El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el trámite de consulta pública previa del proyecto de ley de agricultura familiar al objeto de recabar la opinión sobre el texto de cualquier persona, entidad u organización antes de redactar la norma y llevarla a las Cortes.

Se trata de una ley que será fundamental para el futuro del sector agroalimentario y para determinar las prioridades de las políticas agrarias y el tipo de explotaciones al que preferentemente deben ir dirigidas las ayudas nacionales y de la PAC. Es importante el proceso de escucha y diálogo que se ha abierto para recabar las máximas aportaciones posibles y discutirlas con el conjunto del sector, según afirma el ministro Luis Planas.

La función estratégica de la agricultura y ganadería familiares es clara, ya que, por su asentamiento en el territorio, su capacidad para ofrecer alternativas de empleo a jóvenes y mujeres y su positiva repercusión ambiental es un elemento clave en la lucha contra el despoblamiento rural y garantiza la cohesión social y territorial de las zonas donde se asienta.

La futura norma tendrá por objeto la definición e impulso de la agricultura familiar a través de un conjunto amplio de medidas que podrían, por ejemplo, priorizar este modelo en las diferentes líneas de ayudas, facilitar el acceso a la titularidad de la explotación, a la financiación o a las nuevas tecnologías, además de fomentar el relevo generacional y visibilizar el trabajo de las mujeres en la actividad agraria. Todo ello siempre con respeto a las competencias y desarrollo autonómicos. Asimismo, se modificarán otras normas relacionadas con el sector con el fin de lograr un desarrollo completo de este tipo de iniciativas desde diversas perspectivas (titularidad compartida o mejoras en el sistema de arrendamientos rústicos, entre otras).

La elaboración de esta nueva norma obedece a la necesidad de actualizar la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que supuso un hito muy destacado en su momento para modernizar el sector agrario. Si bien en el momento de su aprobación afrontó los retos de mayor relevancia para el sector, en la actualidad, transcurridos 30 años desde su promulgación, requiere de una adaptación a la realidad social, económica y normativa que además haga frente al solapamiento entre categorías jurídicas y a la dispersión normativa en este ámbito.

Tanto la Unión Europea (UE) como la Organización de Naciones Unidas (ONU) se han mostrado a favor del modelo de agricultura familiar por ser facilitador de la sostenibilidad social y económica del entorno. La ley hará frente a uno de los principales retos que tiene ante sí el sector agrario: el relevo generacional. Según los datos del último censo agrario (2020), el 41% de los jefes de explotación son mayores de 65 años. Para superar este escollo son necesarias medidas de impulso a este modelo de agricultura y ganadería.

El censo agrario indica también que en la última década se ha reducido el número de explotaciones agrarias un 7,6%, hasta situarse en 914.871. La disminución ha afectado especialmente a las explotaciones de menor dimensión, que son las que precisamente se pretende proteger.

El sector agrario está inmerso en una profunda transformación hacía unos sistemas de producción más sostenibles, tanto económica como ambiental y socialmente. Ello implica que no solo debe cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por la UE y sus objetivos ambientales, sino también lograr una actividad rentable y hacer frente a desafíos como la adaptación al cambio climático, la competencia con otros países y las necesidades de los consumidores.

En este sentido, la innovación, la digitalización y los nuevos conocimientos y técnicas disponibles, permiten lograr unas producciones más eficientes, rentables y sostenibles. Sin embargo, las explotaciones familiares, en ocasiones por su menor tamaño y capacidad financiera, pueden tener más dificultades para acometer las inversiones necesarias o beneficiarse de las ventajas que ofrecen las economías de escala. Por ello es necesario apoyar de forma diferencial a las explotaciones familiares para que puedan mejorar y aportar beneficios a la sociedad y el medio ambiente, algo que se tratará de conseguir con esta ley.

La consulta pública está disponible, hasta el día 3 de abril, en la web del Ministerio de Agricultura (mapa.gob.es).

Aprovechar el trabajo ya hecho.

Unión de Uniones, ante la consulta pública lanzada por el Ministerio sobre una futura ley «denominada de agricultura familiar», considera que se debe y se puede avanzar mucho más rápido «porque una parte del trabajo ya está hecho». La organización recuerda la profusa regulación afectante al sector agrario ya existente, por lo que la futura ley debería tener como objetivos fundamentales facilitar el relevo generacional en el sector y poner en el centro de las políticas agrarias al agricultor y ganaderos profesional. Desde ese punto de vista la organización recuerda que la Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias sigue en vigor, aunque su aplicación necesita ser actualizada al nuevo escenario social, económico y político. No obstante, para Unión de Uniones sus objetivos siguen siendo totalmente válidos. «La Ley persigue constituir explotaciones viables, establecer prioridades en las políticas agrarias en favor de los profesionales, movilizar el mercado de la tierra, facilitar el crédito y favorecer la incorporación de jóvenes al sector… lo que hay que hacer es desempolvarla, traerla al momento actual y dotarla de recursos presupuestarios», señalan desde la organización. Por eso Unión de Uniones es partidaria de actualizar la ley actual en lugar de tratar de poner en marcha una nueva posible nueva ley de «agricultura familiar, de la que no nos convence ni el nombre, porque es bastante confuso a qué se refiere y preferiríamos que, en todo caso, se denominase Ley de Agricultura Profesional y del Joven Agricultor».