La situación en la que está Valencia tras le paso de la DANA agrava seriamente la imagen de un Gobierno nacional contaminado desde hace meses por los casos de corrupción que alcanzan a personas de gran peso institucional y también del círculo familiar más próximo a Pedro Sánchez, y que han llenado de desazón a la mayoría de los ciudadanos. 

Con dos aspectos muy preocupantes: la confrontación entre el Tribunal Supremo (TS) y la Fiscalía, hasta el punto de que el TS ha imputado a Álvaro García Ortiz, fiscal general; y la confrontación del TS con el Tribunal Constitucional, que viene de atrás. Más la campaña que se hace desde la Moncloa para tratar de desacreditar no solo a la oposición, sino también a los jueces que toman iniciativas que dañan a personas del Gobierno o cercanos al mismo, como es el caso de García Ortiz.

En ese escenario de tensión, está muy presente la animadversión que siente el Ejecutivo de Sánchez y el PSOE de Sánchez, el sanchista, hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El acoso político que sufre su pareja por una inspección fiscal que se inició hace un año, por supuestas irregularidades tributarias cometidas antes de que fuera su novio, ha sido utilizada contra el PP, en general, y contra Ayuso en particular con un ensañamiento tal que ha llevado a que el propio presidente definiera a González Amador como «delincuente confeso», cuando quienes inician un procedimiento de acuerdo de conformidad -miles de ciudadanos anónimos, más destacadísimos personajes del deporte o el espectáculo- están obligados a admitir que han podido cometer delito. Si no lo hacen, los inspectores fiscales ni siquiera inician el procedimiento. 

En el caso de la pareja de Ayuso, además, se produjo una actuación del fiscal general que la Justicia considera ilegal por romper con el obligado secreto con el que se desarrollan los procesos negociadores. Álvaro García Ortiz ha sido imputado por el Supremo, y llega ahora un nuevo elemento de tensión con una mayoría importante de fiscales, incluida la asociación mayoritaria, que exigen su dimisión para impedir la anomalía de que en su procedimiento de imputación el fiscal sea subordinado suyo.

España es hoy un país dolorido, pero, también preocupado por los problemas políticos. Con un presidente de Gobierno que dentro de dos semanas dará cuenta de sus actos en el Congreso de su partido. 

No tendrá rivales y se mantendrá al frente de la secretaría general. Pero sabe que, a poco que se encuentre debilitado, y mucho más si dimite porque no puede soportar la situación, tendrá muy difícil continuar al frente del PSOE: hoy, solo cuenta con el apoyo de sanchistas irredentos. Y empiezan ya a mostrar su disconformidad con la mayoría de sus decisiones.

Una catástrofe

Y es que hay temporadas en las que se acumulan desgracias, noticias inquietantes que presentan un futuro tenebroso e inseguro, tanto en lo económico como en el aspecto político y social. La pandemia fue uno de los períodos negros de la Historia reciente. Pero lo que se vive estos días, con decisiones del Ejecutivo que jamás se habrían pensado que pudieran darse en la España democrática, presentan un escenario en el que es difícil ver un resquicio de luz.

Se ha llegado a una situación límite, con los efectos de una DANA que ha traído una destrucción inimaginable en una cuarta parte del territorio y la devastación de provincias enteras con ciudadanos que han perdido absolutamente todo. A ello se suma la desaparición de viviendas, negocios , obras de ingeniería, patrimonio e infraestructuras que tardarán meses, algunas de ellas años, en ser reparadas y reconstruidas.

Hoy media España está prácticamente obligada a vivir de la ayuda de la otra media que se ha salvado de la tempestad; muchos carecen de energía eléctrica y de agua, ni siquiera para beber. No cuenta con medios para que, desde fuera, les pueda llegar la ayuda para llevarse algo a la boca, o unas botellas con agua potable. Kilómetros y kilómetros de autopistas, carreteras y caminos han desaparecido bajo el barro y los materiales arrastrados por las riadas, y los trenes no podrán volver a circular hasta dentro de varias semanas. Una tragedia en estado puro. 

En esa situación espantosa, da un paso adelante, como siempre, el pueblo español y su capacidad de solidaridad hacia los demás. Hay que poner el acento en el esfuerzo brutal de los vecinos para acudir en socorro de quien necesitaba ayuda, aun poniendo su vida en riesgo; solidaridad para acoger a los que no tenían techo en el que cobijarse, o colaborar en la distribución de productos de primera necesidad. A ese escenario trágico de héroes anónimos, más el Ejército, bomberos, sanitarios, Protección Civil y los cuerpos de seguridad, dando lo mejor de sí mismos y todavía más, la decepción se ha vivido en el plano de la política. 

El Ejecutivo ha caído en la ignominia al intentar eludir sus responsabilidades echando la culpa al presidente de la Generalidad de Valencia, Carlos Mazón, al no haber insistido suficientemente en la gravedad de la DANA que venía y no tomar las medidas de prevención para disminuir sus efectos. Podría decirse lo mismo de la ministra portavoz, Pilar Alegría, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el martes, tampoco alertó sobre lo que podría pasar.

Los más responsables

También el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en sus primeras declaraciones, trasladó que en casos como el que nos ocupa, una gota fría mezclada con todos los peores elementos meteorológicos, la responsabilidad era de las autoridades regionales.

Olvidaba Marlaska, o prefirió olvidar, que en el año 2020, su Gobierno, en el que ya era ministro, aprobó que en caso de catástrofe que afectara a dos o más comunidades, sería el Ejecutivo central el que tomaría el mando de la coordinación de prestación de ayudas y organizar las operaciones de rescate y salvamento necesarias.

 Sí estuvo a la altura, en cambio, el ministro Óscar Puente, que como responsable de Transportes e Infraestructuras, informó sobre la situación sin esconder la gravedad de los hechos y sin dar falsas esperanzas: los valencianos tardarán semanas en poner a punto todas sus comunicaciones terrestres, meses y en algunos casos años, para utilizar las autovías que les unen con el resto de España. También actuó con la máxima profesionalidad la titular de Defensa, Margarita Robles, no solo al dar las instrucciones necesarias para que la UME se desplazara de inmediato a las zonas más afectadas, sino que con el paso de las horas fue incrementando el número de efectivos con los que cooperar para el salvamento de las centenares de personas atrapadas, y localizar a los desaparecidos. Es más, la ministra declaró que no habría límite para la colaboración del Ejército, yendo más allá incluso a la presencia de la UME.