El Ayuntamiento de Valladolid ya ha enviado a la Fiscalía de Valladolid el expediente de la declaración responsable de obras y usos (DROU) y la licencia para la restitución de la cubierta de la iglesia de la Vera Cruz. Una información que ha solicitado la Fiscalía de Valladolid para conocer los detalles de esta intervención, que se frenó por el desplome de la cúpula el pasado 25 de junio.
Desde la institución se ha confirmado a El Día de Valladolid que se ha pedido la documentación y que se está estudiando. Un procedimiento que puede finalizar si no se detectan anomalías o que puede derivar en otras actuaciones, como petición de información complementaria o inicio de una investigación judicial. Un trámite inicial que desde el equipo de Gobierno se asume con «tranquilidad» porque se entiende que la Fiscalía actúa de oficio ante un caso tan mediático.
Esta actuación se conoce justo cuando el grupo municipal del PSOE ha pedido un pleno extraordinario para analizar posibles responsabilidades municipales en «este desastre patrimonial». De hecho, consideran que se podría haber evitado «si desde el Ayuntamiento se hubieran realizado con diligencia todos los trámites administrativos y si el equipo de Gobierno PP-Vox hubiera tratado este proyecto con la importancia que requiere un monumento del siglo XVI, considerado el epicentro de nuestra Semana Santa», tal como subraya Pedro Herrero, portavoz socialista.
Rehabilitación
La cúpula de la Vera Cruz en Valladolid se desplomó semanas después de haberse iniciado el proceso de rehabilitación, unas obras, financiadas por la Junta de Castilla y León, para evitar el deterioro provocado por las humedades en la cúpula. Estos trabajos se iniciaron amparados por una DROU, presentada el 30 de abril para intervenir en la cubierta, facha y acceso.
Una petición que se matizó el 21 de mayo por parte de los técnicos de control de la legalidad. En ese momento se advirtió que el proyecto debía completarse con más documentación, incluido un visado del colegio profesional correspondiente, y la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, ya que la obra afectaba a un monumento BIC.
Estas objeciones se plasmaron en una propuesta de resolución firmada por el jefe de la sección el 22 de mayo, aunque el decreto que anulaba la validez de la DROU para ejecutar estos trabajos no se firmó hasta el 13 de junio. En esta resolución se dejaba sin validez el permiso y se advertía al promotor «de la imposibilidad de ejecutar la obra declarada». Aunque fuentes consultadas por este periódico apuntan que se tardó once días en notificárselo a la Cofradía, lo que aconteció el 24 de junio, víspera del derrumbe.
Todos estos documentos, junto con otros anteriores al proceso, como otra DROU presentada en agosto de 2023 por la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz, que se dejó en efecto el 17 de noviembre, están ya en la Fiscalía.
Desde el equipo de Gobierno se reitera el respeto «total» a las actuaciones de los órganos judiciales y se recuerdan que los técnicos municipales han operado como «siempre». Mientras, desde el PSOE se reclama depurar responsabilidades políticas, algo que exigirán en el pleno extraordinario que han solicitado para abordar este asunto y cuya fecha está pendiente.