¿Por qué un fiscal general del Estado borra sus correos y sus whatsApps? ¿Oculta algo? ¿Protege a alguien? ¿Ha eliminado evidencias? El informe de la UCO esta semana revelando que el fiscal general del Estado eliminó todos sus mensajes, 5.877 en total, «hasta dos veces» el pasado 16 de octubre, el día en el que el Supremo lo imputó por un presunto delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, es el último eslabón en sumarse a la sucesión de polémicas que ha jalonado la trayectoria, siempre en tela de juicio, de Álvaro García Ortiz.

El actual jefe del Ministerio Público tiene el dudoso honor de haberse convertido en el primer fiscal del Estado imputado por el Tribunal Supremo en democracia, un hecho inédito y sin precedentes en la historia judicial española.

El Gobierno, en otro movimiento también inédito, ha hecho de su situación procesal todo un casus belli, hasta el punto de que se le ha llegado a tildar de ministro número 23.

Incluso Pedro Sánchez, cuando hizo balance del curso político a finales del pasado año, empleó un posesivo muy revelador para referirse a Álvaro GarcíaOrtiz, alguien que debería ser marcadamente independiente frente al Ejecutivo. «Antes del informe de la UCO ya manifesté la confianza del Gobierno de España en su fiscal general. Después del informe de la UCO, aún más», declaró entonces, aunque esta semana optó por el silencio cuando se le preguntó que valorase el borrado de todos sus mensajes de whatsApps el día que fue imputado por el Supremo y la eliminación de su cuenta de Gmail.

Eduardo Torres-Dulce, exfiscal general del Estado, pronunció recientemente una frase muy esclarecedora que podría resumir esta situación: «Cada vez que el fiscal general del Estado o los fiscales jefes dan órdenes que evidencian la parcialidad en el proceso del Ministerio Fiscal están incumpliendo la Constitución», subrayó. 

Desde que asumió el cargo hace tres años, la polémica ha perseguido a este licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y en la Carrera Fiscal desde 1999. Llegó a la Fiscalía del Estado en julio de 2022, después de que su predecesora, Dolores Delgado, renunciara al cargo tras una operación de espalda.

Desde el principio fue visto con recelo al ser considerado como el heredero designado por la propia Delgado. Pese a todo, consiguió superar el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con 12 votos a favor frente a siete en contra, el mismo resultado que obtuvo en su momento la anterior fiscal general del Estado, aunque meses después el órgano de gobierno de los jueces, lo considero «no idóneo».

Fue otro hito inédito. Por primera vez en democracia, el fiscal general del Estado no contaba con el aval de uno de los órganos constitucionales que participaron en su nombramiento. La mayoría del Consejo del Poder Judicial consideró que no era idóneo para ejercer como fiscal general del Estado después de que el Tribunal Supremo sentenciara que incurrió en «desviación de poder» cuando ascendió a su predecesora en el cargo, la exministra y exfiscal general, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la Carrera Fiscal. Decisión que fue anulada por el Supremo.

Tras la investidura de Pedro Sánchez después de las elecciones del 23-J, el Gobierno decidió mantenerle en el cargo hasta 2027 y ha hecho una cerrada defensa de su figura en todo momento.

La ley de amnistía es otra de las razones por las que estuvo en el ojo del huracán. García Ortiz quiso imponer a los fiscales del procés aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y estos lo rechazaron por ser una orden «improcedente». Les apremió a que informasen a favor de amnistiar al prófugo y el resto de líderes del 1-O que fueron condenados por el Supremo e indultados por Pedro Sánchez, y estos le desafiaron a dar por escrito una orden «contraria a la ley».

 Además, el fiscal general se negó en dos ocasiones a informar al Senado sobre la norma, tal y como le reclamaba la Cámara Alta, alegando que podía «ser una distorsión en el debate jurídico».

También un grupo de fiscales del Supremo le criticó por «ignorar deliberadamente» la petición de «amparo institucional» de los fiscales del procés frente a las comisiones de investigación pactadas por el PSOE y sus socios parlamentarios sobre casos de supuesto lawfare.

