Un hombre entra armado en un supermercado y abre fuego, dejando al menos una decena de fallecidos. Un joven asalta con un fusil una escuela y mata a una veintena de personas, la mayoría menores, antes de quitarse la vida. Son dos noticias que conmocionan, pero que, por desgracia, parecen haberse convertido en algo casi rutinario en Estados Unidos, donde en menos de seis meses se han sucedido más de 200 ataques mortales con armas de fuego.
El último, al menos al cierre de esta edición, tuvo lugar en un colegio de primaria de la localidad de Uvalde, en Texas, donde un chico de 18 años entró en el centro educativo rifle en mano -recién comprado y sin ningún tipo de impedimentos para hacerlo- y dejó al menos 21 víctimas mortales, de las que 19 eran niños de entre 10 y 11 años. Es el segundo tiroteo contra una escuela más mortífero en la Historia de EEUU y, ante tal situación, parece haberse reabierto el debate sobre el control de las armas en el país. Una discusión que se retoma, sin éxito, puesto que un amplio sector de la población sigue reivindicando su derecho a poseer y portar armas, recogido en la Segunda Enmienda de la Constitución.
Las voces que exigen un cambio en la legislación son, en su mayoría, del ámbito demócrata. El expresidente Barack Obama ya hizo especial hincapié durante su mandato en la necesidad de limitar el acceso a las armas, sobre todo para personas potencialmente peligrosas, con discursos simbólicos como el que pronunció, con lágrimas en los ojos, tras la matanza en la escuela Sandy Hook de Newtown en 2012, cuando un chico mató a 26 personas, entre ellos 20 niños.
El que fuera su vicepresidente entonces y ahora está al frente de la Casa Blanca, Joe Biden, también se mostró emocionado esta semana al reivindicar una reforma que evite nuevas barbaries. «En el nombre de Dios, ¿cuándo vamos a plantarnos frente al lobby de las armas?», imploró también emocionado, instando a «transformar el dolor en acción» para adoptar medidas que, a su juicio, «son de sentido común».
El gran lobby a favor de la tenencia de armas es la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), pero no está solo. En el terreno político, cuenta con apoyos principalmente en el seno del Partido Republicano y recuperó parte del terreno perdido durante la Presidencia de Donald Trump. De hecho, la férrea defensa de ese derecho constitucional es uno de los buques insignia de los conservadores en cada campaña electoral.
Polarización
La población estadounidense se encuentra dividida sobre la necesidad o no de cambiar la ley para evitar que se sigan sucediendo, casi a diario, muertes por disparos. Un 52 por ciento de los ciudadanos reclaman una legislación más estricta a la hora de adquirir un arma de fuego, frente a un 35 por ciento que aboga por mantener las actuales, según las últimas encuestas. Incluso un 11 por ciento pide que sean más laxas.
«Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas», reza la Segunda Enmienda. Para poder suprimirla o modificarla, hace falta cumplir con unos términos difíciles de lograr. Cualquier cambio en la Constitución requiere del apoyo de dos tercios de los miembros de ambas Cámaras del Congreso, así como del de tres cuartas partes de los 50 estados del país.
Se estima que en EEUU hay entre 270 y 310 millones de armas y que un 42 por ciento de los estadounidenses tienen una en su propia casa. La mayoría de sus poseedores son hombres -tres de cada cuatro- y blancos -más del 80 por ciento-. Basta con tener más de 18 años para que se pueda adquirir una escopeta o un rifle. Para una pistola, se deben haber cumplido los 21. En la mayoría de los estados no piden antecedentes penales y en muchos de ellos no es necesario un permiso de armas. Toda una serie de facilidades en un país donde ese tipo de material supone, cada vez más, un peligro muy serio.