Seis meses de tramitación y duros debates parlamentarios, con variados informes jurídicos de por medio y hasta con un conflicto de atribuciones entre las Cortes Generales. Ese podría ser el resumen de la evolución de la amnistía como ley, cuya aprobación definitiva se hará realidad previsiblemente esta semana.

El Pleno del Congreso acogerá el próximo jueves el último debate sobre la proposición de ley de amnistía, que fue vetada por el Senado hace dos semanas. Para ello, para levantar este bloqueo y poder dar luz verde a la norma, el PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios tienen que reunir un mínimo de 176 votos. Si lo logran, el texto se enviará al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y en ese momento su aplicación quedará en manos de los tribunales.

Esta normativa para amnistiar a los implicados en el proceso independentista catalán nació de los pactos que los socialistas sellaron con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La iniciativa fue registrada en solitario por el PSOE el 13 de noviembre del año pasado y, aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, no será realidad hasta más de seis meses después. Si no hay sorpresas de última hora, será la segunda ley que apruebe el Parlamento desde la llegada del Ejecutivo en diciembre.

accidentada tramitación. Durante su recorrido en la Cámara Baja, el texto sufrió varias modificaciones en virtud de los acuerdos que los socialistas fueron alcanzando con los independentistas catalanes y que fueron recibiendo el apoyo del resto de socios parlamentarios.

Tras su primera fase de debate en la Comisión de Justicia, la iniciativa fue elevada al Pleno el 30 de enero, pero el voto en contra de Junts impidió que se mandara al Senado. Los de Carles Puigdemont forzaron su vuelta a la comisión ante la negativa del PSOE a aceptar sus enmiendas sobre los delitos de terrorismo y traición y tuvieron que buscar un nuevo pacto.

El acuerdo final en el Congreso se alumbró el 14 de marzo y la ley se envió a la Cámara Alta. El PP usó su mayoría absoluta para impulsar una modificación reglamentaria que le permitió retener allí la norma dos meses, el máximo fijado por la Constitución, pese a resolverse por el procedimiento de urgencia. Además, el Senado inició los trámites para plantear un inédito conflicto de atribuciones contra la Cámara Baja por considerar que la futura regla suponía una reforma constitucional encubierta, aunque finalmente los populares han desistido de llevar el asunto al Tribunal Constitucional.

Así las cosas, hace apenas 15 días, el Pleno del Senado vetó la ley y la devolvió sin incluir modificaciones al Congreso, que volverá a debatirla el jueves en una sesión monográfica, en la que los portavoces de los grupos contarán con un total de siete minutos para intervenir y lo harán de menor a mayor.

En los debates de las normativas que regresan no es habitual que participe el Gobierno aunque, como el Reglamento permite a los miembros del Ejecutivo intervenir siempre que quieran, esa opción siempre está ahí. Además, es previsible que los de Alberto Núñez Feijóo soliciten que la votación sea nominal, es decir que cada una de sus señorías tenga que decir en alto el sentido de su voto, puesto que así lo hizo en las cuatro ocasiones anteriores.

Para levantar el veto del Senado, el Gobierno requiere mayoría absoluta, un mínimo de 175 votos. Y dado que el PP, Vox, UPN y CC suman 172 sufragios en contra, el PSOE y sus aliados no pueden permitirse errores ni ausencias.

en plena campaña. Después de arduos debates en las dos Cámaras, el Gobierno sacará adelante esta iniciativa en plena campaña para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Se trata de la segunda ley que aprueba el Ejecutivo de coalición en esta legislatura tras la de Enseñanzas Artísticas Superiores y después del varapalo que recibió la semana pasada por parte de sus socios de Gobierno, que le impidieron tramitar la ley contra el proxenetismo y la del suelo.

Habrá que ver cómo afecta la norma a la relación de Moncloa y los independentistas. De momento, ERC y Junts han advertido que el perdón al procés no es el punto final, sino el de partida para sus reivindicaciones.