Años de debates y anuncios, de proyectos y trabajo, de promesas sin realidades. Esta es la situación del transporte metropolitano en Valladolid, una idea que ya debería estar en marcha, pero que sin embargo se plantea como un propósito para esta legislatura. A pesar de que no es fácil cambiar un modelo de transporte interurbano radial por otro zonal que interconecte de forma mucho más permeable la capital con más de una veintena de localidades situadas en el alfoz, la Junta de Castilla y León debe acelerar un proceso que ya se está haciendo eterno. La Consejería de Movilidad anuncia para este mismo año la aprobación del anteproyecto (ya lo comprometió para 2023 y seguimos sin ello), que luego debe ser sometido a las aportaciones de ayuntamientos, diputación, operadores y ciudadanos antes de elaborar los proyectos de explotación que marcarán las bases de licitaciones de los nuevos contratos. Un largo camino que ya lleva años de retraso y que ahora los responsables autonómicos fijan en esta legislatura para que se ponga en marcha.
Corro el peligro de repetirme, pues en los últimos dos años es la tercera vez que dedico mi carta a este asunto, que considero primordial a estas alturas del siglo XXI. La interconexión entre la ciudad y los municipios del alfoz, varios de ellos con más de 20.000 habitantes como Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda, es algo que beneficia a todos y que no puede esperar muchos años más. Hay que mirar hacia otras grandes ciudades y su funcionamiento para tomar ejemplo de las ventajas que ofrece un transporte público moderno y eficiente, que aporta grandes ventajas tanto a los servicios (comercio, hostelería, etc.) de la capital como a la actividad cultural, comercial o de ocio de los pueblos del entorno. Las carencias actuales en la movilidad de los habitantes de Zaratán, Cabezón, Boecillo, Fuensaldaña o los ya mencionados deben solucionarse con mejores servicios y mayores frecuencias, lo que sin duda evitaría también el uso del vehículo privado con sus beneficios medioambientales, económicos y de muchos otros tipos.
El proceso es complejo, nadie lo discute, pues necesita poner de acuerdo a los 25 municipios que integran la Mancomunidad de Interés General (MIG), a quien posteriormente la Junta delegará las competencias en transporte, para aprobar un proyecto que satisfaga los intereses de todos. Evidentemente, además de cuadrar un mapa y unos servicios básicos, habrá que tener en cuenta la financiación. Aunque la Junta corra con una mayoría del dinero necesario para poner en marcha el transporte metropolitano, los ayuntamientos deberán realizar sus aportaciones en función de sus habitantes y las frecuencias y líneas necesarias para atender a sus vecinos. Y todos deben estar dispuestos a destinar una parte de sus presupuestos a sufragar los gastos que genera este servicio, que no puede correr totalmente a cargo de la Junta ni del Ayuntamiento de la capital. Cada uno debe arrimar el hombro, como ya hacen actualmente algunos municipios como Simancas, que mantiene un convenio con Auvasa que le cuesta medio millón de euros anuales, La Cistérniga y otros.
Otro de los retos que se debe aclarar a lo largo de este periodo de tramitación es la gestión de este transporte metropolitano. Parece claro que debería ser la Mancomunidad de Interés General quien asuma la dirección de esta iniciativa, aunque habrá que estudiar otras fórmulas como la creación de un consorcio o algunas que ya funcionan en otras grandes ciudades españolas. Sea cual fuere, no hay alternativa, el futuro debe protagonizarlo un transporte limpio, público e intermodal y para ello las administraciones públicas deben trabajar seriamente y deprisa y la sociedad tiene que asumir los compromisos medioambientales y aportar su granito de arena para mejorar la movilidad, no solo en el núcleo urbano de la capital sino también en los municipios del alfoz, que en muchos casos no son más que una prolongación de la capital.
Quiero finalizar recordando que ocho de cada diez habitantes de la provincia residen en la capital o una de las quince localidades más cercanas, lo que supone más de 400.000 de los casi medio millón totales, lo que da idea de la dimensión e importancia de encontrar una solución de futuro que resuelva el transporte público en todo ese área metropolitana que comparte servicios, ocio y trabajo. 
Más aún cuando la zona de bajas emisiones entrará en servicio durante el segundo semestre de 2024, lo que reducirá aún más la posibilidad de circular con los vehículos privados de combustión por la almendra central de la capital y obligará a reforzar los servicios de Auvasa. 
Por ello, señores políticos, no se duerman, es hora de trabajar en serio y sin más demoras, no se puede seguir dando 'patadas hacia delante' a un asunto que debe marcar la relación del alfoz durante las próximas décadas. Avancemos juntos, encontremos consensos y seamos generosos en la búsqueda del bien común de todos los vallisoletanos, pues el crecimiento de la capital y su entorno está en juego con la puesta en marcha de unos servicios de calidad como éste.