A las 3.45 de la madrugada de este viernes daba Intrum por cerrada una maratoniana reunión, la octava del periodo de consultas, en la que los representantes de los trabajadores y de la empresa alcanzaron un acuerdo verbal para la ejecución de un expediente de regulación de empleo (ERE) que contempla hasta 581 despidos (o "un máximo" de 581, matizó la empresa), de los cuales 134 (131 de Intrum y uno de otra sociedad del grupo) corresponden al centro de trabajo de Valladolid; redondeando, una cuarta parte de la plantilla. La firma se produjo sólo unas horas después, el mismo viernes, en una nueva reunión que arrancó a las 11 de la mañana y no terminó hasta las 17.00.
De los cuatro sindicatos con representación dentro del grupo (UGT, CGT, CCOO y Solidaridad) sólo pusieron su rúbrica UGT y CCOO, si bien este último no tiene delegados en Valladolid.
Ahora hay abierto un plazo de adscripciones voluntarias (con compromiso de la empresa de aceptar al menos el 50%) hasta el martes 25 de junio, mientras que las indemnizaciones pactadas son de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, computándose para ello todas las percepciones salariales, incluidos así conceptos fijos, en especie y variables de los últimos 12 meses, tal y como informaron desde UGT. Y también se ha moderado algo el fuerte impacto de la regulación sobre los que se quedan con la incorporación de algunas mejoras sociales que palían la modificación sustancial de condiciones de trabajo que la empresa introdujo en la misma negociación.
El despido colectivo previsto por el grupo sueco de servicios de gestión de crédito y activos (fundamentalmente inmobiliarios) afecta a los centros de sus sociedades Intrum Servicing Spain, Aktua Soluciones Financieras, Aktua Soluciones Financieras Holdings, Haya Real Estate y Solvia Servicios Inmobiliarios, repartidos por Alicante, Almería, Barcelona, Huelva, Zaragoza y, sobre todo, Madrid y Valladolid. En su sede de la calle Rastrojo (en el edificio del antiguo Museo Cristóbal Gabarrón), concretamente, trabajan 515 personas, con 511 de Intrum Servicing Spain, tres de Solvia y una de Aktua, aunque se prevé que en cuestión de semanas, a lo largo de julio, queden menos de 400 (382 si se hacen efectivos los 134 despidos acordados como máximo).
El periodo de consultas arrancó el 23 de mayo con un planteamiento inicial de 702 despidos a nivel nacional y 166 a escala local; bajó a 688 y 162 el miércoles 12 de junio; a 646 y 161 el jueves 13; y a 581 y 134 el pasado martes, día en que la empresa ya advirtió que esa sería su "oferta final" en cuanto a las cifras principales, junto con una indemnización que se elevaba entonces de 25 a 33 días por año trabajado, y de 14 a 24 el tope de mensualidades.
Las últimas reuniones, ya desde el miércoles, se centraron así en la revisión del sistema de incentivos y beneficios sociales, a la vez que se abordaba la modificación sustancial de las condiciones de trabajo planteada por la empresa, negociada por UGT y CCOO mientras CGT se echaba a un lado por considerarla injustificada. Para este último sindicato, que es el mayoritario en el centro de Valladolid y cuenta con Jaime Esteban como presidente del comité (a nivel de grupo la mayoría es de UGT), "no está justificado el número de despidos ni acreditadas fehacientemente las causas" de la regulación, y considera que la inclusión de una MSCT (modificación sustancial de las condiciones de trabajo) "es una estrategia que permite a la compañía no solo realizar 581 despidos, sino además eliminar y minorar incentivos y beneficios sociales de las personas trabajadoras que permanezcan en la compañía".
Cierto que dicha modificación no afectará de forma directa a los trabajadores de Intrum Servicing Spain del centro de Valladolid, aunque, más que por fortuna, porque partían de antemano con condiciones inferiores a las del resto (en cuanto a retribuciones variables, horarios o beneficios sociales), y son en esencia las que se pretenden aplicar a los demás para "armonizar", según se expresaba la propia empresa.
Condiciones especialmente "precarias" en Valladolid
Según CGT, los trabajadores de Valladolid están adscritos a "un convenio colectivo precario", el de contact center, ya que más del 85% de la plantilla son teleoperadores y gestores, además de que la mitad tiene contratos a tiempo parcial y 115 trabajan con reducción de jornada por guarda legal, "con sueldos apenas 50 euros por encima del Salario Mínimo Interprofesional para jornada completa".
