Castilla y León es una de las comunidades más envejecidas de España, una característica que no ha cambiado en las últimas décadas y que tiene su repercusión en indicadores como los beneficiarios de la Ley de Dependencia, aprobada en 2006. Su progresiva consolidación ha hecho que el número de beneficiarios en Valladolid se triplique en quince años para pasar de los 7.510 que había en 2009 a los 22.938 de finales de 2024.
Esto también ha tenido consecuencias en un sector laboral que también crece, aunque no lo hace al ritmo de los usuarios. Si se tienen en cuenta los tres últimos años, el aumento de beneficiarios en Valladolid ha sido del 15,7%, mientras que en ese mismo periodo, entre 2021 y 2024, el número de empleos directos ha crecido bastante menos: de 6.205 a 6.814, un 9,8% más, según los datos facilitados por la Consejería de Familia. Bien es cierto que esa cifra solo se refiere a trabajadores cuyo empleo está vinculado a la atención de personas con dependencia reconocida y no refleja a los que se dedican, de forma privada, a las personas que, por las circunstancias que sea, no tienen reconocida la dependencia, pero sí requieren ayuda de terceros en su día a día. También hay que tener en cuenta que hay personas con derecho a esta prestación que todavía no la reciben, aunque se trata de una cifra muy baja en Valladolid. De hecho, a finales del año pasado, de las 22.938 personas con derecho a ella, 22.926 la estaban percibiendo, un 99,95% del total, 7,2 puntos por encima de la media nacional.
No obstante, y pese al peso que ha ganado este sector en los últimos años, las trabajadoras siguen denunciando la «excesiva» precarización del mismo, con una mayoría de contratos a tiempo parcial, salarios muy modestos y exigencias que en ocasiones son importantes desde el punto de vista físico. Y todo ello, pese a que las empresas reconocen que tienen dificultades para encontrar profesionales. «Hay mucha oferta de trabajo, pero es muy precario, porque está muy privatizado, en residencias de mayores y ayuda a domicilio, y los contratos son todos a tiempo parcial, no hay jornadas completas», asegura la responsable del sector sociosanitario y dependencia de UGT Castilla y León, Pilar Gutiérrez, quien denuncia que «muchas trabajadoras no llegan a mil euros al mes». Otras, las que trabajan en ayuda a la dependencia en el ámbito rural, tienen que hacer miles de kilómetros semanales con su vehículo para completar las horas correspondientes a una jornada completa. «En esas condiciones es complicado encontrar personal», añade Gutiérrez, quien señala que los profesionales prefieren ir al sector público, donde ahora hay muchas oportunidades.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Residencias Privadas de Castilla y León (Acalerte), Diego Juez, reconoce que estos negocios «comparten con los organismos públicos» las dificultades para encontrar sanitarios. «Cada vez hay menos y se nos exige que tengan una titulación muy concreta, y está muy bien que la gente esté muy formada, pero al final son más dificultades», dice. Unos problemas que son más graves en el entorno rural.
Juez dice que se trata de un importante nicho de empleo. «Por cada residencia de cien personas se necesitan unos 60 trabajadores», explica. El responsable de Acalerte asegura que en Castilla y León, por cada millón de euros de inversión en dependencia se generan 55 puestos de trabajo. «Es una barbaridad», dice, y reclama que se incremente la financiación pública «para conseguir que los trabajadores tengan salarios más altos», si bien recuerda que las condiciones del convenio se han mejorado «notablemente» en los últimos años.
Financiación
Precisamente la financiación de la dependencia ha sido fuente de controversia en las últimas semanas a raíz de la publicación de un informe por parte de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que señalaba que Castilla y León había reducido la financiación un 6,3% entre 2020 y 2023, durante el plan de choque del Gobierno, que aumentó la financiación estatal un 138%. Sin embargo, desde la Consejería de Familia se respondió que la Ley de Dependencia exige una financiación al 50% entre Estado y comunidades y, en el caso de Castilla y León, el Estado solo aporta el 36,8%.
El portavoz de la Plataforma Social de Castilla y León, Jorge Félix Alonso, reconoce el buen hacer de la Comunidad al ser una de las tres de España, junto a País Vasco y Madrid, que simplifica en un acto administrativo el reconocimiento del grado de dependencia y la prestación a recibir, lo que reduce ostensiblemente el plazo de espera. Pero también denuncia que «las plazas públicas en residencias apenas crecen». «Lo que sí aumenta son las prestaciones económicas vinculadas, que es un dinero que te dan para que tú contrates el servicio que quieras», añade. Un dinero «muy escaso». Según los datos de la Plataforma, la cuantía media para un grado I (dependencia moderada), es de 255 euros mensuales, para el grado II (severa), 426 euros, y para el grado III (grandes dependientes), 581 euros.
El representante de la Plataforma añade que en Valladolid las plazas públicas en residencias se limitan a 1.581 personas que reciben la prestación de atención residencial. De ellas, 412 son de los centros de Parquesol y La Rubia, 506 concertadas con entidades privadas y 643 que dependen de corporaciones locales, como la Diputación o «algunos ayuntamientos que las gestionan directamente».