Con fecha del pasado 9 de abril daba luz verde el Congreso al comienzo de la tramitación de una iniciativa popular que demanda abordar, en un plazo máximo de seis meses, un proceso extraordinario de regularización de extranjeros que residan en España desde antes del 1 de noviembre de 2021 pese a no tener papeles. Todos los partidos menos VOX votaron a favor de tomar en consideración una medida que ya llegaba avalada por más de 600.000 firmas y cuenta con el apoyo manifiesto de decenas de colectivos, desde ONG de todo tipo hasta la Conferencia Episcopal, sindicatos o las patronales de empresarios. Valoran asegurar derechos fundamentales a una población marginada por haberse aventurado a buscar un futuro en España que no encontraban en su tierra natal sin ajustarse a las restricciones legales vigentes, pero también destacan la triple oportunidad de combatir así la economía sumergida que opera en el país, elevar los ingresos del Estado por cotizaciones laborales y paliar la creciente falta de mano de obra legal para cubrir puestos en diversos sectores.

El texto de la iniciativa recoge que, «de acuerdo con las estimaciones más recientes», en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales la gran mayoría estaría en edad de trabajar y una tercera parte serían menores de edad. ¿Pero cuántos están en Valladolid? Ninguna institución ni colectivo local de referencia en la asistencia a inmigrantes aporta cálculos precisos, dada la dificultad de hacer recuento de personas invisibles a ojos de la sociedad.

No obstante, en Valladolid vive el 0,6% de las personas nacidas en el extranjero que residen en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE); y si la proporción de 'sin papeles' es similar, dando por buena la horquilla nacional de entre 390.000 y 470.000, en esta provincia habría entre 2.300 y 2.800. Pero es que además Sacyl tiene registradas 4.098 tarjetas sanitarias activas concedidas a inmigrantes irregulares en Valladolid, según datos aportados a El Día por la Consejería de Sanidad y actualizados a 1 de mayo. Aunque no debe olvidarse, por un lado, que no todos los irregulares se atreven a solicitar la tarjeta por miedo a exponerse a la deportación; y por otro, que el proceso extraordinario en ciernes beneficiaría 'sólo' a los que llegaran antes de noviembre de 2021. 

La regularización de extranjeros aumenta a un millar al año

Asimismo, coincide que en el sexto y último proceso extraordinario de regularización que se ha llevado a cabo en España hasta la fecha, en 2005 con Zapatero, se habló de inicio de medio millón de beneficiarios que acabaron siendo casi 600.000 (576.506); y en una época en la que el boom migratorio no era tan intenso como ahora, cuando la colonia foránea crece actualmente a un ritmo que supera en un 25% el de entonces. Tampoco habían pasado 19 años desde el anterior proceso extraordinario de regularización, sino cuatro, y aun así en Valladolid hubo 2.206 solicitudes, de las que 1.927 fueron aceptadas, según datos facilitados a este periódico por la Subdelegación del Gobierno.

Por otra parte, fuentes del área de Inmigración de UGT apuntan, también por precedentes, que cada proceso extraordinario en España ha beneficiado al doble de personas de las que conseguían regularizar su situación cada año en esa época por las vías ordinarias de arraigo vigentes en el país: la más demandada es la del arraigo social, para la cual deben acreditar tres años de residencia y una oferta de trabajo o precontrato de al menos un año; aunque hay otras alternativas por arraigo laboral, formativo... Y en Valladolid ya se ronda el millar de regularizaciones ordinarias por año, de nuevo según datos aportados por la Subdelegación del Gobierno, siendo la tendencia claramente ascendente: 523 resoluciones de concesión en 2021, 629 en 2022, 992 en 2023 y 504 en apenas cuatro meses de 2024.

En paralelo, la estadística continua de población del INE, en la tabla que se consulta con más frecuencia, refleja 37.985 extranjeros en Valladolid a 1 de abril, 11.021 más que hace apenas diez años (26.964 a 1 de enero de 2014), con un aumento del 40% en este periodo. Pero en realidad ya son 52.884 los vallisoletanos de adopción nacidos fuera de España, 16.154 más que en enero de 2014 (+44%), si se suman los 14.899 que ya tienen nacionalidad española, de los que más de un tercio la lograron en la última década (5.133 más en el balance neto respecto a enero de 2014) tras completar un proceso más largo, complejo y exigente que el de las regularizaciones ordinarias. Es decir, que teniendo en cuenta que el recuento más reciente del INE cifra en 525.455 el total de habitantes de esta provincia, resulta que ya desde abril se supera la barrera psicológica del 10% de nacidos fuera de España (el 10,06% por los citados 52.884); sin los cuales, por cierto, Valladolid no habría frenado su despoblación, dada la pérdida neta de más de 19.000 habitantes nacidos en España en diez años.Y la inmigración va a más hasta el punto de que, desde enero de 2021, la población extracomunitaria crece en esta provincia a un ritmo de unas 5.000 personas por año, después de que entre 2008 y 2020 las variaciones interanuales fueran como mucho de 2.000 o incluso negativas (casi 1.000 menos de 2013 a 2014).

Aparte, el número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en torno a 15.000 sin contar los nacionalizados, el doble que hace una década.

Asistencia a inmigrantes

Del impacto en Valladolid del aumento de la inmigración en España da fe la Fundación Red Íncola, que en 2023 atendió a más de 4.000 extranjeros, casi un millar más que en 2022 y más del doble que en 2021; y el 60% no tenía papeles: entre 2.400 y 2.500. Estas últimas, cifras muy parecidas a las de Cáritas, que ayudó a unos 5.100 extranjeros en 2023 y el 47% (en torno a 2.400) estaba sin regularizar. Accem, por su parte, atendió a 2.783 personas, con 936 sin papeles. 

Por el Centro de Información al Trabajador Extranjero (CITE) de CCOO, mientras, pasaron 763 personas en 2023, y el 31% (236) también sin regularizar. Las naciones de procedencia más habituales, Colombia, Venezuela y Marruecos. El Día también preguntó a Cruz Roja, pero no ha facilitado datos.

Debe tenerse en cuenta, eso sí, que al cabo de un año un inmigrante suele tocar muchas puertas en busca de ayuda, de modo que si se sumaran las cifras de todas las ONG se cometería el error de repetir el conteo de un mismo beneficiario. 

«Estas personas pueden estar trabajando de una forma que calificaríamos de 'normal', aunque nos cueste creerlo», sostiene la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO Castilla y León, Nieves Granados. «La trabajadora que te está poniendo una copa en el pub o la terraza de moda, bien a la vista, o el promotor de un producto en un centro comercial, abordando a los clientes que pasan, puede ser una persona sin permiso de trabajo ni residencia. Es impresionante la impunidad con la que actúan los empleadores, sin miedo a ser detectados», afirma.

Destaca que están presentes en hostelería y comercio, pero «en muy mayor medida en agricultura o servicio domésticos», donde las características de los centros de trabajo «otorgan una mayor impunidad», dado que «tanto las explotaciones agropecuarias como el hogar familiar son lugares en los que es difícil que aparezcan personas ajenas a la empresa para saber quién está allí trabajando y en calidad de qué». 

«Se estima que un 11% de los trabajos agrícolas se desarrollan dentro de la economía sumergida», añade Granados, y «es la situación de vulnerabilidad de las personas que desconocen sus derechos lo que determina la probabilidad de acabar encerrado en un almacén sobre una colchoneta en el suelo, y debiendo dinero por un alojamiento que el trabajo de más de 10 horas al día no consigue pagar», sentencia.