Remar a favor de la corriente siempre es muy fácil, cualquiera puede hacerlo. También es sencillo y agradable prometer a las personas que te escuchan que sus deseos se van a ver cumplidos. Esto es lo que hacen algunos políticos, los malos, los populistas, cuando llegan las campañas electorales, pensando en que, llegado el caso, ya encontrarán excusas que justifiquen su incumplimiento. Y esto sucede mucho con los impuestos, cuya bajada es muy recurrente por los candidatos de la oposición en cualquier administración cada vez que se acerca una nueva cita electoral. ¿A quién le gusta pagar más? Visto así, casi todos prometen aplicar una fiscalidad más benévola sin analizar sus posibilidades y el riesgo que ello supone para la sostenibilidad financiera y para la prestación de los servicios públicos.
Esta situación es perfectamente aplicable a lo que sucede en varios municipios de la Comunidad. Tras los pasados resultados electorales del mes de mayo, los nuevos equipos de gobierno se encuentran con que no 'pueden' aplicar las anunciadas bajadas de impuestos comprometidas. Y no sólo eso, el Ayuntamiento de Ávila -con el mismo equipo de gobierno aunque en minoría- ha propuesto un incremento del 10 por ciento del IBI y un 44 por ciento la tasa de basuras, mientras en Burgos ya se ha anunciado que la tasa de agua subirá un 9,5 por ciento. En Valladolid, de momento, el próximo año no se tocará nada, con lo que se aplaza la anunciada bajada de impuestos debido a «la complicada» situación financiera del Consistorio.
Y todo esta polémica, que surge todos los años durante el último trimestre, me lleva a una reflexión sobre la gestión municipal. Casi como si fuera una empresa, un ayuntamiento debe equilibrar su presupuesto entre ingresos y gastos, por lo que una bajada generalizada de impuestos que haga caer la recaudación debe afectar a los pagos e inversiones, aunque a corto plazo a veces se pueda disimular incrementando el déficit. Esto es algo obvio, que cualquiera puede entender comparándolo con lo que entra y sale en su propia casa. Visto así, todo el mundo llega a comprender que si los ciudadanos aportamos menos a través de los impuestos y tasas municipales no se podrán cubrir todos los gastos. La capital vallisoletana se encuentra en la media nacional en lo que se refiere a competividad fiscal, por lo que seguramente habría margen para algunas bajadas del IBI o del 'impuesto de rodaje', sin embargo en 2025 habrá que sumar la tasa de reciclaje, algo a lo que obliga la normativa europea.
Más allá de disquisiciones sobre si sube o baja un punto alguno de los impuestos municipales, creo que los ciudadanos -y los políticos también- deberíamos centrarnos en la exigencia de una gestión eficiente y honesta de los recursos públicos. La calidad de los servicios debe ser el objetivo de cualquier equipo de gobierno y, creo, que con ello los vallisoletanos daríamos por buenas las aportaciones que realizamos cada año. Parques y jardines en buen estado, calles y plazas limpias, centros modernos y equipados para mayores donde hacer actividades, bibliotecas en los barrios, apoyo al comercio, festivales y eventos que atraigan turismo a la ciudad…. Y todo esto cuesta dinero, por lo que si la ciudad luce, si los vecinos cuentan con servicios cercanos y si la calidad de vida mejora estoy seguro de que nadie protestaría por pagar impuestos de forma equilibrada.
Finalmente, quiero incidir en la necesidad de una gestión transparente y eficiente de los recursos. Está claro, y nadie lo discute, que hay servicios públicos, como puede ser Auvasa, que necesariamente tienden a ser deficitarios porque no se puede atender solo las zonas o los horarios donde hay un número suficiente de usuarios, sino que se debe cubrir también aspectos sociales. Sin embargo, esto conviene explicarlo y también en qué se gastan otras partidas destinadas a inversiones u otras prestaciones públicas. Lo que empiece a no entender la gente es el incremento del gasto corriente, algo que destaca el interventor en su último informe, pues la mayoría de ese tipo de gasto no redunda directamente en beneficio del ciudadano. Antes de subir o bajar impuestos conviene revisar la gestión y mejorar la eficacia. El dinero público es de todos y nada es gratis.