Valladolid volverá a recuperar la tasa de basuras nueve años después de su derogación. El Ayuntamiento ya trabaja en la futura ordenanza que regulará este nuevo tributo municipal, que será obligatorio en todos los ayuntamientos españoles en 2025, según fija Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. 
La filosofía para respaldarla está marcada por las directivas de la Unión Europea donde se exige que quien contamina paga. Por un lado, los ayuntamientos deberán conseguir que este tributo se ajuste al coste real del servicio municipal de recogida, gestión y tratamiento para que la recaudación lo sufrague íntegramente. Además, deberá incentivar la reducción del volumen de los residuos generados por los vecinos y conseguir que se separen bien en origen. Estos objetivos son prioritarios, según la Directiva Marco de Residuos, que fija que en 2035 se debería alcanzar un 65% de preparación para el reciclaje y reutilización.

En el caso de Valladolid, el Ayuntamiento tiene implantado un sistema de contabilidad analítica, de donde puede extraer el importe real del coste de este servicio.  Actualmente se trabaja sobre la base de los 13,4 millones de euros que costó en 2022, último ejercicio aprobado. Una cifra que se ha actualizado aplicando el 3,1% del IPC con que se cerró el ejercicio de 2023, lo que elevaría la factura final hasta los 13,84 millones de euros.  Una cantidad que un informe del interventor municipal eleva todavía más porque incluye el impuesto al depósito de residuos en vertedero y  la incineración de residuos establecido por esta Ley, que entró en vigor el año pasado, con una estimación de coste para las arcas municipales de 4,6 millones de euros. Eso supone que supuso un gasto global para las arcas municipales de 18,4 millones de euros.

Recibo medio

Con estas cifras en la mano y utilizando los datos del censo de población y vivienda de 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se contabilizan 127.185 hogares en la capital, se podría hacer una previsión  de que un recibo medio rondaría los 100 euros. Una cantidad muy similar al importe de las facturas que se abonan en otras capitales, que fueron de 92,8 euros anuales por hogar en 2023, según se refleja en e informe 'Las Tasas de Residuos en España en 2023' de la Fundación ENT. Unas cantidades que se elevan sustancialmente en el caso de los propietarios de negocios, oficinas y empresas.

Esta cantidad es una aproximación porque, de momento, la Concejalía de Hacienda no ha tomado ninguna decisión. Se está trabajando en la definición del nuevo tributo y para eso se ha encargado un informe para estudiar las distintas fórmulas que se utilizan en otras capitales, como confirma su responsable, Francisco Blanco.

De hecho, Valladolid era una de las pocas grandes ciudades que no cobraba por este concepto desde que en 2015 el alcalde socialista Óscar Puente elimanara la tasa que aprobó en 2012 su antecesor, León de la Riva. Su creación desató entonces una tormenta política y una cascada de reclamaciones, que finalmente rechazó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En ese periodo se llegaron a recaudar unos ocho millones de euros cada año. 

En la actualidad este tributo está muy generalizado, aunque en la mayoría de los casos no responde a los criterios que ahora se  imponen desde la Unión Europea. Así, en  muchos casos se opta por cuotas fijas, sobre todo en los municipios más pequeños, y no se tiene en cuenta la cantidad de residuos generados. Este puede ser el caso de Arroyo de la Encomienda, donde este año rondó los 55 euros, mientras en Medina del Campo se quedó en los 50, muy similar a Simancas.

Otros ayuntamientos se decantan por fijar cuotas en función de variables que permitan discriminar entre hogares, por ejemplo: la localización de la vivienda de acuerdo con la tipología de la calle, el valor catastral, el consumo de agua  o la superficie de la vivienda, entre otros. Así, consistorios como el salmantino o leonés ha decidido  fijar la cuota en función de la categoría de la calle, mientras en Burgos se toma como referencia el valor catastral de las viviendas.

La nueva regulación mediante ordenanza fiscal también podrá  incentivar las buenas prácticas y la mejora de la eficiencia económica en la gestión de residuos con  exenciones, bonificaciones y reducciones de tarifas.  En otras capitales los descuentos se fijan para familias numerosas, para hogares donde haya algún discapacitado, para pensionistas con bajos ingresos… Otros aplican bonificaciones por criterios medioambientales: descuentos para quienes acrediten usar puntos limpios, por ejemplo.

En términos globales, la planta de tratamientos de residuos de Valladolid trata anualmente unas 179.000.000 toneladas de residuos al año. Actualmente, se están ejecutando las obras de mejora y ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR), con un coste de ejecución material de 43 millones de euros. Con esta actuación se trata de solventar las diversas carencias que estaban condicionando el tratamiento provincial de los residuos domésticos. Por un lado, los equipos de proceso han llegado al final de su vida útil, después de prestar servicio durante 22 años y haber procesado más de tres millones de toneladas de residuos. 

Además, la obra mejorará la vigencia tecnológica del tratamiento, que redundará en mayores recuperaciones de materiales y menor uso del depósito en vertedero. Eso implicará que la renovación permitirá el cumplimiento de la legislación vigente y de los exigentes «hitos» que la Unión Europea plantea en el tratamiento de los residuos domésticos.