Las víctimas de violencia de género recibirán un asesoramiento jurídico flexible, ampliado en el tiempo y en el espacio, además de homogéneo en toda la Comunidad y coordinado con la red regional de Servicios Sociales, que permitirá reducir los tiempos de espera. El servicio es fruto del protocolo que hoy firmaron la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con Cruz Roja, que será el encargado de prestar la atención a las mujeres, y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), que representa un avance en el nuevo modelo de atención integral a las víctimas.

 

La consejera de Familia, Milagros Marcos, aseguró que el protocolo supone un «hito fundamental y trascendental» en la atención a las víctimas de violencia de género porque recordó que las administraciones deben poner a disposición de las mujeres todos los medios disponibles para prestar la mejor ayuda psicológica, apoyo social y asesoramiento jurídico, además del resto de prestaciones del sistema de Servicios Sociales. «La decisión que adopte la víctima no puede estar menoscabada por la falta de recursos ni que le obligue a seguir con su agresor», precisó.

 

Marcos mencionó, por ejemplo, la adaptación de la renta garantizada de la ciudadanía a las mujeres que toman la decisión de abandonar a sus parejas, el traslado de expediente entre universidades de la Comunidad para estudiantes que sufren agresiones, la posibilidad de residir en viviendas en lugar de casas de acogida y la colaboración con empresas para facilitar el acceso al mercado laboral. La Junta aportará una subvención de 50.000 euros para el desarrollo del protocolo de asesoramiento jurídico hasta finales de año.

 

Pese a estos avances, la consejera abogó por una mayor coordinación con las corporaciones locales porque muchos ayuntamientos tienen sus propios mecanismos de actuación para abordar los casos de violencia doméstica. «Hay que evitar que la víctima acuda a varias puertas para encontrar ayuda para salir del infierno que padece», aseveró. Las mujeres podrán aclarar, de esta manera, sus dudas sobre cuestiones legales en materia civil, penal, administrativa, laboral y tributaria, entre otras.

 

De ahí que destacara el servicio de asesoramiento jurídico, que prestará Cruz Roja junto a profesionales de la abogacía especializados en materia de violencia de género, porque será una atención integral y en función de las necesidades de la mujer. La víctima podrá elegir si su caso es abordado vía telefónica o de forma presencial, en la provincia que resida o en otro lugar, en horario de mañana o de tarde. Antes, se limitaba a una hora al día lo que dificultaba, en ocasiones, la prestación de la atención. «El volumen de profesionales será en función de las necesidades», precisó Marcos.

 

Además del asesoramiento telefónico, el programa permite ampliar los puntos de atención en el medio rural con oficinas en Aranda de Duero, Béjar, Ciudad Rodrigo y Medina del Campo.

 

La Consejería será el órgano encargado de supervisar la aplicación del protocolo mientras que la FRMP lo difundirá. El presidente de la FRMP, Miguel Ángel García Nieto, reconoció que cualquier esfuerzo es poco para «erradicar esta lacra del siglo XXI» y recordó que se trata de un problema social que «afecta a todos».