La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus parece haber supuesto el espaldarazo definitivo para la llamada ley de 'segunda oportunidad', la vía que se introdujo en 2015 para rescatar a particulares endeudados y que ha tenido en el último año y medio casi tantos casos como en sus seis años de vigencia. Valladolid suma 100 concursos de acreedores de personas físicas desde 2020 y en todo la 'vida' de la norma solo son 221.

La Ley 25/2015 siempre había tenido en su contra aquello de ser relativamente desconocida para el gran público, a lo que se unía la lentitud judicial y la necesidad del endeudado de tener que efectuar un desembolso sin la garantía de que el débito se pudiera cancelar. Ahora, algunos de esos hándicap van esfumándose poco a poco, tal como apuntan los expertos, debido a que «la ley se conoce más y los juzgados son más rápidos en su ejecución». Y a ello se une el papel que ha jugado la crisis económica que dejado la pandemia del covid y que ha llevado a más personas al límite de sus economías.

Los últimos datos recabados por este periódico desvelan que los vallisoletanos que acuden a la Ley 25/2015 se han duplicado en este año y medio de batalla contra el coronavirus. 2020 acababa con la declaración de 70 concursos de acreedores de personas físicas en la provincia, por los 37 de 2019, los 43 de 2018, los 22 de 2017, los 14 de 2016 y los cinco que dieron el paso en el segundo semestre de 2015. Además, la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se completa con los 30 concursos que se han declarado durante el primer semestre de este 2021, lo que prácticamente iguala el dato de 2019, el último año prepandémico; también precrisis.

En este sentido, Ana García, abogada del despacho de Repara Tu Deuda, sustenta el crecimiento de estos concursos en los autónomos, tanto en aquellos que «han tenido que cerrar sus negocios», como los que se han visto obligados a buscar «más financiación para mantenerlos abiertos y ahora deben responder personalmente».  

Es el nuevo perfil de particular que se declara en concurso, el del autónomo que no pudo superar la última crisis económica. A ellos se unen los otros tres que aparecían tradicionalmente como los más habituales en esta búsqueda de una segunda oportunidad: «Por lo general, hablamos de tres tipos de casos entre los que acuden a la Ley 25/2015: personas que se quedaron sin trabajo y no pueden hacer frente a sus deudas, avalistas y parejas divorciadas», explica la abogada, que señala que «la mayor parte de los casos son personas que han ido acumulando cuotas de diferentes créditos con entidades y acaban ahogados».

No vale todo. Porque se fija un límite de cinco millones de euros, aunque «desde hace un par de años, también están prosperando los casos de deudas con la Administración, obteniéndose cancelaciones en la mitad de los casos y un plan de pagos en la otra mitad». «La ley de 'segunda oportunidad' está pensada para brindar otra ocasión a las personas que se han equivocado o a las que las cosas les han ido mal, pero es algo que no ha de entenderse como una vía para limpiar el expediente y después volver a endeudarse, ya que es una oportunidad real que la legislación ofrece para hacer las cosas bien», explican desde Repara tu Deuda, una de las entidades especializadas en la gestión de estos procesos que, en líneas generales, están logrando que en el 100% de los casos que presentan se estén cancelando las deudas. La abogada Ana García señala que «solo se niega en situaciones extremas, en los casos en que se vea que se ha actuado de mala fe, autónomos que facturan en 'b' o que se ha ocultado que había más patrimonio del que se declaró», por lo que siempre se pide «ser transparente, decir lo que uno tiene y lo que uno debe, con buena fe y siendo justos».

Los requisitos fundamentales que establece esta ley son no haber cometido delitos socioeconómicos en los últimos diez años y poner a disposición del proceso todos los bienes, «aunque después puede no liquidarse, porque eso es algo que van a valorar el administrador y el juez, dentro de esa buena fe que se tiene en cuenta».

El proceso exige de unos gastos, por lo que no se aconseja acudir a la Ley 25/2015 en deudas inferiores a 10.000 euros, pues no compensa. «En Repara tu Deuda cobramos en función de la situación económica del cliente y dejamos que la gente pague de manera fraccionada. Contando todo, notario, mediador, administrador concursal... estos procesos se pueden mover entre los 3.000 y los 5.000 euros».