El Congreso ha aprobado este jueves 18 de enero, en pleno extraordinario, la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido', por 312 votos a favor, y 32 en contra, de los diputados de Vox, que en la toma en consideración de la iniciativa el pasado martes tampoco apoyaron la iniciativa, pero decidieron abstenerse.

Ahora la Cámara Baja remitirá el texto al Senado, donde previsiblemente se aprobará de forma definitiva tras el acuerdo de PSOE y PP de no aceptar enmiendas de otros grupos parlamentarios. La sesión se ha vuelto a celebrar en el Senado por las obras en la Cámara Baja y la votación ha sido pública y por llamamiento.

De este modo, como acordaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la modificación se ha llevado a cabo por la vía exprés. La Mesa del Congreso rechazó ayer admitir las enmiendas presentadas al texto. Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto "más acorde a los nuevos tiempos".

El presidente Sánchez interviene durante la sesión del Congreso que debate las enmiendas a la reforma de la Constitución - Foto: J.J. Guillén

Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos". Esta reforma pretende cambiar la redacción a "las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas".

"Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio", se añade. Además, en el segundo punto constará: "Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".

En 2018 hubo un primer intento de reforma que contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones para 2019 impidió que su tramitación continuara. En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE llegaron a dejar cerrada una redacción con discreción, pero no hubo clima ni tiempo para llevarlo adelante.