La Junta de Castilla y León adelantó en marzo de 2022 su intención de que una única empresa gestionará el transporte en autobús en el alfoz. Casi dos años después esta idea sigue sobre la mesa, con muchas de las concesiones caducadas. La consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María González Corral, justifica esta demora en la complejidad de la reordenación del mapa del transporte metropolitano, en una Comunidad Autónoma con 2.248 municipios.
«La Junta de Castilla y León está trabajando en el nuevo sistema de transporte público de viajeros por carretera. Este se plantea mediante una configuración zonal, por lo que los servicios de comunicación de las áreas metropolitanas de la Comunidad se adaptarán a esta premisa», asegura la directora general de Transporte y Logística, Laura Paredes Aparicio.
En el caso de Valladolid, la Consejería de Movilidad ya se ha reunido con el Ayuntamiento de la capital, que juega un papel fundamental porque es la cabeza visible de la Mancomuniad de Interés General (MIG), integrada por 25 localidades de lo que se conoce popularmente como alfoz y que encaja en esa configuración zonal. De hecho, de la reunión mantenida este miércoles con el concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha salido la idea de elaborar un plan integral de movilidad de este área. Un en cargo que asumiría el Consistorio vallisoletano, que ya tenía idea de actualizar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura (PIMUSSVA) de la capital, que se aprobó en 2021.
Precisamente ese plan, aportaba algunos datos de la movilidad entre la ciudad y los municipios del alfoz. Algunos tan llamativos como que Zaratán suma casi el mismo número de desplazamientos en vehículo privado a la zona centro como Laguna de Duero, con mucha más población. El estudio que ahora se plantea hacer sería pues un paso previo para decirdir si se lleva a la práctica la unificación de todas las concesiones de transporte del área metropolitana, que actualmente son nueve.
Esto también conlleva, tal como avanza Gutiérrez Alberca, la necesidad de que la MIG pida las competencias de movilidad al Gobierno regional, al igual que hizo con las de recogida y gestión de residuos. La cesión de las mismas sería dar un paso clave para mejorar el servicio de transporte con marca 'Transporte Metropolitano de Valladolid', que agrupa a 15 municipios de la primera corona del área metropolitana: Arroyo, Boecillo, Cabezón, Cigales, Fuensaldaña, La Cistérniga, Laguna, Mucientes, Renedo, Santovenia, Simancas, Tudela, Valladolid, Villanubla y Zaratán. La oferta actual está pendiente desde hace casi una década de la ampliación a la segunda corona', que conforman Aldeamayor, Castronuño, Ciguñuela, Geria, La Pedraja, Robladillo, Valdestillas, Viana, Villanueva y Wamba. Es decir, el equivalente a la Mancomunidad de Interés General.
Otro planteamiento es el que ya defendió el alcalde de Valladolid durante la constitución del nuevo plenario de la MIG, apostar por el transporte metropolitano. La opción que barajaba era la de ampliar el servicio de Auvasa a otros municipios, aunque eso implica que esos ayuntamientos deberían pagar un parte del servicio a Valladolid, previa autorización de la Junta, como ya hacen Simancas y La Cistérniga.
deficiencias. Una oferta que parece insuficiente para cubrir las demandas de una población que ha crecido mucho en los últimos años. De hecho, las quejas de los alcaldes y los usuarios de este servicio son reiteradas. La última conocida es la de los usuarios de la línea Tudela de Duero, gestionada por Linecar. A principios de año denunciaron los problemas continuados, con inconvenientes como que el bus de refuerzo de primera hora de la mañana no cuenta con máquina expendedora de billetes.
Desde la Consejería se explica que la explotación de los nuevos servicios que compondrán el mapa de transporte público de titularidad autonómica, quedará recogida en los anteproyectos, que incluirán, desde la configuración topológica (paradas, itinerarios, líneas…) a los calendarios, pasando por los vehículos, los recursos humanos (conductores, acompañantes…), la tecnología (onboard y offboard) o la viabilidad económico-financiera, entre otros elementos.
Desde el Gobierno regional recalcan que ya están trabajando en esos anteproyectos. «Tenemos previsto presentarlos a lo largo del presente ejercicio, después se someterán a información pública y, posteriormente, una vez evaluadas las aportaciones recibidas por parte de ayuntamientos, diputaciones, operadores, sector empresarial y ciudadanía, se trasladarán a los proyectos de explotación que marcarán las bases de las licitaciones de los nuevos contratos», detallan. «Queremos lograr, entre todos, un sistema de transporte lo más consensuado posible y capaz de dar respuesta a las necesidades de la población», apuntan.
alegaciones. En la exposición pública del mapa de transporte que se aprobó en 2022, las empresas concesionarias presentaron alegaciones en las que cuestionaban la viabiliad económica de los contratos, pero también la unificación de las concesiones por zonas, ya que estimaban que se limitaba la competencia, y el incremento de los servicios del transporte a la demanda.
La Asociación Empresarial Vallisoletana de Transporte de Autobús apuntaba que en relación con las áreas metropolitanas debería reconocerse la «necesidad de la colabración pública-privada, así como la aplicación de los requisitos de sostenibilidad presupuesataria en el caso de gestión directa».
Por su parte, desde CEOE se critaba la reducción de las concesiones previstas en el mapa, que ahora se pretende revisar. Los empresarios del transporte entendían que la unificación de concesiones por zonas, así como los requisitos técnicos y económicos que se exigirán, podrían favorecer la entrada de grandes empresas del sector a nivel nacional y la desaparición del 75% de las locales.
En las propuestas de la patronal vallisoletanatambién se pedía que en la regulación que ahora se prepara se incluya expresamente que el plazo de duración de las concesiones será de 10 años, y que puede ser prorrogado hasta los 15. Además, la patronal pide al Gobierno regional que «minimice» el impacto económico de las «grandes y cuantiosas» inversiones a realizar por las empresas en la renovación y compra de la flota de vehículos nuevos.
Sobre la mesa también estarán las tarifas. En este punto, los empresarios piden que el coste de las tarifas sociales y otras ayudas en función de la renta personal y familiar no sean asumidas por la empresa concesionaria de transporte. «La adminsitración debe establecer fórmulas para compensar al concesionario de este tipo de ayudas sociales», reiteran.
Desde la Asociación Nacional de Empresarios del Transporte en Autocares (Anetra) se cuestionan las concesiones zonales porque entienden que suponen cerrar el transporte de una zona durante un plazo fijado en la concesión. «La justificación de la zonificación de las concesiones zonales no resulta desde el punto de vista de la competencia en el mercado, ni razonada, ni razonable, ni proporcionada», apuntan.
proyecto. La intención de que sea la Mancomunidad de Interés General la encargada de la gestión del transporte del alfoz no es nueva. Ya en el año 2019, el entonces consejero del área, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguraba que estaba inmersa en la elaboración de un nuevo mapa del transporte metropolitano para adaptarlo a la nueva realidad de tráficos entre las localidades e iniciará la renovación de las concesiones, algo que de momento no se ha cumplido.
La intención que maneja tanto la Junta, como el resto de municipios es que el Área Funcional Estable de Valladolid se encargue de todo el transporte, incluido el servicio de taxi. Una iniciativa compleja, que no se puede aplicar a corto plazo, ya que la tramitación para aprobar los anteproyectos que desarrollen el mapa del transporte metropolitano pueden prolongarse.
Además, los ayuntamientos han manifestado sus dudas con respecto al nuevo servicio, ya que desconocen, al menos por el momento, qué administración se hará cargo de los sobrecostes actuales que sufragan por las mejoras del servicio.