Las quejas sobre las deficiencias de la estación de autobuses son una constante desde hace años. Ylas reformas y mejoras se retrasan o se limitan a meros lavados de cara. La excusa se basa en que existe un proyecto para la construcción de una nueva instalación en el nuevo complejo ferroviario. Un proyecto que acumula años de retraso, por diversos motivos, aunque pesan mucho las discrepancias políticas sobre si el proyecto será finalmente el de la integración ferroviaria o el de soterramiento de las vías de tren, que ahora se ha vuelto a poner sobre la mesa.
La explotación de la terminal vallisoletana corre a cargo de una concesionaria desde 1972, cuando se inauguró. Primero dependió del Gobierno central y en diciembre de 2014 se transfirió la competencia a la Junta. El paso de los años y el deficiente mantenimiento propicia que presente un aspecto descuidado y con muchas deficiencias. En 2015, el Ayuntamiento ya solicitó a la Junta poder ampliar una licencia de obras pendiente para remodelar más a fondo las instalaciones. Una idea que se había dejado sobre la mesa porque el Plan Rogers, vinculado al soterramiento, ya contemplaba una nueva ubicación. Esa transformación en profundidad nunca llegó porque se establecía que para financiar parte de la operación ferroviaria se recalificaría el solar actual, como suelo con uso residencial, y se crearía una gran estación intermodal en la actual zona de la estación de trenes.
Desde entonces solo se han ejecutado arreglos puntuales, como los de los baños, tras las denuncias aparecidas en los medios de comunicación. Pero en los últimos meses el PSOE de Valladolid ha vuelto a la carga con una campaña de denuncias continuadas sobre el mal estado, que se han ampliado con otras que apuntan a que la Junta nunca ha cobrado el canon de la concesionaria o que no ha realizado inspecciones en los últimos 13 años, ni ha impuesto sanciones desde hace 35. Una denuncia que rebatió el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que apuntó que en los últimos cuatro años se han cobrado 12.332 euros por ese canon.
Esto ha situado a la infraestructura en el centro de una batalla política. La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, apunta al proyecto de nueva instalación y culpa del retraso al Gobierno central. De hecho, fue una de las primeras peticiones que realizaron al exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, cuando Pedro Sánchez le nombró ministro de Transportes y Movilidad. «Entiendo que como gran conocedor de esta actuación en su etapa como alcalde pondrá todo de su parte para iniciar ahora rápidamente y no poder retrasar más las obras de la nueva estación», ha afirmado en concreto González Corral, que ha asegurado que la Junta de Castilla y León está «deseando» empezar las obras de la nueva estación de la capital.
Un argumento que recuperó esta semana cuando la consejera solicitó al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, que libere los terrenos que de los antiguos talleres de Renfe y los ponga a disposición de la Sociedad Alta Velocidad para «poder ejecutar la nueva estación de autobuses de Valladolid», prevista en el convenio de la integración ferroviaria, que se firmó en 2017.
El Ayuntamiento.
Una batalla en la que se ha implicado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. El regidor avaló la gestión de la Junta y aseguró que la Administración regional trabaja por un uso adecuado de las actuales instalaciones, mientras que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad da los pasos oportunos para la construcción de la nueva. Aunque, de momento, solo se conocen las infografías, pero no hay plazos concretos.