El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, pondrá encima de la mesa del Gobierno, el próximo 11 de septiembre, una operación urbanística "a coste cero" para la consecución del futuro Campus de la Justicia.

Un promotor inmobiliario adquirirá la parcela de El Salvador y una parte del antiguo Hospital Río Hortega de Valladolid y se la cederá al Ayuntamiento para la instalación judicial. Lo hará gracias a las plusvalías obtenidas por el incremento de la edificabilidad del antiguo edificio de La Electra, ubicado en el Paseo de Isabel la Católica, y que pasará de los actuales 6.891 metros cuadrados a 12.819,5, con el fin de que esta firma, de la que no ha trascendido el nombre, construya viviendas y espacios comerciales, siempre con el respeto a la legalidad y patrimonio de un espacio protegido.

La operación urbanística “a coste cero” para el Ayuntamiento, que el alcalde, Óscar Puente, definió como “de ciudad y de interés en beneficio de los vallisoletanos”, concluye que el Consistorio mantendrá la propiedad del área denominada Zambrana, en la zona sur, ya que no será necesaria la permuta de terrenos con los propietarios del colegio El Salvador y Sareb, que además retirarían los cuatro recursos abiertos por lo contencioso contra la modificación del PGOU y del casco histórico.

Además, los siete millones de euros en que está tasada la parcela de Zambrana repercutiría directamente en este barrio, Aramburu-Las Viudas. No obstante, no han trascendido las cifras de la compra por parte de este promotor, tanto de La Electra como de El Salvador.

El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, reclamó “prudencia” al respecto en una operación que calificó de “complicada” y que resumió en cuatro puntos. Por un lado, recordó que ya se encuentra aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el Campus de la Justicia en la zona de San Pablo y ahora se suma un convenio con esta nueva empresa, con la que se trabaja desde hace meses, que irá a la Junta de Gobierno el 12 de septiembre. El documento pasará también por la revisión del propio PGOU y será explicado al Gobierno central en una reunión el 11 de septiembre.

En segundo lugar, Saravia destacó que, con este paso, tanto Sareb como los propietarios del colegio El Salvador retirarían los recursos judiciales, pues llegarían a un acuerdo económico con el comprador. La Tesorería General de la Seguridad Social anunció que está de acuerdo en la permuta de terrenos en Zambrana.

El tercer paso es el de La Electra, cuya parcela también compraría este promotor, siempre que se le permita alcanzar los casi 13.000 metros cuadrados edificables para uso residencial y comercial, “coherentes con el PGOU”.

Y por último, tal y como reiteraron tanto Saravia como Puente, “se matarían tres pájaros de un tiro”, pues el ahorro del Ayuntamiento, tasado en siete millones de euros -los que vale la finca de Zambrana y que ya no tendrían que permutar-, repercutirían directamente en ese barrio. “Una actuación en el centro por parte de un promotor beneficiará a un barrio, con coste cero para el Ayuntamiento y de interés general para la ciudad”, subrayó Óscar Puente, quien presumió así de la “evidencia de una política urbanística” con el equipo de gobierno anterior, “en la que el beneficiario era siempre un particular, y la actual, que lo es la propia ciudad”.

“No denostamos el convenio”. Puente justificó la firma de este convenio y rechazó que cuando se encontraba en la oposición denostara aquellos que firmaba el anterior equipo de gobierno del PP. “Nosotros rechazábamos el fondo, no el convenio. En este caso es una operación redonda para el Ayuntamiento y ya está cerrado con Sareb y los propietarios de El Salvador”, sentenció. Además, confió en que el Ministerio de Justicia acepte la opción en esta zona. “No tiene otra alternativa”, espetó el regidor, quien esperó que “haya consenso en torno a este proyecto en el Ayuntamiento, porque la condición de la oposición era que iba a costar dinero a los ciudadanos, y ahora ya no cuesta nada”, ironizó. También añadió que Justicia paga “dinerales” por los alquileres en Valladolid y de este modo “se lo ahorraría”.

Por último, Puente recordó los casos de “especulación urbanística” del anterior gobierno municipal, que “beneficiaban a un individual y nunca al Ayuntamiento, como ahora”. Se refirió a los áticos del edificio de la plaza Zorrilla, donde se permitió construir cinco áticos sobre el inmueble sin que el Consistorio “percibiera nada a cambio”. De hecho, recordó que tuvo que abonar cinco millones de euros para “reparar la legalidad”.

También habló de la parcela de la empresa Enertec, en la Avenida de Madrid, a quien se permitió recalificar suelo para construir viviendas “y finalmente cerró, con 200 empleados, sin ni un euro para la ciudad y sin construir casas”. O Panibérica, en el que el Ayuntamiento abonó 13 millones de euros porque adquirió la parcela y “no la vendió, por meterse a especular”.

También citó el caso de Las Norias, en los que la Administración local se quedó con los edificios “en ruinas a cambio de dejar construir 300 viviendas frente a Vallsur a una empresa” y que no acabó bien en los tribunales. El Ayuntamiento reclama aún seis millones de euros de devolución al respecto. Y por último, el área homogénea, en el que “el PP decidió que se podía convertir en suelo urbanizable los patatales más allá de las rondas”. Al final esos terrenos, dijo, “se los quedaron los bancos”.