Mientras el foco de la actualidad laboral se intensifica sobre la reducción de jornada a 37,5 horas, con el Gobierno en conversaciones con los sindicatos y la patronal para modificarla después de más de cuatro décadas fijada en las 40 semanales, la actividad inspectora en materia de tiempos de trabajo va en aumento desde hace ya varios años; especialmente desde que entrara en vigor la obligación de fichar en mayo de 2019. En el caso de Valladolid, las sanciones a empresas se han incrementado casi un 60% desde 2021 y ya alcanzan el centenar por año por infracciones que incluyen desde incumplimientos de registro horario hasta irregularidades sobre descansos, vacaciones, nocturnidad, turnos u horas extra.

En 2021, concretamente, la Inspección de Trabajo contabilizó un total de 63 multas de este tipo en la provincia, según los datos facilitados por este organismo a El Día de Valladolid a través de la Subdelegación del Gobierno, pero ya en 2022 ascendieron a 110 y en 2023 hubo otras 100. Fueron por tanto algunas menos el año pasado que en el anterior, pero con penalizaciones más altas, y así la recaudación no ha dejado de crecer durante ese trienio: de casi 80.000 euros (79.313) en 2021 a más de 112.000 (112.856) en 2022 y casi 130.000 (129.831) en 2023.

¿Cabe deducir de ahí que los incumplimientos van a más? No necesariamente, dado que coincide que las inspecciones en esta materia también han aumentado casi un 60%, al pasar de 239 en 2021 a 334 en 2022 y 378 en 2023. Y al mismo tiempo, tales incrementos sí se explican en buena medida por la entrada en vigor de la obligación de fichar, que en 2023 pasaba a representar un tercio de la actividad de control en este ámbito de la jornada laboral. En 2019 aún hubo sólo 15 inspecciones y 3 sanciones sobre registros horarios, así como 25 y 4 en 2020 y 8 y 2 en 2021; cifras muy discretas que desde la Inspección se atribuyen a la pandemia. Pero ya en 2022 se contabilizaron 121 actuaciones de control y 65 sanciones por esta cuestión, mientras que a partir de entonces se observa además un descenso de los incumplimientos, con más inspecciones en 2023 (129) y apenas la mitad de sanciones (33); una tendencia a la baja en cuanto a infracciones detectadas en materia de registro horario que se mantiene este año con 93 inspecciones y 19 sanciones, según datos actualizados a 30 de septiembre. 

Manifestación sindical del pasado 1 de mayo en Valladolid. - Foto: Ical

Cuantía de las sanciones

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica desde 2019 como grave «la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo». Y así las cuantías de estas sanciones oscilan de 751 a 7.500 euros.

Cierto que las multas, en la práctica, se quedan mucho más cerca de la parte baja de la horquilla que de la alta, aunque algo han aumentado. Los ya citados 79.313 euros recaudados en 2021 por 63 sanciones impuestas arrojaron una media de 1.258,93 euros por infracción, cifra que se redujo a 1.025,96 en 2022 para volver a crecer en 2023 hasta 1.298,31. 

Más multas a empresas por incumplir tiempos de trabajo

En cuanto a la recaudación por las infracciones centradas en la obligación del registro horario, la cuantía media se quedó en 774,96 euros en 2023, mientras que este año, con sólo 19 sanciones, se ha ido a más del doble al alcanzar los 1.632,42 euros. 

Sin embargo, desde los sindicatos se advierten dificultades para hacer seguimiento de unas irregularidades que, además, consideran que deberían penalizarse con más dureza. «Ahora estamos hablando de la necesidad de reducir la jornada laboral, pero es necesario también abordar otras cuestiones como el control y registro de la jornada y las extras», incide el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile. Y en ese sentido, recuerda que los trabajadores de esta Comunidad «realizan unas 400.000 horas extra cada semana, de las cuales unas 180.000 no se pagan ni se cotizan». El Instituto Nacional de Estadística, por su parte, calcula que el año pasado, en el conjunto de España, no se abonaron el 39,09% de las horas extra realizadas, un porcentaje que, eso sí, ha ido a la baja desde el 45,44% de 2021 y el 42,71% de 2022. 

«Se está robando a las personas trabajadoras y defraudando a Hacienda y la Seguridad Social, por eso es importante disponer de un control de jornada objetivo, fiable y accesible para la Inspección de Trabajo y también para los representantes legales de los trabajadores», insiste Fraile en alusión a la «necesidad de reforzar el sistema». Porque «es verdad que en esto se ha mejorado desde 2019» pero, «en la era de la digitalización», defiende que los datos de registro deberían ser accesibles en modo remoto. «Es decir, sin necesidad de acudir a la empresa» y prescindiendo así del papel, al considerarse «más manipulable» y difícil de custodiar, aunque hoy por hoy sea legal. 

Respecto a la cuantía de las sanciones, Fraile recuerda que ahora una empresa que incumple el horario y es detectada recibe una «sanción genérica» cuando, para CCOO, debería cuantificarse en función del número de afectados. «Si una empresa incumple con 100 trabajadores, pues 100 infracciones en lugar de una», resume, aunque «suele ser en empresas pequeñas donde más irregularidades hay, al ser más difíciles de controlar debido a la falta de representantes sindicales». «En una grande esto no pasa, mientras que el seguimiento a las pequeñas será más accesible con ese refuerzo del control», vaticina a la espera de que, efectivamente, se termine aprobando tal medida en el marco de las negociaciones, aún abiertas, para la reducción de la jornada laboral.