La «mayor parte» de los delitos en el ámbito de los menores tienen presentes los medios digitales como el teléfono, las aplicaciones y las redes sociales. El fiscal superior de Justicia de Castilla y León, Santiago Mena, se mostró esperanzado en que este tipo de acciones descienda con la puesta en marcha de medidas como la prohibición del uso del teléfono móvil en las aulas. En la presentación de la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2022, Mena subrayó que los delitos por abusos sexuales aumentaron un once por ciento con respecto al año anterior, hasta los 61. «Agresiones que, precisó, atentan contra la libertad sexual pero también tienen trasfondo de exhibicionismo». Apuntó en este sentido que para los jóvenes cometer un acto delictivo que les satisface «se convierte en mucho más completo si se da a conocer a sus seguidores y cuanto más mejor».
En este sentido, recordó que los medios de comunicación y la sociedad comprueban que esas «auténticas barbaridades» cometidas por los jóvenes se deben colgar, de forma inmediata, en las redes sociales para que lo sepa el mayor número de personas. «Además de delincuentes, piensan lo buenísimos que son porque han hecho la mayor barbaridad para que los demás les den el 'like'», señaló.
También, hizo referencia a los asuntos de la violencia familiar, con hijos que agreden a sus padres. «Es menos el número que la aparatosidad de la naturaleza de los asuntos por generan una propagación en los medios de comunicación que generan desazón en la sociedad», declaró. El fiscal aseguró que muchos de estos asuntos se relacionan con las adicciones a las herramientas digitales, además de otras consecuencias como el bajo rendimiento escolar y el trastorno grave de sueño.
Santiago Mena ofreció, según la Agencia Ical, algunos datos recogidos en la memoria de la Fiscalía de Castilla y León como los procedimientos en material penal, que representan la actividad principal de los órganos durante 2022, cuando se incoaron 75.153 diligencias previas, 6.871 diligencias urgentes, 15.262 juicios por delitos leves, 128 sumarios y 23 procedimientos con jurado. Es decir, un volumen de 97.437 nuevos procedimientos, que supone un 9,3 por ciento más que el año anterior y un 23 por ciento por encima de 2020, aunque se observan cifras similares que en 2019, antes de la pandemia, cuando se llegó a los 95.000. Los datos, apuntó el fiscal superior, constatan que ya se ha recuperado la actividad judicial previa a la covid, por que las cifras son muy similares a las de 2021.
Más fondos
Por su parte, los grupos de las Cortes reiteraron la necesidad de contar con más medios materiales, como nuevos juzgados, y personales en la Administración de Justicia y, en concreto en la Fiscalía, con motivo de la comparecencia del fiscal jefe Santiago Mena, quien recordó que su órgano no tiene autonomía presupuestaria y ni dispone de un «céntimo» para gestionar. Todos los portavoces de los grupos mencionaron la falta de la unidad de apoyo al Fiscal Superior.