Sin embargo, el preacuerdo incluye la homogeneización que CGT planteó el pasado martes para el centro de Valladolid, otorgando un seguro médico para toda su plantilla, con previsión de hacerlo extensivo a todos los empleados del grupo a partir del 1 de enero de 2025.
Aparte, se ha acordado excluir a "colectivos vulnerables" de los despidos del ERE, de modo que no afectarán a integrantes de familias monoparentales, ni familias con el otro miembro en situación legal de desempleo superior a seis meses, por ejemplo. Asimismo, en aquellos casos en los que dos miembros de una misma unidad familiar trabajen en el grupo, solo podrá ser afectado uno como máximo. Tampoco afectará a trabajadoras embarazadas; ni personas con discapacidad certificada de al menos el 33% o con enfermedades graves, o que tengan hijos en esa misma situación; ni víctimas de violencia de género o personas que hayan instado denuncias en base a los protocolos de acoso del grupo comunicado antes de la apertura del periodo de consultas.
No obstante, tales exclusiones no se aplicarán cuando se trate de trabajadores que formen parte de los departamentos, contratos o servicios afectados por causa directa de cese de actividad/fin del servicio.
UGT valora el acuerdo
"Tras un complejo y duro proceso de negociación, en el que ambas partes hemos experimentado momentos de distanciamiento, finalmente hemos alcanzado un acuerdo en el despido colectivo del Grupo Intrum", confirmaba UGT a primera hora de la tarde del viernes a través de un comunicado difundido a nivel nacional, cuyos argumentos también hacía propios en Valladolid su delegado Francisco Martín, que también es secretario ejecutivo de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (Fesmc) de UGT en Castilla y León. Respecto a la valoración general del contenido del acuerdo, "es el resultado del esfuerzo conjunto y la voluntad de encontrar la solución menos lesiva para los trabajadores afectados". En este sentido, valoró que al menos se pudieran reducir los despidos de los 702 planteados inicialmente a 581 repartidos entre Aktua Soluciones Financieras (45 afectados), Aktua Soluciones Financieras Holdings (6), Haya Real Estate (212), Intrum Servicing Spain (224, con mayoría de Valladolid) y Solvia Servicios Inmobiliarios (94).
"Este número (de afectados) es provisional y se encuentra supeditado a la concreción de las personas trabajadoras finalmente afectadas en atención a las solicitudes de adhesión voluntaria recibidas, que puede implicar desafectaciones y variaciones en las distintas empresas del grupo", continuaba UGT en su comunicado. Destacó además que "se ha priorizado la voluntariedad" a la hora de concretar quiénes salen de la empresa, con un "compromiso" por parte de Intrum "para aceptar un mínimo del 50% de las solicitudes de adhesión voluntaria al despido colectivo, garantizando así que un número significativo de salidas se produzcan de forma voluntaria", pese a que inicialmente la empresa marcó un límite del 20%.
Comunicado de Intrum
La empresa también emitió un comunicado sobre las 18.00 horas del viernes con el que confirmaba el acuerdo de manera oficial. "Gracias a las negociaciones y esfuerzos conjuntos con los representantes de los trabajadores, la firma de servicios de gestión de crédito y activos inmobiliarios ha rebajado la cifra de afectados casi en un 20%", destacaba. "Esta medida permitirá a la compañía mejorar su nivel de competitividad en España y reforzar su posicionamiento de liderazgo en la industria de gestión de créditos y activos inmobiliarios".
"La afectación final será de un máximo de 581 posiciones en España, cifra consensuada gracias a las negociaciones y esfuerzos conjuntos de la compañía de servicios de gestión de crédito y activos inmobiliarios y los representantes de los trabajadores", proseguía. Asimismo, añadía que también ha acordado "un plan de acompañamiento y recolocación, con el objetivo de minimizar el impacto en los equipos".
"Esta medida forma parte del plan de reestructuración de negocio emprendido por la compañía con el objetivo de mejorar su nivel de competitividad en España y reforzar su posicionamiento de liderazgo en la industria de gestión de créditos y activos inmobiliarios. Las duplicidades surgidas tras la adquisición de Haya Real Estate, junto a la necesidad de adaptar su estructura a la nueva realidad del mercado, llevaron a Intrum a tener que tomar esta decisión para homogeneizar operaciones, mejorar su eficiencia, reforzar la solidez financiera e impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de la organización", concluyó.