6.349 ciudadanos catalanes, militantes de Esquerra Republica de Cataluña, menos del 0,1 por ciento del censo catalán, una ínfima molécula de los 46 millones de ciudadanos españoles han decidido al presidente Sánchez a entregarles la recaudación de los impuestos y su gestión, de forma que, según se calcula, un 30 por ciento del dinero público que ahora llega a las diecisiete comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, se quedará en Cataluña. Sin contar con la condonación de otros 15.000 millones que les ha prestado el Gobierno con el dinero de todos los españoles. En realidad esta decisión ha sido tomada por sólo 550 votos, ya que casi la mitad de los militantes de ERC han rechazado el acuerdo no porque les parezca mal sino porque les parece poco: lo que quieren es la independencia, la separación absoluta de España, eso sí quedándose con todo. Y a los que pagamos todo no nos consulta nadie.
Los intérpretes áulicos del sanchismo sostienen que esta decisión, como antes la eliminación del delito de sedición (para ahorrarles cárcel), la amnistía (a medida de unos pocos delincuentes, para borrar sus delitos), la difuminación del delito de malversación (para que no paguen los que robaron el dinero de todos), el concierto económico (para romper la hacienda común) es "una cesión mutua en virtud de la cual el autogobierno catalán sale reforzado y así nuestro Estado compuesto y complejo por fin puede resetearse, saliendo de la realidad inmovilizadora de antes". En esa línea, lo que Salvador Illa ha hecho es "transaccionar para explorar un nuevo espacio entre el statu quo y la secesión", mientras Aragonés "interpelaba al conjunto de la sociedad catalana, no como Puigdemont que lo hacía solo a una mitad cómplice de sus planteamientos". En serio, todo esto lo sostienen algunos con el mismo apasionamiento y e idéntico rigor académico que Begoña Gómez dirige su cátedra universitaria y enseña a movilizar fondos públicos.
Yo entiendo la voracidad sin límites de la clase política catalana burguesa, secesionista, de extrema derecha o izquierdista de salón, escasamente inteligente, y también el voto de los militantes de ERC. ¿Cuántos de ellos viven gracias a los cargos públicos que se reparten allí? ¿Cuántos sobreviven gracias a la fidelidad perruna al partido, al dinero público, a los contratos con la Administración autonómica y local, a las generosas subvenciones, al obligado servilismo? ¿Qué sería de ellos si IIla y el PSC no les garantizan seguir viviendo de lo público, eso que según la izquierda "no es de nadie"?
¿Van a votar afirmativamente al cupo catalán los diputados socialistas de Asturias o de Castilla-La Mancha, cuyos presidentes autonómicos, socialistas también, se han mostrado radicalmente contrarios? ¿Lo van a hacer los diputados socialistas de Cantabria, La Rioja, Extremadura, Murcia, Canarias...? ¿Cómo explicarán a sus militantes que, gracias a sus votos, en España hay ciudadanos de primera y de tercera y que habrá comunidades privilegiadas y comunidades castigadas, las suyas?
Lo que parece claro es que Illa va a tener casi imposible gobernar en Cataluña. Posiblemente porque Puigdemont lo impida con su regreso a España. Pero si, contra todo sentido común, sale adelante este plan, quien mandará en Cataluña será Esquerra Republicana. Nada se podrá hacer sin su visto bueno. Y si a Illa se le ocurre alguna trampa, acudirán a Sánchez, que les dará lo que pidan aunque tenga que sacrificar a su país y a su valido. La voracidad de los independentistas catalanes para domeñar Cataluña, con votos o sin ellos, con la peor gestión de la democracia, y que nadie levante las alfombras de la corrupción y la insolidaridad es casi tan elevada como la de Pedro Sánchez. Casi. Sin límite alguno.