Por su parte, el Senado, con la mayoría del PP, lo reprobó el año pasado y exigió al Gobierno su cese por sus «incumplimientos graves y reiterados» respecto a sus funciones y su «servilismo descarado».

Mensajes de WhatsApp

Para la Unidad Central Operativa de la Guardia CIvil (UCO), la falta de mensajes anteriores al 16 de octubre de WhatsApp en el terminal móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se debe, fundamentalmente, «al vaciado o borrado intencionado de todos los contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el citado día». Así lo refleja el Instituto Armado en su último informe remitido al Supremo, donde se investiga al jefe del Ministerio Público por presunta revelación de secretos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El juez instructor del caso, Ángel Hurtado, ordenó a la Benemérita recabar el tráfico de llamadas del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo, así como intentar recuperar el contenido de los WhatsApp de esos días.

En análisis previos aportados a la causa, la UCO ya indicó al magistrado que había hallado «cero mensajes» en el teléfono del fiscal general y lo achacó a una eliminación que, posteriormente, en su declaración del pasado 29 de enero, García Ortiz reconoció, aduciendo razones de seguridad. «Los datos de mi terminal son ultra sensibles», mantuvo.

En esos informes anteriores, la Guardia Civil también alertó a Hurtado de que el jefe del Ministerio Público cambió de terminal el pasado 23 de octubre, justo una semana después de que el Alto Tribunal le abriera causa. En su testifical, expuso al instructor que había renovado su teléfono unas cinco o seis veces desde que llegó a la Fiscalía General del Estado.

Ahora el Instituto Armado asegura que el cambio de terminal se produjo a las 12,38 horas del 23 de octubre, si bien matiza que los dos números asociados a García Ortiz volvieron a conectarse a ese dispositivo «durante la noche». Ya el 24 de octubre, la actividad aparece otra vez en el nuevo teléfono.

La UCO explica que «el 23 de octubre el dispositivo analizado comienza a funcionar y toda la información que contiene con anterioridad a esta fecha se considera procedente de este terminal u otros utilizados con antelación, pudiendo obtener esos datos de copias de seguridad restauradas en el móvil analizado».

De este modo, aclara que «no es posible recuperar mensajes borrados anteriores al 16 de octubre de 2024, puesto que nunca han existido en el dispositivo examinado».

Llamadas de teléfono

El 9 y el 10 de marzo de 2024 «no existen llamadas que se consideren de interés para la investigación» para la Guardia Civil, pero el 11 de marzo la UCO se detiene en su análisis en las que se intercambiaron García Ortiz y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, también imputado en el caso, entre ese día y el 12.

La Benemérita destaca que «durante esta jornada, el tráfico de comunicaciones telefónicas del fiscal general se circunscribe a las mantenidas con una única persona», Villafañe. En concreto, a las 16,53 horas, el número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado telefoneó a García Ortiz sin éxito, pero a las 18,12 éste le devolvió la llamada y hablaron casi siete minutos. Unos 20 minutos después, el fiscal general volvió a contactar con su subordinado y hablaron 55 segundos. En torno a las 21,00 horas de ese 11 de marzo, volvieron a hablar dos veces.

Cabe recordar que Villafañe fue quien el 8 de marzo requirió a la Fiscalía de Madrid toda la documentación referida a González Amador. La UCO concluyó que, como la Fiscalía General del Estado ya tenía ese material en esa fecha, la filtración de la noticia de que se investigaba al empresario por delitos fiscales -que se publicó a las 6,00 horas del 12 de marzo en eldiario.es-, tuvo que partir del Ministerio Público.

Ya el 13 de marzo, García Ortiz recibió una llamada de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, a las 20,50 horas manteniendo una conversación de cuatro minutos. La Benemérita apostilla que en ese intervalo temporal hubo «varios intentos infructuosos» por parte del jefe del Ministerio Público de comunicarse tanto con Rodríguez como con Lastra, unos hechos que, apuntan, «resultarían indiciarios de la existencia de algún tipo de suceso que afectaría a todos estos intervinientes».

Finalmente, las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil y remitidas al Supremo acreditan que, solo en la línea personal, el fiscal general registró 69 llamadas salientes y 54 entrantes entre el 8 y el 14 de marzo: un total de 123. La mayoría se produjeron desde las 20,00 horas del 13 de marzo (20) y hasta la misma hora del día siguiente (22).

