Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que suman treinta y tres años de cárcel para catorce encausados, entre ellos el protésico dental Rubén A.R., inductor del asalto a la vivienda de la Circular en el que falleció una septuagenaria, por concertarse para la obtención de créditos supuestamente dirigidos a tratamientos dentales pero que resultaron inexistentes y generaron un perjuicio de más de 200.000 euro a las entidades concesionarias.
Si por el crimen de La Circular Rubén A.R. y los otros cinco implicados fueron condenados a once años y medio por la tentativa de robo y el homicidio, en esta ocasión el protésico dental ocupará banquillo este lunes, día 2 de diciembre, por hechos totalmente distintos y junto con otras trece personas, siete de ellas acusadas de un delito continuado de estafa en concurso medial con otro delito de falsedad en documento privado y el resto por un delito de estafa.
Las penas más elevadas son las solicitadas para Rubén R, titular de la clínica dental 'Rubaldent', y Carmen C.P, en su condición de gestora de la entidad Deutsche Bank, con oficina en la calle Duque de La Victoria, que se exponen a cinco años de prisión y multas de 4.500 euros.
Por su parte, Jonathan C, Melanio V, Alexis P, Darwin R. y Adrián E. se enfrentan a dos años y medio de prisión, mientras que para Sergio O, Juan Antonio A, Pablo A, Francisco G, Eshter E, Miguel Ángel M. y José Alejandro P. la acusación pública pide un año y medio de privación de libertad.
Además, en concepto de responsabilidad civil, la acusación pública interesa que Rubén A. y Carmen C. indemnicen, conjunta y solidariamente, a Deutsche Bank con cada uno de los préstamos por las cantidades adeudadas y que el primero y cada uno de los beneficiarios de las operaciones realizadas hagan lo propio con Cofidis y Banco Cetelem.
En su escrito de calificación, Fiscalía sostiene que Rubén A.R, a través de la mercantil Famalro SL, de la clínica dental 'Rubaldent', y Carmen C, gestora de Deutsche Bank, junto con otra persona no identificada que actuaba como captador, se concertaron para, movidos por el deseo de procurarse un beneficio económico, captar y facilitar la concesión de préstamos para la financiación de supuestos tratamientos dentales en la clínica mencionada.
Para ello, después de captar a personas que generalmente se encontraban en la indigencia económica, antes de que les fuera concedido un préstamos elaboraban un respaldo documental inventado o alterado--nóminas y la declaración de la renta--que aparentaba la solvencia necesaria para que el Departamento de Riesgos de Deutsche Bank aprobara la operación.
Acto seguido, siempre según la acusación pública, los acusados y el prestatario el dinero concedido, momento a partir del cual la persona captada se declaraba insolvente y el préstamo quedaba impagado. A tal efecto, además de la contratación del préstamo personal se incluía y contrataba un seguro para el caso de que el prestatario perdiera su trabajo, al objeto de conseguir que toda la trama expuesta quedara al descubierto.