El PSOE y el PP llegaron ayer a un acuerdo para renovar el que se ha convertido, muy a pesar de sus miembros, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mayor duración. Cinco años y medio han hecho falta para consensuar 20 nombres, entre medias se han suscitado una serie de desencuentros, desde el WhatsApp del exsenador popular Ignacio Cosidó hasta la mediación de Europa.
El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre 2013 y completó su mandato cinco años después. Desde entonces estaba pendiente que progresistas y conservadores pactaran la composición del siguiente Consejo.
El proceso de renovación arrancó en agosto de 2018, cuando su presidente, Carlos Lesmes, comunicó a las Cortes la apertura del plazo para presentar candidaturas, ya que los 20 vocales son elegidos a partes iguales por ambas Cámaras, con 10 cada una -seis entre jueces y magistrados y cuatro entre juristas de reconocida competencia-. En septiembre, Lesmes les remitió la lista con los 51 precandidatos propuestos por las asociaciones judiciales para los 12 asientos.
Ya en noviembre, se dio a conocer un acuerdo por el que PSOE y PP colocaban al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, en la cúspide del CGPJ, a cambio de que hubiera 11 vocales progresistas y nueve conservadores.
A los pocos días el acuerdo saltó por los aires por un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el chat de WhatsApp de los 146 senadores populares del momento. «Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la Sala Segunda desde detrás», decía Cosidó, en alusión a la sala que juzga a los aforados.
El reloj corre
Transcurrido un mes (4 de diciembre de 2018), Lesmes envió la primera de sus cuatro cartas a los presidentes de las Cortes para recordarles «la necesidad» de cumplir con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que les encomienda actuar para renovar en plazo.
Su última misiva al Legislativo fue en julio de 2020, cuando superadas las elecciones generales que validaron el desembarco de Pedro Sánchez en La Moncloa, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, y en la fase de desescalada tras el primer estado de alarma por el coronavirus, creyó oportuno recordar a las Cortes ese «mandato legal».
Pese a ello, en septiembre de 2019, Lesmes protagonizó la apertura del año judicial como presidente de un CGPJ caducado y advirtió de que la situación era una «grave anomalía» que podía contribuir al «descrédito» de la Justicia.
En la segunda mitad de 2020, el Gobierno lanzó dos iniciativas parlamentarias para empujar al PP a pactar: una para rebajar la mayoría para elegir 20 vocales y otra para prohibir que un CGPJ caducado pudiera hacer nombramientos en la cúpula judicial. El Ejecutivo retiró la primera y mantuvo la segunda.
Ello propició que los negociadores volvieran a sentarse a la mesa y pactaron las renovaciones pendientes del TC, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
En ese punto, dos nombres dinamitaron el acuerdo para el CGPJ: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, los dos candidatos que Podemos quería promocionar y el PP se negó a aceptar.
El devenir político se impuso de nuevo. El Gobierno indultó a los nueve condenados por el procés y la renovación se estancó.
En abril de 2022, el CGPJ se redujo de 20 a 18 vocales. Venció también el mandato de cuatro de los 12 magistrados del TC, el tercio que corresponde proponer a Gobierno y CGPJ, y Moncloa deslizó la posibilidad de nombrar a los suyos sin esperar al Consejo. PSOE y PP se enrocaron en sus posiciones hasta el punto de que Lesmes amenazó con dimitir y el entonces comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, visitó España para implicarse en una solución. Lesmes intentó dejar encaminados los nombramientos al TC antes de marcharse, pero la parálisis en el CGPJ le llevó a dimitir el 9 de octubre de 2022.
Dos presidentes interinos
El vocal Rafael Mozo sucedió a Lesmes. Asumió la Presidencia interina del CGPJ, no así la del Supremo, que quedó en manos del magistrado Francisco Marín, lo que produjo una bicefalia inédita. En julio de 2023, se jubiló Mozo y su cargo de presidente interino recayó en Vicente Guilarte, quien ha intentado promover la renovación.
Guilarte, de hecho, presentó una propuesta a las Cortes para evitar futuros bloqueos. Planteó dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos «a toda contaminación política previa» o que el nombramiento de los vocales judiciales -12 de los 20- quede en manos de los propios jueces. Desde diciembre, PP y PSOE han intentado cerrar un acuerdo.
Por el camino, todos los actores han lamentado el desprestigio institucional que han supuesto estos cinco años y medio.