La Policía Nacional investiga en Valladolid a once responsables, administradores y comerciales, de empresas de venta a domicilio de colecciones editoriales por la suscripción de contratos de financiación para la adquisición de las mismas bajo engaño y, en algunos casos, coacción.
La investigación se iniciaba tras la interposición de varias denuncias que relataban el mismo modus operandi. Los denunciantes recibían en sus domicilios visitas de comerciales que vendían colecciones de libros y productos del hogar. Todas las víctimas resultaban ser personas de avanzada edad que, aturdidos por las agresivas técnicas de venta de los comerciales, acababan comprando colecciones de libros y aparatos de hogar a precios muy elevados.
El pago se efectuaba mediante financiación, gestionada por los propios compradores. Estos mismos vendedores se personaban meses después en los domicilios, manifestando a los perjudicados que con la firma del contrato anterior se comprometieron a la compra de otra nueva colección, viéndose obligados a adquirirla y solicitar una nueva financiación.
Las víctimas accedieron a la compra de diversas obras literarias, convencidos de que estaban adquiriendo una colección de un alto valor económico, apoyando dicha convicción en la entrega de un acta notarial en donde constaba reseñado y acreditado por un notario que esa colección tenía un precio determinado o que correspondía a una colección exclusiva de la cual se habían fabricado pocos ejemplares, siendo en realidad estas copias de fragmentos de actas de manifestaciones carentes de valor legal. Con la aportación de esta documentación notarial les hacían creer que esas publicaciones tenían avalado su valor por el Ministerio de Educación y que podrían revenderlas por un precio bastante superior.
Posteriormente se personaba en los domicilios un representante de una persona interesada en la compra de las colecciones adquiridas, por un elevado importe, firmando con ellos un contrato simulado de venta. Tras este intento de compraventa, contactaba con las víctimas, una persona que decía ser empleado de un despacho de abogados, que les indicaba que tramitarían las gestiones necesarias para que no se volviera a poner en contacto con ellos ningún comercial más, para obligarlos a comprar nuevos efectos, solicitándoles un nuevo pago para llevar a cabo dichas gestiones.
Todos estos hechos pusieron a los perjudicados en una situación de vulnerabilidad extrema, pues entregaron todo el dinero que tenían a estas personas, quedando sin ningún tipo de ahorro y con financiaciones de compras anteriores pendientes, habiendo sido necesario en alguno de los casos el apoyo de asistencia social para poder sobrevivir.
Existen cientos de denuncias e investigaciones, repartidas por todo el ámbito nacional, en las que se investigan hechos idénticos en fondo, modo y forma en los que se encuentran implicadas las empresas y personas identificadas en esta investigación llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid.