Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid y más de una decena de entidades sociales y partidos políticos han definido, en un comunicado conjunto, la ordenanza reguladora de la Zona de Baja de Emisiones de la ciudad como una "regresión" y un "fraude legal". La representante de Ecologistas en Acción Carmen Duce y el vocal de la Federación vecinal, José Manuel Conde, han intervenido este lunes en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid en el que se aprobaba definitivamente el mencionado reglamento para mostrar su rechazo al texto, que ha salido aprobado con los votos a favor de PP y Vox.
La ordenanza, en opinión de los ecologistas y otros colectivos, reduce a "una tercera parte" la superficie de la ZBE según lo que había previsto el PSOE y Valladolid Toma la Palabra durante el anterior mandato, por lo que consideran que sólo "limitará la reducción del tráfico a menos del uno por ciento de los vehículos que diariamente circulan por la ciudad".
La extensión "mínima" y la regulación con exenciones que ven como amplias y difíciles de controlar "no va a permitir reducir emisiones, ni avanzar en el necesario cambio modal", según reprochan, de tal modo que lo ven como una "regresión" y un "fraude legal a los vecinos".
"Las exenciones y accesos temporales que se plantean son un coladero, difíciles de controlar y opuestas al objetivo de la Ley de Cambio Climático", ha enfatizado Carmen Duce, y como ha concretado José Manuel Conde, en lugar de una zona restringida para el acceso de vehículos contaminantes se implantará un "paso franco" para coches en el centro.
Además, recuerdan que se demora la implantación efectiva de esta medida hasta julio de 2025 para vehículos con etiqueta A y hasta enero de 2028 para los vehículos con etiqueta B.
La Zona de Bajas Emisiones, han apuntado, afectará como mucho a los 14.000 vehículos que salen de su ámbito (macrozonas 1 y 4), de los 150.000 que circulan en día laborable por Valladolid, según el Plan de Movilidad. De esos 14.000 vehículos, entienden que "a lo sumo la quinta parte" son en la actualidad de la clase A (la mitad serán previsiblemente de las clases A y B en 2028), y de ellos casi la mitad podrían estar exentos o autorizados a circular.
Es decir, en 2025 la ordenanza sólo afectaría a unos 1.400 vehículos diarios, menos del uno por ciento de los que circulan por la ciudad. Y en 2028 serán apenas 3.500, "o sea el dos por ciento". "De todo punto insuficiente para cumplir ningún objetivo de reducción de las emisiones al aire", han lamentado.
Por otra parte, las subvenciones del Ministerio de Transportes concedidas al Ayuntamiento de Valladolid, dos millones de euros de fondos europeos, obligan a que la Zona de Bajas Emisiones incluya una parte significativa de la ciudad, garantice la reducción de emisiones y prevea la reordenación del espacio público en favor del transporte público, las bicicletas y los peatones, algo que entienden que el Ayuntamiento incumple.