La Audiencia de Valladolid ha dejado visto para sentencia el 'embarazo judicial' de la exconcejal de Festejos en Bobadilla del Campo, Inés María F.S, acusada de estafar a una amiga íntima a la que facilitó su número de cuenta y le hizo creer, presuntamente, que en realidad pertenecía a la Agencia Estatal Tributaria para que realizara ingresos mensuales con el fin de levantar el embargo de un piso que pretendía vender.

Como si de un embarazo se tratara, tras cuatro suspensiones de juicio, la última con una fingida rotura de aguas en plena sala por parte de la acusada, que ciertamente está de siete meses, la Sección Segunda de lo Penal de Valladolid ha llevado 'a término' el proceso al que ya tan sólo falta 'alumbrar' la criatura en forma de sentencia.

A la quinta la vencida, ha pensado más de un funcionario judicial en relación con la última sesión del juicio celebrada este viernes en la que, como novedad más importante, el fiscal del caso, que provisionalmente pedía para la encausada tres años y medio de cárcel por estafa agravada por razón de la profunda amistad que la unía con la víctima, ha reconsiderado su postura y ha solicitado otro año y medio más de privación de libertad al considerar plenamente acreditada la comisión de otro delito de falsedad en documento oficial.

La modificación se ha producido tras escuchar el testimonio de dos trabajadoras del Registro de la Propiedad y de una notaría de Medina del Campo que han identificado a la exconcejal y que han coincidido al señalar que la nota simple que facilitó a su amiga Sheila para tratar de acreditar que el piso que quería vender había quedado libre de cargas, una vez realizados ingresos por importe de más de 10.000 euros, era falso y el mismo podía inducir a error a personas profanas en la materia.

Confusión para los profanos

Y es que pese a que ambas trabajadoras, en declaraciones recogidas por Europa Press, han apuntado que no tuvieron duda alguna sobre la falsedad del documento al examinarlo, "pues era un corta y pega, los nombres y apellidos estaba en minúscula y hasta carecía del sello del Registro de la Propiedad", reconocen que cualquier persona que no estuviera acostumbrada a manejar este tipo de documentos podría verse fácilmente engañado.

Su testimonio ha servido para que la acusación pública sumara al delito de estafa agravada el de falsedad en documento oficial, con una petición global de cinco años de cárcel para la presunta estafadora, mientras que el letrado de la acusación particular ha mantenido su solicitud de seis años y, con carácter subsidiario, se ha alineado con los cinco años pedidos por el fiscal.

Pero además, el acusador particular ha advertido al tribunal de la necesidad de compensar a sus patrocinados, Sheila, su madre y la pareja de ésta, con los más de 10.000 euros presuntamente estafados sino con otros 2.500 en concepto de daños morales, dados los perjuicios y tensiones que lo ocurrido había provocado a la familia.

La defensa de Inés María F.S, por su parte, en una intervención mucho más breve, ha solicitado un fallo absolutorio al considerar que ambas acusaciones se fundamentan únicamente en "prueba indiciaria" que no es suficiente para conculcar el derecho a la presunción de inocencia de su clienta.

"Inés María contaba con un sueldo y no tenía motivo para cometer estos hechos, pero además no ha habido daño bastante y por eso pido la absolución basada en el principio in dubio pro reo", ha concluido.

Será ahora el tribunal sentenciador el encargado de determinar la suerte futura de Inés María F.S, quien, además de este proceso, se encuentra inmersas en otras causas penales también por estafa y falso testimonio.