El soterramiento dispara la tensión entre Carnero y Puente

M. Rodríguez
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El alcalde asume la conclusión del informe municipal de que es posible soterrar las vías en seis años por menos de 600 millones y el ministro lo tilda de falaz porque se tardaría 17 años y costaría 1.500 millones

El soterramiento dispara la tensión entre Carnero y Puente - Foto: Fernando Blanco

El debate político entre integración y soterramiento llega ahora a una estación intermedia: la de soterrar con muros pantalla. Esta opción se ha puesto esta semana sobre la mesa gracias a un informe encargado por el Ayuntamiento a la consultoría  Eficia Gestión Integral de Proyectos. Sus ingenieros han certificado, con los datos del informe que presentó Adif en febrero para decantarse por la integración, que esta técnica rebajaría el coste a 565 millones, se podría ejecutar en cinco o seis años e incluiría cuatro vías. Por contra, Adif concluyó que la única opción era el soterramiento con tuneladora, que se limitaría a tres vías, tendría un coste de 1.570 millones y se dilataría entre 17 y 20 años.

Un informe que el equipo de Gobierno utilizará ahora para solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad un nuevo estudio informativo, que incluya esta opción descartada en el anterior. Aunque el alcalde, Jesús Julio Carnero, no tendrá que esperar hasta la próxima reunión del consejo de administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad (VAV) para conocer la respuesta. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha lamentado la «clamorosa falta de rigor técnico» del informe. De hecho, el Ministerio de Transportes emitió este jueves un comunicado donde añadía que tiene «un claro sesgo político y que supone una absoluta falta de respeto en el fondo y en la forma hacia los técnicos de Adif». 

El Ministerio rebate punto por punto el informe encargado por el Ayuntamiento, incluyendo una referencia a la falta de experiencia de la consultoría que lo ha realizado.  «El informe incurre en errores de bulto u omisiones deliberadas en los apartados principales del documento relativos a los plazos, presupuesto, técnica de la solución adoptada, afecciones a la operativa ferroviaria o a la permeabilidad de la ciudad durante la realización de las obras». Y sobre su argumentario, sitúa el plazo para ese soterramiento con muros pantalla, incluida la nueva tramitación administrativa necesaria, en 17 años, «en el mejor de los casos». Además, eleva su coste hasta colocarlo al mismo que el de soterrar con tuneladora, que rondaría los 1.500 millones.

El ministro también ha recordado el impacto en el proyecto de la estación en superficie, que ha implicado cinco años de redacción. «Ya está proyectada y con una inversión prevista de 190 millones de euros. Esto son hechos, no previsiones». Y recalca que «rehacer este proyecto y soterrar la estación a una cuota de menos diez metros supondría un coste adicional de no menos de 100 millones de euros».

En el documento de nueve páginas del ministerio se desmontan también el argumentario del informe municipal de que son posibles cuatro vías. Y se alerta sobre que no  advierte de que las obras que se proponen conllevarían el cierre «por un plazo prolongado» de la conexión entre ambas márgenes de la capital. En el mejor de los casos sería como mínimo de 3,5 años hasta que se completasen todos los cruces transversales. Aunque en el caso de la opción más barata, Adif considera que esa desconexión podría superior a los 4,5 años.
Desde el Ministerio de Transportes también se llama la atención sobre que no se ha tenido en cuenta «el gran impacto en la explotación ferroviaria», que reitera no ocurriría en el caso de usar la tuneladora. Y concluye que este informe solo ha servido para «confirmar la clara voluntad política municipal de no cumplir con el convenio para la integración ferroviaria suscrito en 2017». Una situación que se analizará en la próxima reunión de la comisión de seguimiento del convenio de la sociedad VAV, que se celebrará el próximo 10 de octubre.

Todavía sin fecha está la reunión del consejo de administración de la VAV, donde se podría plantear la disolución de la misma porque la disparidad de las posturas entre el Ministerio y el Ayuntamiento, que podría llevar todos los proyectos a vía muerta.