La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia condenatoria en el caso conocido como 'Meseta Ski que sentó en el banquillo a responsables de la Sociedad Provincial de Desarrollo (Sodeva), con su entonces presidente a la cabeza, Alfonso Centeno, al que impone nueve años y un mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delito continuado de prevaricación administrativa en la tramitación y construcción en Villavieja del Cerro de un complejo de ocio y aventura que tenía como infraestructura estrella dos pistas de esquí en seco.

En su sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial considera probado que el citado Centeno, alcalde de Olmedo (Valladolid), incurrió en el referido delito, al que aplica la atenuante de dilaciones indebidas, e igualmente condena al que era vicepresidente de Sodeva, Pedro Pariente, por prevaricación administrativa, con idéntica atenuante, a siete años y tres meses de inhabilitación, mientras que ha absuelto a sus otros dos compañeros de banquillo, el arquitecto Valentín González y el jefe de Urbanismo de la Diputación vallisoletana, Luis Torroglosa, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

En el procedimiento, además de la fiscal del caso, que había interesado la inhabilitación de los cuatro encausados por espacio de siete años, se personó como acción popular el grupo Valladolid Toma la Palabra y Ecologistas en Acción, que solicitó once años de inhabilitación y, en concepto de responsabilidad civil, la obligación de los ocupantes del banquillo de indemnizar a Sodeva y/o la Diputación con 11,5 millones euros por el perjuicio económico causado.

Y es que los acusadores entendían que el que fuera presidente Sodeva, el todavía alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, y sus compañeros de banquillo, los que fueran vicepresidente y arquitecto de la entidad, Pedro Pariente y Valentin González, respectivamente, y el jefe de Urbanismo de la Diputación Vallisoletana, Luis Torroglosa, "actuaron de forma caprichosa, arbitraria y carente absolutamente de amparo jurídico" a lo largo de la tramitación del proyecto, desde su inicio y hasta el final.

Su actuación objeto del presente procedimiento se circunscribe al periodo que media entre la firma del contrato para la ejecución de las obras del citado complejo de ocio, el 13 de julio de 2006, y la celebración del Consejo de Administración de Sodeva, el 31 de marzo de 2008, en el que se aprobó el proyecto refundido que venía a validar la totalidad de los trabajos que hasta entonces se habían ejecutado y que, sin embargo, diferían por completo de los encomendados de inicio.

Las acusaciones situaron como origen de ese presunto objetivo del entonces vicepresidente de la Diputación y presidente de Sodeva, Alfonso Centeno, de beneficiar a la empresa adjudicataria de las obras, Corsan Corviam, en la "amistad personal" que existía entre él y el propietario de la mercantil, algo que consideraban acreditado por el viaje que el todavía hoy regidor de Olmedo y su esposa realizaron en 2007 a Japón junto al empresario.

A partir de ahí, los acusadores situaron a Centeno como 'alma mater' de las presuntas irregularidades cometidas, en referencia al hecho que decidió modificar por completo el proyecto nada más ser adjudicado a Corsan Corviam, con un presupuesto base de 4.060.000 euros que luego superaría los 9.000.000 de euros tras decidirse modificar la superficie de las pistas de esquí y triplicar la superficie, que pasa de 3.000 a 9.000 metros.

También censuraron a los encausados por haber "engañado" al Ayuntamiento de Tordesillas y a la Junta a la hora de solicitar las licencias, ya que las mismas en todo momento se referían al primer proyecto, no a las sucesivas modificaciones que, a su juicio, tendrian que haber llevado a iniciar una tramitación distinta para aprobar un nuevo presupuesto y sacar nuevamente a licitación el complejo de ocio y aventura.

En este sentido, recordaron que para cuando se celebró el Consejo de Administración de Sodeva el 31 de marzo de 20028, los trabajos realizados se encontraban ya al 99 por ciento, es decir, por valor de unos 9.000.000 de euros, de ahí que las obras estuvieron hasta entones all margen de "todo amparo jurídico", y ello pese a aprobarse entonces ese proyecto refundido con el que se pretendía "validar o amparar" lo ejecutado.

"La participación de Centeno es absolutamente ineludible", insistió el último día del juicio la fiscal, que extendió la responsabilidad a los otros tres encausados por, desde sus respectivos puestos y funciones, aprobar, validar y respaldar unas obras que sabian perfectamente que eran totalmente distintas de las inicialmente contratadas.

Papel mojado

Por su parte, el abogado de la acción popular atribuyó el 'Caso Meseta Ski al "capricho y ocurrencia" de una persona, en alusión directa a Centeno por la idea de construir en plena meseta, un lugar "erróneo a todas luces" según entiende, unas pistas de esqui en seco y sin antes haber encargado un informe y estudios rigurosos sobre la viabilidad de la misma, entre ellos un plan de negocios.

El acusador popular sostenía que para ello el entonces presidente de Sodeva se rodeó de "un núcleo de confianza" en dicha entidad-una sociedad pública mercantil sometida a derecho privado--a fin de que sus planes no fueran contradichos y obtuvieran el respaldo de los otros tres acusados, cada uno desde su respectivo cargo, quienes en todo momento sabían que el contrato inicial suscrito con Corsan Corviam era "papel mojado desde el kilómetro cero, lo que demuestra los tintes de arbitrariedad que presidieron toda la tramitación y ejecución".

En el lado opuesto, las defensas habían solicitado un fallo absolutorio ante la falta de responsabilidad penal de sus patrocinados al entender que en todo momento sus actos estuvieron dentro de la legalidad y con el único interés de lograr el desarrollo económico de una zona, la suroeste de la provincia, que hasta entonces no se había beneficiado con iniciativas puestas en marcha desde la Diputación de Valladolid.

Los defensores solicitaron también la prescripción del delito y la aplicaciones de dilaciones indebidas, algo que ya plantearon en la fase de cuestiones previas.

El proyecto de Meseta Ski estuvo plagado de obstáculos desde un inicio debido, entre otras causas, a la paralización de los iniciales trabajos de movimiento de tierras en Villavieja del Cerro acordada por el Ayuntamiento de Tordesillas al exceder la licencia en precario concedida y por la segunda paralización, en septiembre de 2007, impuesta entonces en vía contencioso administrativa tras descubrirse que una de las parcelas elegidas había sido escenario de un incendio que la imposibilitaba, según la Ley de Montes, para cualquier construcción en un determinado plazo de años.

Aunque el proyecto trató de ser salvado a través de las Cortes, que en 2010 declaró la iniciativa como Proyecto de Interés Regional, una sentencia del Tribunal Constitucional supuso el último varapalo a esta iniciativa y se tradujo en el desmontaje de toda la infraestructura y la restitución de la zona a su estado original. Allí quedaron enterrados cerca de 11.000.000 de euros.