Los investigadores resaltan «la extraordinaria actividad que se produce en los contactos telefónicos en esta línea la noche en la que se registró la presunta filtración investigada la causa, en comparación con otros días».

Correos de Gmail

Otro de los puntos en los que incide la UCO en la documentación que registró en el Supremo esta semana es que tampoco ha sido posible conseguir la información acumulada en la cuenta personal de correo electrónico de García Ortiz porque «ha sido eliminada recientemente», si bien apunta que «quizá se pueda recuperar».

En esta misma línea, la Guardia Civil avisa que «la restauración de datos de interés en copias de seguridad almacenadas en el servicio de Google Drive no ha sido posible debido al borrado deliberado de la cuenta de Google asociada».

La importancia de analizar este correo electrónico en la causa reside en que fue la misma a la que la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, le reenvió al jefe del Ministerio Público a las 21,59 horas del 13 de marzo los emails que se intercambió el fiscal Julián Salto con la defensa de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

Según consta en el sumario del caso, la propia Rodríguez los recibió de Salto a las 21,54 horas del 13 de marzo y ésta se los remitió a su vez a García Ortiz minutos después.

Esa noche, desde la Fiscalía General del Estado estaban intentando verificar si, tal y como publicó un diario nacional a las 21,29 horas, Salto había ofrecido un pacto al novio de la presidenta madrileña a cambio de que reconociera los delitos fiscales por los que le investigaba. Sin embargo, un correo del 2 de febrero enviado por la defensa a la Fiscalía de Madrid evidenció que fue al revés.

Como acreditó la Benemérita, García Ortiz recibió el email que contenía los datos reservados de González Amador a las 21,59 horas del 13 de marzo, exactamente 85 minutos antes de su difusión en antena por una emisora nacional. El Instituto Armado lo precisa reiteradamente: subraya ese dato como el más destacado en el informe que publicó la prensa el 25 y 26 de noviembre. «23,51 es la hora en la que se publica la noticia en la edición digital de la Ser y que contiene el correo del 2 de febrero de 2024 entre el abogado de la defensa de González Amador y la Fiscalía, siendo esta filtración la que es objeto de investigación. Reseñar que este correo fue remitido por la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, al fiscal general del Estado, a las 21,59 horas», defiende la UCO.

Seguridad personal

El Ministerio del Interior está revisando la seguridad del fiscal general del Estado tras las filtraciones de sus datos personales, según confirmaron esta semana fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Esta toma en consideración se produce después de que el propio García Ortiz remitiese  un escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad en el que advierte del riesgo que supone para su integridad personal la difusión de esta información. 

Varios datos privados fueron remitidos por el Supremo a las partes de la causa que se sigue contra él y que aparecen en informe de la UCO.

Los referidos documentos contienen información personal -números de teléfono, direcciones postales y DNI- tanto del fiscal general como de uno de sus escoltas, así como de otro fiscal, un abogado y un periodista, entre otras personas.

García Ortiz registró, además, un segundo escrito en el Consejo General del Poder Judicial en relación a la causa. El texto fue remitido a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del CGPJ.

En paralelo, la exfiscal general del Estado Dolores Delgado solicitó también al Alto Tribunal y al Poder Judicial adoptar medidas tras filtrarse su número de teléfono, en el marco del caso.

Según expone en sendos escritos, remitido uno a la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, y otro al presidente de la Sala Segunda del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, Delgado detalla que su contacto móvil, del que es usuaria como fiscal de la Sala Coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, figura en un anexo del último informe de la Benemérita publicado en relación al caso.

En este punto, denuncia que está recibiendo «reiteradas llamadas anónimas» a las que no está respondiendo, «con la consiguiente zozobra e intranquilidad a la vez que inseguridad» para su persona y su trabajo».

Por ello, la predecesora de García Ortiz en el Ministerio Público informa que se ha visto «obligada» a cambiar de terminal para preservar su seguridad y detalla, asimismo, las llamadas que aparecen reseñadas en el informe de referencia para dejar constancia de que no están relacionadas con la causa inverstigada.