Los parlamentarios del PP por la provincia de Valladolid han expresado este viernes su temor ante el hecho de que la reestructuración territorial de la Guardia Civil que prevé el Ministerio del Interior derive en cierre de cuarteles, principalmente en los pueblos más pequeños en lo que sería "un círculo vicioso" ya que son los que más necesitan la presencia del Instituto armado.
Así lo ha advertido el diputado Eduardo Carazo que ha reprochado al Gobierno de la nación que no esté siendo transparente sobre los planes y las consecuencias de la reestructuración territorial de la Guardia Civil, lo que motiva el "temor fundado" de los parlamentarios del PP al posible cierre de cuarteles en provincias como Valladolid.
"Nos gustaría que fueran claros, que fueran transparentes y que nos digan cuáles son sus intenciones", ha insistido Carazo que ha lamentado al respecto que el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, afirmase que se iban a cerrar cuarteles cuando abra el de Arroyo de la Encimienda para decir después que no iba a ser así.
Eduardo Carazo ha criticado asimismo el "caso paradigamático" del cuartel de la localidad vallisoletana de Zaratán, cuyas instalaciones están en un colegio, en lo que supone, a su juicio, otro "ejemplo palmario de las condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo" los agentes de la Benemérita.
"Nos da miedo, vistos los antecedentes de este Gobierno, que una reestructuración territorial de la Guardia Civil, que ya se ha prometido, suponga recortes para la provincia de Valladolid, maltrato y que suponga también el cierre de puestos de la Guardia Civil", ha sentenciado Carazo que ha apelado a una PNL del PP para exigir en el Congreso "que no se cierre ningún puesto de la Guardia Civil y que se mantengan con una dotación adecuada los puestos de la Guardia Civil".
Los parlamentarios del PP por Valladolid han informado al respecto de un encuentro antes de verano con los representantes de las asociaciones más representativas de la Guardia Civil que cifraron en más de cien las necesidades de más agentes en la provincia donde hay 809, según el catálogo de efectivos que no se actualiza desde 2008, de los que sólo 754 están en activo -en el caso de la Policía Nacional hay 814 agentes en activo de un catálogo de 890-.
El PP advierte también en la PNL de las consecuencias de sumar la tecnología a la atención al ciudadano y ha recordado al respecto que en el medio rural disperso viven muchas personas mayores que necesitan una atención "cara a cara" por parte de la Guardia Civil y ha reclamado además que se amplie el horario de atención en los puestos pequeños, fijado ahora a las 14.00 horas.
Paralizar el traslado de unidades de fronteras y fiscal y reforzar de manera urgente los puestos de la Guardia Civil en todas las zonas que carecen de policía local son otras de las exigencias de los 'populares' que plantean elaborar un plan de incentivo profesional y económico para los agentes que quieran ocupar puestos de baja demanda en el medio rural.
Asimismo, instan al Gobierno a utilizar urgentemente las vacantes de personas en reserva sin destino, a paralizar el desmantelamiento de unidades del SEPRONA, a aprobar en las próximas convocatorias de empleo público el número de plazas suficientes hasta cubrir las bajas existentes para la Guardia Civil y realizar las inversiones necesarias en los cuarteles de Valladolid donde el PP planteó una enmienda en los últimos presupuestos para pasar de 58.000 a 442.000 euros.
Por otro lado, Mercedes Cantalapiedra ha denunciado el aumento de la criminalidad en la provincia vallisoletana que ha cifrado en un 1,42 por ciento tras pasar de 6.648 casos de criminalidad convencional a 7.138 y ha hecho especial hincapié en el "repunte muy importante" en la cibercriminalidad.
"Se están produciendo grandes estafas para muchos ciudadanos y hoy en día con las nuevas tecnologías y todos los dispositivos que puede tener el Gobierno y que puede tener el ministro Marlaska para poder hacer frente a esta situación, no está haciendo absolutamente nada", ha sentenciado la diputada que ha advertido de que el último balance de criminalidad es "muy prepocupante para toda España, lo que pone de manifiesto la falta de eficacia de las políticas de seguridad del Gobierno de Pedro Sánchez".