"No teníamos ningún medio para verificar la autenticidad de los documentos aportados", es la afirmación de un director de sucursal de una de las distintas entidades bancarias que en 2015 fueron víctimas, presuntamente, de un grupo criminal que, a través de terceras personas, acudió a ellas para solicitar créditos por importe global de casi 800.000 euros para la compra de vehículos que luego, tras abonar unas primeras cuotas, quedaron impagados.

La declaración ha sido realizada en la segunda jornada del 'macrojuicio' por estafa que celebra la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial en la Feria de Valladolid, donde este viernes han comparecido ya tan solo veinticuatro acusados, después de que el primer día de la vista más de una treintena de encausados confesos se conformara con condenas a la baja y quedara eximida de continuar en el banquillo.

A falta de conocer la versión de los acusados que han rechazado un acuerdo con la fiscal del caso y las acusaciones particulares ejercidas por BBVA, Santander y Caixabank--se les ha concedido el derecho a declarar en último lugar--, han sido distintos directores de sucursal y empleados de banca los que han comparecido en calidad de testigos para, a preguntas fundamentalmente de las defensas, explicar los trámites seguidos a la hora de conceder los créditos solicitados por los encausados.

La estrategia de los defensores ha sido la de tratar de desacreditar los filtros utilizados por estas entidades bancarias para garantizar la autenticidad de la documentación presentada por los solicitantes de los préstamos y, en consecuencia, fundamentar su actuación negligente.

En este sentido, Antonio Manuel M, quien durante la época investigada fuera director de la sucursal de Caixabank sita en el número 11 del Paseo de Isabel La Católica de Valladolid, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha sido el más taxativo al reconocer las dificultades existentes para comprobar la autenticidad de los documentos facilitados por los solicitantes de los créditos.

"No teníamos ningún medio para verificarlos", ha apuntado el testigo en referencia a que no podían consultar la historia laboral de los solicitantes ni tampoco comprobar la autenticidad de sus contratos evacuando consulta a sus supuestas empresas empleadoras, ya que, como así ha advertido, estarían "vulnerando la Ley de Protección de Datos".

La documentación parecía fiable

En el mismo sentido, otro empleado de Caixabank, Pedro G.C, quien trabajaba en 2015 en la sucursal de la calle Santa Clara de Valladolid, ha corroborado esas limitaciones para certificar la autenticidad de los documentos facilitados por los solicitantes de créditos, a los que, entre otros, se les requería la Declaración de la Renta, nóminas y contrato de trabajo. "La documentación que entregaban no levantó sospechas porque parecía fiable", ha justificado.

En uno de estos casos, el testigo ha recordado que interpuso denuncia ante la policía después de que uno de los acusados, beneficiado en junio de 2015 con un crédito de 10.000 euros para la supuesta compra de un BMW, pasó engrosar la lista de morosos.

"No se le concedió hasta que hizo en cuenta el ingreso de dos nóminas, aunque luego pagó solo la primera cuota del crédito. Cuando tratamos de localizarle nos fue imposible porque nos había facilitado un contrato de alquiler falso", ha denunciado el empleado bancario.

Por su parte, María Elena S.M, la primera testigo en abrir la jornada y quien fuera en la época investigada responsable del Departamento de Prevención del Fraude en ING, ha explicado que, a excepción de la solicitud del DNI original, se permitía que el resto de la documentación fuera a base de fotocopias y las comprobaciones se realizaban a través del Registro de Morosos y el Banco de España.

La testigo ha asegurado que su entidad contaba con protocolos para evitar situaciones como la investigada pero, al igual que los anteriores, ha reconocido que esos controles no eran suficientes para evitar posibles intentos de estafa, ya que en la mayor parte de los casos las mismas se descubrían cuando ya era tarde y se producían los impagos de sucesivas cuotas.

Una misma IP para distintos solicitantes

En su caso, la exresponsable del Departamento de Prevención del Fraude de ING, ha recordado haberse presentado en comisaría hace nueve años, acompañada del director de la sucursal de la calle Ferrari, para denunciar posibles créditos fraudulentos "tras comprobar que desde la misma IP distintas personas habían presentado documentación. Aquello se consideró como un patrón de alerta", ha apostillado la testigo.

Las testificales de este viernes son algunas de las que se seguirán practicando la próxima semana, hasta un total de cuarenta.

El proceso judicial investiga a un grupo criminal, encabezado por cuatro de los acusados, que se concertó supuestamente para llevar a cabo una serie de operaciones consistentes en la solicitud y obtención de préstamos de distintas entidades bancarias, a través de terceras personas, justificando la solvencia económica con documentación que no reflejaba la realidad, para, con carácter general, comprar vehículos de segunda mano.

Estas terceras personas, como pago por su intervención, recibían una parte del dinero y el resto se lo embolsaba el grupo integrado por los cabecillas.

Las peticiones de condena, en el caso de siete de los presuntos implicados, se elevan a 18 años de cárcel por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental, otro de pertenencia a grupo criminal, un delito de blanqueo de capitales y un cuarto delito de falsedad documental.