La bajísima natalidad en España es algo que no sorprende, se lleva décadas hablando de un envejecimiento que tiene dos caras: el aumento de la esperanza de vida y la estrepitosa caída de los nacimientos. No obstante, cuando te pones frente a los datos resulta aún más estremecedora la situación: 2023 ha sido el año en el que menos niños han venido al mundo en nuestro país durante los últimos 82 años, es decir desde 1941, cuando la situación era casi de hambruna y penurias recién terminada la Guerra Civil. En Valladolid, como es lógico, la tendencia es la misma y el derrumbe de nacimientos ha provocado un descenso del 66,7 por ciento en tan solo medio siglo. La provincia superó el año pasado por poco los 3.000 alumbramientos y para este quizás no alcancemos esa cifra.

La tasa de fecundidad en España es actualmente de las más bajas del mundo: 1,23 hijos por mujer. Y no se trata de un fenómeno meramente coyuntural, ya que lleva ya tres décadas por debajo de 1,5. Este nivel condiciona en buena medida el avance como sociedad, ya que afecta de forma importante al ritmo de envejecimiento demográfico y al tamaño de la futura población económicamente activa. Por ello, su persistencia en una población cada vez más longeva supone un importante reto para la sostenibilidad del Estado de Bienestar y, en particular, para el sistema de pensiones y la organización social.

Habría que preguntarse si hay soluciones que puedan revertir esta situación porque, de momento, no hemos encontrado la tecla que permita frenar la caída de la natalidad. No obstante, a pesar del marcado descenso de la fecundidad, el número medio de hijos deseado -tanto por mujeres como por hombres- se mantiene desde hace décadas en torno a dos hijos. Esta brecha evidente entre deseos y realidades reproductivas apunta a la existencia de barreras que dificultan a muchas personas y parejas hacer realidad su proyecto vital y familiar. Entre ellas se encuentran la precariedad laboral y la incertidumbre sobre el futuro, el escaso apoyo institucional a las responsabilidades de crianza, y la desigualdad de género en el ámbito laboral y familiar. Aunque no hay 'recetas mágicas' para incentivar la fecundidad, una mejora en el acceso, estabilidad y calidad del empleo entre los adultos jóvenes permitiría atenuar el desfase actual entre el reloj biológico y el reloj social –no se suelen lograr unas condiciones laborales que permitan afrontar adecuadamente la crianza hasta edades relativamente tardías–. Otra medida fundamental sería reducir las dificultades existentes para compaginar responsabilidades familiares y laborales, evitando centrar el debate de la conciliación en las mujeres y fomentando la plena incorporación de los hombres al cuidado. A través de las políticas públicas también se podrían redistribuir de forma más equitativa los costes asociados a la crianza, empezando por garantizar el acceso universal y asequible a escuelas infantiles de calidad.

Ante este panorama, que no afecta solamente a Valladolid, Castilla y León o España, sino que es un fenómeno internacional, que incluso está afectando seriamente a países como China o Japón, se ha abierto un debate en varios puntos del mundo sobre la necesidad de aplicar políticas pronatalistas o sociales para hacer frente a este desafío. En general, los incentivos económicos que han implantado algunos países no han tenido el efecto esperado ni tampoco en España. Numerosos estudios coinciden en que las ayudas económicas directas pueden influir en el calendario de nacimientos, pero no tienen un impacto visible en el número final de hijos. Por ejemplo, la prestación monetaria de 2.500€ por nacimiento, conocida popularmente como cheque bebé, que estuvo vigente en España de 2007 a 2010, no tuvo un impacto significativo en la tasa de fecundidad, aunque sí tuvo un efecto positivo en la participación femenina en el mercado de trabajo.

Los países europeos que han conseguido mantener un nivel de fecundidad próximo a los 2 hijos por mujer no han desarrollado políticas pronatalistas, sino políticas sociales que facilitan la emancipación residencial y económica de los jóvenes, que redistribuyen los costes y responsabilidades de la crianza entre las familias y el Estado, y que favorecen eficazmente la conciliación. Asimismo, estos territorios fomentan la igualdad de género y la corresponsabilidad en los cuidados tanto en el ámbito público como en la esfera familiar. Estas conclusiones, que comparto íntegramente, aparecen ya en un informe sobre la natalidad publicado por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) después de la pandemia.

Llegados hasta aquí, y siempre teniendo en cuenta que toda la sociedad debe aportar su granito de arena, las administraciones públicas deben asumir el compromiso de liderar un cambio demográfico que necesita medidas valientes en el ámbito laboral, cultural, social y económico, especialmente orientadas hacia los jóvenes. E incluso en el tratamiento fiscal, me atrevería a decir. Todo ello puede dar fruto a medio o largo plazo, pues tristemente para los próximos años será misión imposible conseguir dar la vuelta a una situación que nos lleva a un desastre económico y social que aún no conseguimos ni imaginar.