La Junta ha firmado protocolos con los ayuntamientos de las localidades vallisoletanas de Torrecilla de la Orden, Montealegre de Campos, Quintanilla de Arriba, Esguevillas de Esgueva y Matapozuelos al programa de rehabilitación de viviendas para alquiler social, Rehabitare, con una inversión prevista de más de 450.000 euros.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha firmado estos protocolos de incorporación, que implican "varios compromisos" con la rehabilitación del patrimonio inmobiliario de los pueblos, dar residencia a las personas con dificultades para acceder a la vivienda y atraer con ello población al medio rural.

Suárez-Quiñones ha remarcado que el objeto de la firma del protocolo es establecer los propósitos y las condiciones necesarias para articular la colaboración entre la Junta y los Ayuntamientos con el fin de llevar a cabo la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal para su posterior incorporación al parque público de alquiler social de la Comunidad.

Con la firma de estos protocolos, los consistorios se comprometen a ceder a la Administración autonómica los inmuebles que les pertenecen para que ésta los rehabilite con el fin de destinarlos posteriormente al alquiler social en favor de los colectivos de especial protección.

El responsable de Vivienda también ha asegurado que otro de los objetivos de este proyecto es crear cierta actividad económica y de empleo en el medio rural, porque estas obras las suelen hacer empresas locales que reactivan de alguna manera el ámbito económico y el empleo.

"Hablamos de un programa que ahora mismo ha sumado ya en Castilla y León 450 rehabilitaciones, 450 viviendas donde hemos invertido, bueno, pues en torno a 21 millones y donde vamos a sumar, en lo que queda de legislatura hasta el año 2016, otras 294", ha explicado el consejero, al tiempo que ha detallado que estas 750 viviendas van a suponer una inversión de en torno a 47 millones.

En la provincia de Valladolid, Suárez-Quiñones ha señalado que se han restaurado restado ya unas 41 viviendas con una inversión de 2,52 millones y se va a acometer cinco más en lo que queda de legislatura hasta el año 2026, otras 28 al menos, con una inversión de en torno a dos millones. En total serán unas 70 viviendas de este programa en Valladolid con una inversión cercana a los cuatro 4,5 millones.

Recuperar inmuebles en desuso

El programa Rehabitare tiene como objetivo incrementar el parque público de alquiler social de la Comunidad y fijar población en el medio rural, a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Viviendas de los maestros, antiguas escuelas, vivienda de los farmacéuticos, de los médicos, antiguos cuarteles y viviendas de la Guardia Civil o casas rectorales de los sacerdotes, viviendas de titularidad municipal que, estando bien situadas en las localidades, están actualmente sin uso y deteriorándose.

La finalidad prioritaria es atender las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección relacionados en el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad, particular y especialmente de los jóvenes de menos de 36 años.

En suma, este programa de rehabilitación de viviendas sirve para recuperar edificios que puedan ser destinados al alquiler social de manera que se consigue optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, sobre todo, fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social.

Además, también se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en el medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.

La mecánica de la actuación administrativa que se desarrolla en la ejecución de este programa es sencilla: tras la cesión de la vivienda o inmueble en desuso por parte del ayuntamiento a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo contrata las obras de rehabilitación necesarias para, una vez finalizadas, proceder a su devolución al municipio, que lo ofrecerá en régimen de alquiler social a familias u otros colectivos, quedando incorporadas al parque público de alquiler social de Castilla y León.

Para ello, se firman convenios con los ayuntamientos y con los Obispados, en el caso de las casas rectorales. Además, desde el año 2022, se han incorporado las Diputaciones Provinciales, que colaboran en la financiación para alcanzar mayores objetivos.