Una de las pocas cosas positivas que trajo la pandemia de 2020 y los años posteriores es poner encima de la mesa el debate de la salud mental, enterrado durante décadas en España bajo el desconocimiento, la vergüenza y los tabúes. Poco a poco se van superando y la población, consciente de sus propias patologías y de que estas pueden ser tratadas, acude con mayor frecuencia a psicólogos y psiquiatras. Este factor, unido a una sociedad que va a toda velocidad, y que alimenta estos problemas, ha hecho que las consultas se disparen y, como consecuencia, las hospitalizaciones. Esta medida solo se da en los casos más graves, pero es un claro indicador de una tendencia social que afecta a un sistema sanitario desbordado, incapaz de absorber la demanda de atención sobre problemas de salud mental.
La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge las hospitalizaciones por provincias en función de los motivos del ingreso. Dentro de la salud mental, distingue varios apartados, desde la demencia a la esquizofrenia, pasando por otras patologías. La depresión se sitúa dentro de los 'Trastornos afectivos', junto a otros motivos de ingresos, como los trastornos bipolares y los episodios maníacos. Aunque dentro de este grupo, la depresión es lo más frecuente. De hecho, es la consulta médica más habitual en salud mental.
Pues bien, en 2022, últimos datos disponibles, se registraron en Valladolid 11.848 estancias hospitalarias por este motivo. Es el mayor dato desde que se empezó a registrar como tal en 2016 y supone prácticamente el doble de las estancias que había antes de la pandemia: 5.896 en 2019. Y se produce en un contexto general de repunte general de las hospitalizaciones por salud mental en Valladolid. Teniendo en cuenta todas las patologías, se ha pasado de 25.328 a 33.514 en este periodo, un 32% más.
Uno de los problemas que arrastra el sistema son las largas listas de espera para estas consultas, derivadas de la falta de profesionales. Eso hace que los pacientes lleguen en una situación más deteriorada. «La atención primaria no está preparada para abordar estas situaciones por tiempos, por conocimientos y por las herramientas de las que disponen», explica el gerente de la Federación de Salud Mental de Castilla y León, Ángel Lozano. Ante esta situación, según él, los facultativos suelen optar por dos vías. La primera, la medicación. «Es la principal herramienta que tienen y ahí están las cifras de consumo, que dicen que España es uno de los países del mundo en el que más antidepresivos y ansiolíticos se dispensan», añade. Según los datos de consumo farmacéutico de la Junta, el Lorazepan está entre los fármacos más vendidos de la Comunidad, con 3,6 millones de envases al año. Se trata de un ansiolítico, amnésico, sedante e hipnótico, anticonvulsivo y relajante muscular indicado para cuadros de ansiedad y nerviosismo.
La segunda opción de atención primaria es derivar a un especialista. Generalmente, Psiquitaría, aunque Lozano reconoce cierta «resistencia» a hacerlo, ya que estos profesionales están desbordados. Si se toma esta decisión, muchas veces el psiquiatra determina que el paciente necesita también asistencia psicológica, con lo que comienza otra derivación. «Al final, pasan más de seis meses para que te vea el psicólogo», añade.
Porque demanda de atención hay mucha, pero profesionales no. Al menos eso es lo que dicen los datos de la Sociedad Española de Psiquitaría y Salud Mental, que en su Libro Blanco de la Psquiatría, publicado recientemente, apunta a que en España hay 9,7 psiquiatras clínicos por cada cien mil habitantes, y en Castilla y León, 8,4, lejos de los 13 que se consideran una ratio óptima. Y a años luz de los 28 que tiene Alemania, los 26 de Noruega y los 25 de Finlandia y Países Bajos. Lo mismo sucede con los psicólogos: 4,5 en Castilla y León, seis en España y 18 de media en la Unión Europea.
En este punto, Lozano se plantea tres preguntas que él mismo responde: «¿Se está atendiendo a todas las personas que lo demandan? Si. ¿Se están dando los recursos que necesitan? No. ¿Están demandando atención todas las personas que la necesitan? Tampoco». Según él, la pandemia puso de manifiesto «la escasez» de recursos para trata la salud mental y cuatro años después el problema no ha cambiado.
El gerente de la Federación de Salud Mental asegura que la mayor parte de las consultas tienen que ver con la depresión y la ansiedad. «Es una cosa de nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad muy competitiva y tenemos que reflexionar sobre si este mundo es emocionalmente sostenible», finaliza.
Riesgo de suicidio
Para que los profesionales decidan ingresar a una persona por depresión se tienen que dar unas circunstancias muy concretas. Se tiene en cuenta si hay una mala evolución del tratamiento ambulatorio, si las personas están muy inhibidas, no salen de casa, no comen, no son capaces de cuidarse y no cuentan con apoyos. «Pero lo que más evaluamos son las situaciones de riesgo, principalmente de suicidio», explica Raquel Melero, psiquiatra y vocal de la zona oeste de Valladolid de la Asociación Castellana y Leonesa de Psiquiatría.
Ella también ha notado un aumento de la demanda de atención sobre salud mental. Y su experiencia profesional le dice que las cuestiones laborales y económicas están detrás de muchas de estas patologías. Esta psiquiatra coincide en que se ha avanzando en el proceso de eliminar los estigmas sociales para la gente tratada por problemas de salud mental, pero cree que eso solo pasa cuando las patologías son leves. No tanto en los trastornos graves.
Por su parte, el secretario del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, David Cortejoso, reconoce que el acceso al tratamiento de la salud mental «está muy difícil por la falta de profesionales», y lamenta que en atención primaria no haya psicólogos ni psiquiatras. Una petición que desde el colegio han trasladado en numerosas ocasiones a la Consejería de Sanidad, sin éxito por ahora. Según Cortejoso, las experiencias piloto que se han hecho en este sentido en otras comunidades, han supuesto un ahorro debido a la caída del gasto farmacéutico, las cronificaciones y las bajas laborales, entre otras cosas. «Entre el 30 y el 50% de las consultas en atención primaria están relacionadas con la salud mental», incide. Y concluye que «el sistema público no está atendiendo bien los problemas de salud mental».