El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado como imputados a nueve cargos de la Consejería de Economía y Empleo ante la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre posibles irregularidades en una veintena de contratos menores suscritos a lo largo de 2010, donde se podrían haber realizado fraccionamientos prohibidos con el fin de adjudicarlos directamente, que conllevaría un presunto delito de prevaricación administrativa, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

 

A priori, el juez no espera recabar mucha información de esta primera citación pues ha llamado a los nueve imputados en intervalos de diez minutos el próximo 24 de abril. Entre los citados a declarar figuran tres ex directores generales en aquel momento: Miguel Ángel Díez Mediavilla (Trabajo); Carlos Teresa (Comercio), Victor Valverde (Economía), de los que sólo Carlos Teresa sigue en el organigrama de la consejería pero ahora como director general de Economía Social y Autónomos. Los otros seis imputados son cuatro jefes de servicio; un coordinador y una interventora delegada de la Consejería. Estos sí que continuan en sus puestos actualmente. 

 

El juez determinará con los indicios presentados si los imputados han tramitado distintos expedientes de manera contraria a Derecho; es decir, si contratos de diferentes eventos que debían haberse ofrecidos mediante licitación pública -tal como obliga la ley al superar los 18.000 euros- han sido divididos en diferentes partes (aunque formaran un todo del mismo objeto) con el fin de que su valor fuera menor a esos 18.000 euros y poderse así adjudicar directamente.

 

Plena confianza. El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, subrayó ayer su «plena confianza» en las nueve personas citadas. «Su trayectoria personal es para nosotros la mejor garantía de que el trabajo que han realizado es riguroso, conforme al derecho y a la legalidad española y con toda objetividad», añadió.

 

El PSOE recuerda que «la denuncia política se ha reiterado tanto en la presentación del informe del Consejo de Cuentas como en ejercicios anteriores». «Ahora llega a los juzgados y veremos cuál será el resultado», declaró el secretario general del Grupo Socialista en las Cortes, de Hacienda, José Francisco Martín.

 

La investigación surge a partir del Informe de fiscalización de la contratación administrativa de Castilla y León del año 2010, elaborado por el Consejo de Cuentas de la Comunidad. En dicho documento, ya se advierte del «fraccionamiento de contratos públicos eludiéndose de esta manera los requisitos de publicidad y los reslativos al procedimiento de adjudicación correspondientes». 

 

En concreto, la auditoría cita 22 contratos de los 57 examinados, y que suman un total de 404.405,6 euros y en los que se produce la «coincidencia en el objeto de las contrataciones» siempre por debajo de los límites que obligan a realizar concursos. 

 

El informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León concluyó que al eludir la normativa de contratación «obligaría a la utilización de otros procedimientos o formas de adjudicación con publicidad y/o concurrencia». Pero no vio ni responsabilidades penales ni contables para ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o del Tribunal de Cuentas, como ha ocurrido en otros casos.

 

De esos 22 contratos señalados por el Consejo de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado documentación sobre 20 de ellos y los dos restantes, relacionados con la gestión de licencias de pesca, los ha pedido el Tribunal de Cuentas. 

 

Los contratos objeto de la investigación están realcionados con la pasarela de moda de Castilla y León, el Concurso Valladolid Moda y Arte, la campaña informativa sobre las elecciones a Cámaras de Comercio, asesoramiento legal en materia de cajas de ahorros, la coordinación de azafatas en la Feria de Muestras de Valladolid, un Congreso de Economía y premios de comercio y prevención de riesgos laborales.