Los educadores del Centro Regional Zambrana, dependiente de la Consejería de Familia y destinado al internamiento de jóvenes infractores (de entre 14 y 21 años) por orden judicial, anunciaban el pasado mes de junio, durante una concentración de protesta, que darían una «tregua» a la nueva empresa que iba a asumir la contrata de gestión desde el 1 de julio, a la espera de comprobar si la situación mejoraba tanto a nivel de seguridad como de conflictividad y, en general, de condiciones laborales. Pesaba el serial de agresiones que arreció especialmente desde el verano de 2023, coincidiendo con un aumento del número de internos (sobre todo de bandas latinas) que derivó en una acumulación de bajas que llegaron a afectar a un tercio de la plantilla, sin que se cubrieran todas; pero decidieron dar «unos meses de margen». Y aunque el invierno ha llegado sin que se convocaran más protestas en la calle, el pulso lo mantienen ahora, sobre todo, con denuncias ante el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), la Inspección de Trabajo (al menos ocho, contando dos de la semana pasada) y los juzgados.

De hecho, sostienen que «siguen sin cumplirse los ratios mínimos de educadores fijados por contrata salvo en días puntuales, con turnos en los que hay 15 cuando debería haber al menos 19». Aún hay «en torno a una decena de bajas» y «se han seguido produciendo agresiones», aparte de que, dentro de los problemas derivados del cambio de empresa, destaca que se les reclamen horas «ya realizadas en el primer semestre de 2024» con la empresa saliente (Grupo 5) que a la nueva (Meridianos) «no le constan».

El conflicto que ya está en vía judicial es el de presuntos impagos de Grupo 5 en la liquidación de su contrato de gestión que «tampoco reconoce» Meridianos. Los conceptos sin abonar serían vacaciones no disfrutadas y licencias denegadas de 2023, horas de formación y extras no compensadas de 2023 y 2024 o nóminas «mal pagadas»; hasta sumar una deuda que «en el caso de algunos trabajadores ronda los 800 euros». En UGT tienen constancia de «al menos una decena de afectados» que reclaman el «reconocimiento y pago o la compensación de todos los derechos anteriores a la subrogación, que deberán ser disfrutados con la nueva empresa o abonados por la saliente». El asunto pasó por el Serla en septiembre sin que se alcanzara ningún acuerdo, de ahí que hayan presentado denuncias individuales ante los juzgados. Meridianos no compareció «a pesar de que también estaba denunciada como empresa entrante», según UGT, y por parte de Grupo 5 «se presentaron dos procuradoras con la indicación de no conciliar nada». «Llevábamos todas las pruebas que acreditaban todo lo adeudado y aun así, los trabajadores vemos una vez más negados nuestros derechos y teniendo que ir a juicio para que nos paguen lo que es nuestro», añaden.

En paralelo, los educadores han denunciado ante la Inspección que hayan vuelto a tener que acompañar a internos de bandas latinas en salidas fuera del centro «sin las medidas de protección adecuadas». «Un riesgo para nuestra integridad, como así hemos comprobado no hace mucho», aseguran, por agresiones o intentos de agresión entre jóvenes por encontronazos y ajustes de cuentas durante dichas salidas. Asimismo, advierten falta de seguridad en ciertas unidades del centro donde los educadores se quedan «solos» con los internos,«sin personal de seguridad asignado».

En manos de la Inspección están además modificaciones de cuadrantes y turnos de personal que, según UGT, se llevan a cabo «sin los cinco días de preaviso que prevé la ley, la víspera o dos días antes, como en Año Nuevo»; o la «realización de actividades de formación fuera de jornada o en horas de descanso».

También han denunciado la «denegación sistemática de días de asuntos propios aludiendo a causas organizativas o a que están los cuadrantes cerrados», o «problemas» para cogerse vacaciones pendientes de 2023 y 2024 por parte de trabajadores que no las disfrutaron en su momento por estar de baja.

Falta de material y contagios de sarna

Los educadores han advertido incluso de dificultades para acceder a material básico como bolígrafos, tóner o folios durante «semanas», y «protocolos de enfermedades infectocontagiosas que no han funcionado en el centro, terminando con trabajadores contagiados por sarna». Dos cuestiones que fueron abordadas en las Cortes el 5 de diciembre, durante una Comisión de Familia en la que el Grupo Socialista se hizo eco de tales quejas, junto con buena parte de las anteriores. Aquel día, la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Álvarez, aludió a mejoras implementadas en el centro durante los últimos meses y a la apertura de un «expediente de penalizaciones» a la anterior adjudicataria, mientras los educadores sostienen que siguen sin cubrirse todas las bajas. La última palabra, en cualquier caso, una vez las quejas se están traduciendo en denuncias, la tendrán los juzgados y la Inspección de Trabajo.

EN BREVE

Más inversión «sin resultados»

La nueva contrata de gestión del Zambrana, vigente desde el pasado 1 de julio, cuenta con un presupuesto anual de más de cuatro millones que supera en torno a un 20% el anterior; y los educadores, a través de UGT, admiten el «esfuerzo económico de la Junta», pero aseguran que «no se está traduciendo en mejoras». También se hizo efectivo el relevo en la dirección, con la salida de Francisco Javier Fernández de la Reguera (la reclamaron ellos e incluso el PSOE en las Cortes) y la entrada de Ana Lasalle, jurista de Instituciones Penitenciarias del Estado durante 17 años y técnico asesor de la Junta los 13 previos al Zambrana; pero los educadores dicen que «no atiende las quejas por considerar que son cosa de la empresa», mientras arrecian críticas por supuesta «falta de control y fiscalización de la gestión por parte de la Junta».

-Efectivos: Los educadores dicen que «siguen incumpliéndose los ratios mínimos de personal por turno fijados por contrato, «salvo días puntuales».

-Seguridad: Denuncian que siguen sucediéndose agresiones a educadores, que permanecen «solos en ciertas unidades, sin personal de seguridad asignado»; y acompañan a internos en salidas del centro «sin seguridad». Afirman que actualmente tienen «una decena de bajas en plantilla».

-Organización: La empresa nueva, según UGT, reclama horas de trabajo «ya realizadas con la anterior» en 2024 pero que dice que «no le constan», y«cambia turnos sin respetar tiempos de preaviso, entre otras irregularidades»