La desconfianza entre los dos grandes partidos de nuestro país se ha enquistado de tal manera, que se convierte en noticia destacada una reunión entre representantes del Gobierno y del Partido Popular para abordar las repercusiones que puede acarrear a la economía española la guerra arancelaria de Donald Trump. Tan solo en ese terreno parece que ha habido cierto deshielo en las relaciones entre las dos formaciones. En otros ámbitos, lo habitual es el desencuentro y la bronca.
El último ejemplo se ha visto en la Comisión Sectorial de Justicia. Estaba convocada ayer en Barcelona, pero terminó como el rosario de la aurora, después de que los consejeros de las comunidades autónomas del PP que tienen transferida esta competencia se levantaran de la cita convocada por el ministro Félix Bolaños. Los representantes de los ejecutivos de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Valencia, La Rioja y Cantabria, justificaron su plante porque a su entender Bolaños solo buscaba 'la foto' y «hacer un paripé», y que no se había incluido en el orden del día su demanda de financiación y medios para implantar la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia. El ministro no tardó en acusarles de «gamberrismo institucional».
La situación vivida en la ciudad condal sirve para poner una vez más de relieve que la cogobernanza entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, cuando son de diferente signo político, es una quimera. Los desencuentros son frecuentes en cuestiones tan sensibles como la Sanidad o la Educación, en los que se anteponen los recelos partidistas a los intereses de los ciudadanos.
Esa incapacidad para el entendimiento es un lastre para el desarrollo del Estado autonómico y caldo de cultivo para la polarización. Supone también un síntoma de la inmadurez de los partidos españoles, tan alejados de la visión de Estado que demuestran formaciones políticas en otros países, donde son capaces de anteponer los intereses generales a las discrepancias ideológicas. Desde que se celebraron las elecciones en Alemania, muchos ciudadanos miran con envidia a ese país, donde conservadores y socialdemócratas se encuentran en plenas negociaciones para formar una coalición de Gobierno. Una fórmula que ya se puso en práctica durante los mandatos de Angela Merkel.
España, como Alemania, también ha de afrontar importantes desafíos que demandan más acuerdos y menos desplantes. Y eso exige altura de miras por parte de unos dirigentes que han de convencerse de que el fin primordial de la buena política debe ser solucionar los problemas de la ciudadanía en su conjunto, y no solo de aquellos que les mantienen en el poder.