El Grupo Municipal Socialista presentará en el próximo pleno municipal, el día 29 de abril, una moción en defensa del Decreto de la Memoria Histórica aprobado hace seis años por la Junta de Castilla y León y que pretende ser derogado por la denominada Ley de la Concordia impulsada por el PP y Vox.
En la citada moción se pedirá que el Ayuntamiento de Valladolid inste al Gobierno de la Junta a preservar, cumplir y hacer cumplir el Decreto 9/2018 de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León y, además, que reconoza la aportación del Gobierno de los entonces presidente, Juan Vicente Herrera, y vicepresidente y exconcejal, José Antonio de Santiago Juárez, a la causa de la Memoria histórica y democrática y la defensa de los Derechos Humanos, tal y como informa el PSOE a través de un comunicado remitido este lunes y recogido por Europa Press.
La moción, firmada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, se fundamenta en el reconocimiento de la norma aprobada hace seis años por el Gobierno autonómico.
"Haciendo bueno el refrán 'más vale tarde que nunca', el Decreto 9/2018 de 12 abril, de la memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, firmado por el presidente Herrera y el vicepresidente De Santiago - Juárez, permitió sentar las bases para que los poderes públicos de Castilla y León lleven a cabo políticas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fenómeno de la memoria democrática", apuntan los socialistas.
Este Decreto, continúan, recabó un amplísimo respaldo político y social, constituyendo un instrumento normativo para que los particulares afectados por la Guerra Civil y la dictadura franquista y las entidades constituidas para la defensa de la memoria histórica, dispongan de un cauce ordenado y sistemático para desarrollar las actuaciones necesarias para recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático, a quienes sufrieron las consecuencias y también preservar del olvido la memoria colectiva.
Sin embargo, transcurridos seis años desde la publicación de dicho Decreto, censuran que la Junta de Castilla y León haya decidido en 2024 dar un giro de 180 grados a su posición y sustituirlo por una "Ley de discordia a la medida del revisionismo histórico que promueve la ultraderecha y que pretende oficializar el negacionismo, equiparar a la dictadura con la democracia y a las víctimas del franquismo con sus verdugos".