Las cajas botín de los videojuegos que no cuesten dinero quedan fuera del anteproyecto de ley de protección a la infancia en los entornos digitales, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros en primera vuelta.
En concreto, la norma incluye la prohibición del acceso de los menores en los videojuegos a las cajas de recompensa o 'loot boxes'. Se trata de una medida incluida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, para "incidir en los riesgos y en el impacto negativo que tienen estas cajas botín para las personas que juegan a videojuegos, especialmente las más jóvenes".
"Las cajas que sí entrarían son las que tienen precio, azar y el objeto virtual es intercambiable por otro o por moneda de curso legal", ha asegurado el director general de Ordenación del Juego, del Ministerio de Consumo, Mikel Arana, en declaraciones a Europa Press. En este sentido, Aranda ha añadido que las que no están reguladas por la normal son las que o no cuestan dinero o el premio no es intercambiable. En concreto, fuentes minisperiales apuntan que quedan fuera aquellas que para su activación no requieran del pago directo o indirecto de moneda de curso legal.
Asimismo, Aranda ha destacado que estas cajas tienen "muchísimas similitudes" con los juegos de azar, "ya sea desde el punto de vista de su estructura o de su diseño o incluso el tipo de premios que ofrecen". Así, ha explicado que existe un precio; un elemento azaroso; y que, el premio que se puede obtener, normalmente un objeto virtual, puede intercambiarse por otros objetos virtuales o puede por monedas de curso legal.
"Estaríamos hablando de unos objetos, de unos mecanismos aleatorios de recompensa que tienen muchísimas similitudes con los juegos de azar y, por lo tanto, básicamente tienen los mismos efectos. Además, en personas de edades muy tempranas, que no tienen ningún tipo de control", ha subrayado.
Preguntado por cómo se va a hacer cumplir esa prohibición, Aranda ha señalado que una vez que llegue la norma al Congreso y se decida cuál va a ser el contenido definitivo, "habrá cuestiones que, lógicamente, tendrán que ser desarrolladas a través de un desarrollo reglamentario que, una vez esté aprobado, habrá que empezar a trabajar".
Asimismo, en cuanto a posibles sanciones, Aranda ha precisado que es una cuestión que deberá ser desarrollada "posteriormente". En este sentido, ha añadido que el anteproyecto incluye una prohibición y el no cumplimiento de la misma "lógicamente tiene que traer algún tipo de consecuencias". "Yo creo que aquí lo más importante es que el principio general es el de la prohibición. A partir de ahí habría que ver también, por una analogía en otro tipo de fenómenos de esas características, cuáles son en su caso las sanciones y ver si se ajustan o no se ajustan", ha expuesto.
Igualmente, ha agregado que se tendrá también que desarrollar cómo se verifica la mayoría de edad y ver "quién es el responsable de poder hacer la supervisión de que eso ocurra".
Casi el 24% de jóvenes accedieron en el último año a cajas botín
Según señala la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), impulsora de esta medida, las cajas botín son mecanismos cuya naturaleza y diseño suponen, en muchas ocasiones, el primer contacto por parte de menores de edad con juegos de azar a cambio de dinero, y alerta que esto puede suponer una "normalización" de este tipo de productos. En base a los estudios de prevalencia más recientes, destaca que casi un 24% de menores entre 15 y 17 años adquirieron cajas botín en el último año.
Las personas más jóvenes, indican desde Consumo, son las principales consumidoras de este tipo de productos y servicios que pueden llevar al surgimiento de "conductas de consumo irreflexivas, compulsivas y, en última instancia, patológicas". También añaden que pueden ser causa de "graves repercusiones económicas, patrimoniales y afectivas", tanto en las personas que las padecen como en su entorno personal, social y familiar.
Finalmente, la DGOJ se ha referido a la proposición no de ley que fue aprobada la semana pasada en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados. Esta fue presentada por Sumar, para regular las cajas botín que aparecen en los videojuegos, así como el acceso de los menores a ellas y su publicidad.