El secretario interventor delegado del Ayuntamiento de Tordesillas para las entidades locales menores de Villavieja del Cerro y Villamarciel, el mismo que en su día descubrió la presunta malversación de casi 160.000 euros de la recaudación y los pagos a proveedores por parte de Esther M.R, entonces auxiliar administrativa de dichas pedanías, ha resumido en términos de "catastrófica" y "bancarrota" la situación que se encontró en 2019 al examinar sus cuentas.

El testigo José Luis Villar, en la segunda jornada del juicio con jurado que se sigue contra dicha empleada pública desde el viernes pasado en la Audiencia de Valladolid, ha explicado que no fue hasta el 1 de junio de 2019 cuando desde el Ayuntamiento de Tordesillas se le encomendó por delegación, en calidad de secretario interventor, controlar los cobros de tasas y pagos de ambas entidades y desde el primer momento comprobó para su sorpresa que "la situación era caótica en todos los aspectos porque allí no cuadraba lo que entraba con lo que salía".

En la declaración de quien en agosto de 2020, tras la auditoría correspondiente, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Valladolid, se ha recordado que el estudio fue de cada factura, "apunte por apunte", para comprobar que ambas entidades se hallaban en quiebra técnica que él ha calificado de "bancarrota" y "situación catastrófica", en el sentido de que no había dinero en caja y distintos proveedores reclamaban por el impago de servicios.

"Encontré también facturas presuntamente falsas", ha precisado el testigo, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha criticado el hecho de que su trabajo como interventor no tuvo colaboración alguna por parte de la acusada, quien, como así ha añadido, se dedicó por el contrario a "poner palos en las ruedas" y se negó a facilitarle cualquier tipo de documentación.

En esas pesquisas iniciales, previas a la denuncia en la Fiscalía de Valladolid, enseguida se pudo comprobar que Esther M.R. había dejado un gran agujero en las cuentas de Villamarciel y Villavieja, la primera con poco más de doscientos habitantes censados y la segunda hoy con 69, al haberse quedado con el dinero en metálico que los vecinos le entregaban en mano por las tasas de agua, alcantarillado, basuras y vehículos y también tras ingresarse en sus cuentas y la de su pareja las transferencias de dinero público realizadas fingiendo el pago de servicios a distintos proveedores, entre ellos Iberdrola por suministro eléctrico.

A los vecinos que pagaban en mano les entregaba una carta en la que firmaba como si lo hiciera el interventor, "algo que no podía hacer porque aunque estaba facultada por delegación debería haberse identificado con su nombre y lo hacía como auxiliar administrativa", ha apuntado José Luis Villar, que también ha incidido en que su investigación le retrotrajo a 2009, fecha en la que constaba que se adeudaban más de 120.000 euros a la mancomunidad de aguas e incluso pagos a la orquesta que tocaba en fiestas.

El interventor también ha puesto de manifiesto que la acusada incluso "había engordado" de forma irregular la nómina mensual que percibía por sus servicios en ambas entidades, cerca de 500 euros más de lo firmado, situación que, sumado a los descubiertos dejados en las cuentas y que reconoce que es muy difícil de cuantificar globalmente, se tradujo finalmente en su despido.

Testimonios de los alcaldes de Villamarciel y Villavieja

La vista, que continuará este martes con las periciales, ha contado también, entre otros, con los testimonios del que fuera durante los hechos investigados alcalde de Villamarciel, Francisco Luengo, y de la que lo era de Villavieja del Cerro y sigue siendo aún tras veinticuatro años, Anunciación Rodríguez, quienes han coincidido al señalar que tenían depositada toda su "confianza" en la encausada y nunca imaginaron lo que a la postre se descubrió.

El primero de ellos ha recordado, sin embargo, que ya en 2012 cuando entró como concejal de la oposición se encontró con facturas pendientes de pago desde hacía muchísimo tiempo, estando ya Esther como contratada laboral como auxiliar administrativo, aunque no podía sospechar de que alguien se estaba llevando dinero, pues lo habría denunciado de inmediato.

Imaginaba que la causa era la demora en el pago de los fondos que tenían que recibir del Ayuntamiento de Tordesillas, situación que había llevado a Iberdrola a cortar la luz en una ocasión por impago del servicio.

La investigación iniciada llevó un día al regidor a entrevistarse con la acusada en Villavieja, encuentro en el que participó también el secretario y en cuyo transcurso Esther llegó a decirles que se sentía "acosada". Fue a la salida de la reunión cuando el alcalde de Villamarciel acordó presentarse directamente ante la Guardia Civil para presentar denuncia contra la trabajadora.

El hoy exalcalde ha explicado que más tarde la denunciada le pidió perdón por whatsapp por haber "traicionado" su confianza y que incluso se ofreció a "trabajar gratis para el resto de su vida".

Aunque durante el primer día del juicio la acusada se reconoció autora de los hechos enjuiciados y alegó en su descargo que lo hizo porque padecía una grave ludopatía que le impulsaba a hacerse con el dinero público en la creencia de que podría devolverlo todo jugando a la lotería, el exregidor de Villamarciel ha advertido de que en el bar de dicha pedanía se venden décimos y él nunca había visto a Esther comprar décimo alguno.

Por su parte, la todavía hoy regidora de Villavieja del Cerro, Anunciación Rodríguez, ha asegurado que la confianza depositada en Esther era total, incluso "más que si fuera miembro de la familia", de tal modo que ella firmaba todo lo que Esther le pasaba en la creencia de que todo era correcto y nunca imaginó que les estaba engañando.

"Nunca contó que tuviera problemas con el juego, aunque sí que tenía adicción a las compras", ha recordado Anunciación, quien de hecho reconoce que le admiraba ver que la auxiliar administrativa lucía siempre "muy chula, muy guapa", en alusión a que no paraba de estrenar ropa y bolsos continuamente.

El juicio entrará este martes en una nueva jornada reservada a las pruebas periciales con el fin averiguar si la adicción al juego, tal y como mantienen la acusada y su defensa, alteró totalmente o de forma parcial la capacidad volitiva de Esther M.R.

Con carácter provisional, la fiscal del caso y la acusación particular, ejercida esta última por el Ayuntamiento de Tordesillas y las pedanías de Villamarciel y Villavieja del Cerro, solicitan para la acusada penas de cinco y ocho años de cárcel, respectivamente, mientras que la defensa interesa la absolución al entender que su clienta es inimputable--pide que se le aplique la eximente completa por su ludopatía--y alternativamente dos años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la pena, en caso de que tal circunstancia fuera atendida como atenuante muy cualificada.