El Grupo Socialista sumó hoy a toda la oposición en el pleno de las Cortes para exigir a la Consejería de Educación que abone antes del 15 de febrero los gastos de funcionamiento pendientes de 2023, algo que rechazaron los representantes de PP y Vox, socios de gobierno en la Junta, que defendieron que la cantidad comunicada inicialmente se ajustó a la evolución de los precios energéticos, al tiempo que añadieron que no existen deudas con los proveedores.
La proposición no de ley fue rechazada en sus cuatro puntos por la mayoría absoluta de 'populares' y Vox, mientras el resto la respaldó. El proponente, Fernando Pablos, defendió la iniciativa ante la situación "gravísima" generada en los centros educativos y que recordó se ha recogido en diferentes medios de comunicación. Además, confió que no tengan problema de pagar las cantidades pendientes, aunque sea "a rastras", quienes presumen de tener superávit.
Asimismo, Pablos acusó a Educación de emitir unas instrucciones por las que los centros tendrán que pedir autorización a las direcciones provinciales para acometer obras menores y adquirir material de poca cuantía, cuando hasta ahora tenían "autonomía". Además, les llamó "malos gestores", porque aseguró se les ha olvidado de renovar los contratos energéticos, lo que ha llevado a algún instituto a pagar la "barbaridad" de 23.000 euros en diciembre. También, denunció que la Junta tiene pendiente de pago gastos de itinerancia de noviembre, gratificaciones extra del Plan de Éxito Educativo y dietas por las oposiciones del pasado mes de junio.
La 'popular' Carmen Sánchez Bellota calificó de "crítica destructiva" la iniciativa socialista y aseguró que no permitirán que traten de "tirar por tierra" los éxitos de la educación. Aclaró que en 2023, la Junta ajustó la previsión inicial de los costes energéticos al moderarse los precios y defendió que los centros deben ejecutar su presupuesto bajo los principios de "eficacia" y "eficiencia" sin acumular fondos de un ejercicio a otro.
En nombre de Vox, Ana Rosa Hernando pidió a la oposición que no pierdan el tiempo en "memeces" porque aseguró que ningún colegio o instituto va a cerrar por falta de fondos. Además, argumentó que el centro, a través de su director, es el responsable de la "autonomía" de la gestión con los fondos transferidos y añadió que las cantidades libradas han sido "suficientes" para atender las necesidades, ya que aseguró no existen deudas con los proveedores.
Por parte de Soria YA, Ángel Ceña respaldó la demanda socialista porque se trata -dijo- de cumplir un decreto de 2002 y exigió que se terminen estas "tardanzas" de forma "tajante". Además, denunció "recortes" que afectan a cuestiones como la compra de material fungible o a las revisiones de instalaciones de la Formación Profesional. Esto, añadió, supone una gestión "deficiente" y pidió explicaciones a los socios de gobierno.
Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, ironizó con que la Junta presuma de los éxitos en el informe PISA, cuando sus resultados -dijo- han empeorado en los últimos años, por lo que exigió que "paguen" las cantidades pendientes. Además, el procurador de Unidas Pablo Fernández apoyó la iniciativa y criticó que se riegue con fondos a la educación privada mientras se perjudica a la pública. "Cumplan con su obligación", dijo.