido político y partidista que se respira en el Parlamento autonómico, la sesión plenaria monográfica de este martes sirvió para que los grupos parlamentarios abrieran el camino para encauzar la renovación de esta figura en la Comunidad durante una jornada en la que Quintana presentó a la cámara su Informe Anual del 2023. Partido Popular y PSOE, que suman la mayoría de los tres quintos necesaria para renovar la institución del Procurador del Común, verbalizaron en el Hemiciclo la existencia de un acuerdo para que Tomás Quintana continuara en el cargo un segundo mandato de cuatro años, tras entrar en funciones en octubre de 2022. Todo ello después de que a principios de 2023 se pusieran en marcha en las Cortes el procedimiento para renovar las instituciones propias –Procurador del Común, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social– con una ronda de reuniones entre los grupos que no concluyó en una propuesta oficial a las Cortes, para que pudiera ser ratificada por el Parlamento de la Comunidad.

Casi un año y medio después, el portavoz popular, Raúl de la Hoz, verbalizó ayer desde la tribuna el acuerdo alcanzado con los socialistas para que Tomás Quintana continuara y deseó que «en su momento acepte» la propuesta que se le haga desde el legislativo, tras negar que haya interferido en su labor el hecho de estar en funciones. Previamente, el socialista Luis Tudanca dio expresamente el apoyo al Procurador del Común para que continúe un segundo mandato y tendió la mano al presidente de la Junta y del Grupo Popular, Alfonso Fernández Mañueco, para «sí quiere» hacer la propuesta esta misma semana. «No se pueden incumplir las normas por capricho, no tiene sentido esperar más».

Igualmente, desde el Grupo Mixto, los procuradores también lamentaron que no se haya materializado el acuerdo para renovar las instituciones propias en sus intervenciones ante el pleno. Así, Pedro Pascual (Por Ávila) apeló al consenso; Francisco Igea, ex de Ciudadanos, pidió que se inicie el procedimiento; Pablo Fernández (Unidas Podemos) afirmó directamente que Quintana es «un buen candidato», y le dio su apoyo. Vox, sin embargo, no entró en la cuestión de la renovación de las instituciones propias de la Comunidad, aunque valoró el trabajo realizado por el Procurador del Común, según señaló su portavoz Carlos Menéndez, que se sumó a las palabras de reconocimiento a la labor desempeñada del resto de grupos.

Tras escuchar a todos los portavoces, el propio Tomás Quintana evitó dar un 'sí' a su continuidad en este momento, pero de forma velada afirmó que las palabras que había escuchado en esta sesión plenaria le animaba a seguir trabajando, al tiempo que destacó su «plena disposición» ahora, en el pasado y en el futuro, a atender la propuesta que hagan las formaciones políticas.

1.774 quejas ciudadanas

Antes, Tomás Quintana había informado a las Cortes de los principales números del Informe Anual de la institución. Tal y como señaló, el Procurador del Común recibió 1.774 quejas ciudadanas en 2023 y formuló 97 actuaciones de oficio. Así, emitió 1.042 resoluciones en el pasado ejercicio, de las que 183 se archivaron y en 859 se formularon resoluciones o recomendaciones a las administraciones, de ellas recibieron respuesta a 659 (76,72 por ciento) y 557 fueron aceptadas (84,52 por ciento). Otras 102 se rechazaron, el 15,48 por ciento de las recibidas. Por otro lado, la institución tuvo que archivar 96 expedientes por falta de respuesta al finalizar el plazo para responder a las resoluciones formuladas, lo que representa el 13,11 por ciento. De 909 resoluciones, 732 fueron recomendaciones o sugerencias, sobre las que se han manifestado 558 (76,23 por ciento) y 76 están pendientes de contestación (10,36 por ciento).

Reforzar las medidas contra las listas de espera

Tomás Quintana aprovechó su intervención para solicitar a la Consejería de Sanidad «reforzar» las medidas que aplica para reducir las listas de espera y las «demoras» en la atención así como adoptar otras diferentes con el fin de evitar «retrasos» en la atención que demandan los ciudadanos, al ser un asunto que motivó un «importante» número de quejas en 2023. Esta cuestión también centró las intervenciones de Francisco Igea, quien invitó a la reflexión sobre el cumplimiento de las demandas, así como de Pedro Pascual (Por Ávila) que señaló la importancia de afrontar esta cuestión. En los mismos términos se expresó Luis Tudanca, quien demandó que se combatan con medios públicos y no con los conciertos con la sanidad privada. El popular Raúl de la Hoz, sin embargo, señaló que los «datos cantan» en relación a la reducción de la lista de espera quirúrgica en 2023, como sobre los conciertos, porque replicó a la oposición que la Comunidad es la que menos porcentaje de fondos dedica a los conciertos.

Un plan contra los grafitis

Otro de los aspectos en los que se centró Tomás Quintana fue la necesidad de que los grandes municipios de la Comunidad elaboren y apliquen un plan de choque que permita la limpieza y protección del patrimonio público frente a estos actos vandálicos de pintadas y grafitis que «afean las ciudades». Entre las medidas propuestas por elProcurador delComún se recoge intensificar las labores de vigilancia policial, sobre todo de las zonas en que se prevea que, tras la limpieza, puedan verse nuevamente afectadas; realizar campañas de concienciación y educación, incluso promoviendo el grafiti y/o muralismo autorizados; así como adaptar la normativa, en el caso de que no lo contemple, para poder ejercer la potestad sancionadora y el resarcimiento de daños causados al patrimonio público.