Ha llegado el día. El apagado de escaparates y el ajuste de termostatos en espacios públicos -excepto en centros sanitarios y de formación y medios de transporte, entre otros- comienza a aplicarse ya hoy pese a la controversia generada en los últimos días y la oposición de las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Los lugares a los que se dirige el Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización deben poner en marcha las iniciativas aprobadas por el Gobierno, que, no obstante, admite que habrá que «dar un margen» a los propietarios para favorecer que cumplan la norma. «No creo que nadie vaya a imponer multas inmediatamente. Tendrá que haber un apercibimiento, preguntar por qué no se están aplicando y, de forma proporcionada, ir adoptando medidas», explicó ayer mismo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista.
No obstante, «si pasan los días y eso no está ocurriendo, o si mañana hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente», el Ejecutivo contactará con la comunidad autónoma en cuestión sin esperar «meses ni semanas», advirtió.
Ribera arranca el plan de ahorro de energía - Foto: ISABEL INFANTESUno de los planteamientos del paquete de medidas es el límite al termostato en espacios públicos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 en invierno. Se aplicará en edificios de uso administrativo, comercial y de concurrencia pública, como teatros, cines, establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, estaciones de tren y autobús, y aeropuertos.
Se incluye, además, el deber de apagar a las 22,00 horas el alumbrado de escaparates y edificios públicos que estén desocupados, salvo la iluminación ornamental de monumentos. Establece otras medidas, como la obligación de disponer de un sistema de cierre de puertas para locales con sistema de climatización.
Moncloa ha cerrado filas en torno al real decreto ley, después de que cinco comunidades -Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, y Murcia, todas gobernadas por el PP- hayan solicitado su retirada, y Cataluña un aplazamiento.
La propia Ribera confirmó el pasado lunes, tras reunirse con los máximos responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio, que el Gobierno no tenía intención de retirar o retrasar las medidas debido al compromiso con Bruselas para reducir en un 7 por ciento el consumo de gas.
A pesar de que ninguna autonomía, según la ministra, se negó a incumplir el plan, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que lo recurrirá ante el Constitucional. De hecho, criticó que vaya a ser «la única capital europea» que tendrá que apagar los escaparates a las 22,00 horas por una decisión «arbitraria y autoritaria» con «al menos 10 puntos inconstitucionales» que están obligados a ejecutar. En esta línea, la Xunta de Galicia avisó que también recurrirá el decreto si invade competencias, algo que no preocupa al Ejecutivo, que entiende que «no es inconstitucional», según la ministra de Justicia, Pilar Llop.
A falta de pocas horas para aplicar las medidas, el PP solicitó los informes de impacto económico del plan para considerar las consecuencias que pueden tener sobre el tejido productivo de España, según anunció el portavoz adjunto y coordinador de Economía del grupo en el Congreso, Jaime de Olan.
Críticas de los alcaldes
Los alcaldes del PP también expresaron ayer su disconformidad con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, por haber dado su apoyo al decreto del Gobierno sin contar con el aval de la organización municipalista.
Caballero participó en representación de las entidades locales en la Conferencia Sectorial de Energía del lunes, mostrando su apoyo y cooperación a este plan. Sin embargo, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Estepona, José María García Urbano, denunció que la institución no ha tratado este decreto, por lo que ha recriminado a Caballero que haya dado el aval de la Federación a estas medidas.
Por su parte, el portavoz del PP en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, calificó de «intolerable» que Abel Caballero utilice la Presidencia de la FEMP para, bajo su punto de vista, «sostener a Sánchez y su Gobierno».