No es difícil cruzarse con un repartidor de Glovo por el centro de Valladolid cualquier día y casi en cualquier momento, aunque se le busque al azar antes de las 13.00 horas de un lluvioso lunes de enero como el de esta semana. Y a la primera, sentado en un banco de la acera de Recoletos con su patinete al lado y la clásica mochila amarilla, esperando que terminen de preparar un pedido en un establecimiento de la zona para llevarlo a un domicilio, se encuentra El Día de Valladolid con uno de los que responden al perfil del extranjero en situación irregular que, para poder trabajar, «alquila» una cuenta que tenga activada un autónomo en esta plataforma. Cualquiera se la puede abrir a través de la web de Glovo y empezar a operar prácticamente de un día para otro si se hace autónomo pero, claro está, siempre que tenga los papeles en regla. 

La «suerte» de Ricardo (nombre ficticio), latinoamericano de 40 años que llegó hace unos seis meses a España, a Valladolid, y lleva alrededor de cinco trabajando como repartidor de Glovo, está en que quien le «alquila» la cuenta, según dice, es un familiar que no le cobra. Aunque lo habitual, como relata él mismo y coinciden en asegurar también desde CCOO, pasa por entregar al arrendador «entre un 25 y un 30%» de las ganancias, con excepciones como la suya y también con casos en los que se pide hasta un 50%, según ha podido comprobar este periódico tras localizar anuncios en internet de alquiler de cuentas en Valladolid. 

Sin protección laboral

El arrendatario o subcontratado, mientras, asume como un mal menor trabajar sin protección alguna frente a accidentes laborales, entre otras consecuencias. Aprecia que al menos accede a ingresos para tratar de salir o seguir a flote, aunque sea sumergiéndose de seis a ocho horas diarias en el mercado negro de los riders. Le ocurre a Ricardo y, según advierte éste, también en torno a «la mitad» de sus compañeros. 

Son repartidores subcontratados por repartidores, «lo cual supone rizar el rizo de la esclavitud», interpreta el delegado provincial de CCOO, Raúl García Agudo. «La Inspección de Trabajo y la 'ley rider' ya dejaron claro que los repartidores deben ser trabajadores por cuenta ajena, no autónomos, pero de la ilegalidad de los falsos autónomos surge esta otra ilegalidad, y más cuando se subcontrata a trabajadores en situación irregular». Los hay que lo hacen para mantenerse operativos más horas en la plataforma y tener una buena valoración que favorezca que la aplicación les asigne más pedidos; y los hay que se abren una o varias cuentas únicamente para ingresar dinero con su alquiler. «Si Glovo pudiera contratar a autónomos, estos a su vez sí podrían subcontratar», opina García Agudo, «pero en ningún caso trabajadores en situación irregular, claro», recalca.

El problema no es nuevo, pero se considera cronificado. En mayo se cumplirán cinco años de la muerte de un rider nepalí atropellado por un camión del servicio de limpieza en Barcelona cuando hacía un servicio para Glovo. La empresa reconoció que no lo tenía registrado y compañeros suyos admitieron que el fallecido trabajaba sin contrato con una cuenta prestada, dado que estaba indocumentado y no podía por ello darse de alta como autónomo. Un suceso que amplificó el foco sobre las plataformas de reparto.

Uber Eats (con repartidores reconocibles por la mochila verde que utilizan) también aplica un modelo de negocio con autónomos que acumula su propio historial de denuncias y sanciones, pero su presencia en Valladolid es «más bien residual», con «unos 20 repartidores», según el delegado provincial de CCOO; de ahí que apunte sobre todo a Glovo, que tiene«400 ó 500». «Y el 35 o el 40% (entre 140 y 200), como mínimo, subcontratados», siendo inmigrantes sin papeles «casi todos». 

García Agudo considera además que por Glovo, sólo en Valladolid, han podido pasar «unas 2.000 personas de forma fraudulenta desde que se implantó en 2018». Asimismo, calcula que actualmente puede haber más de un millar de repartidores en la ciudad, pero contando los vinculados a otras empresas como Just Eat (mochila e indumentaria naranja), Burger King, Domino's Pizza o Telepizza, cuyos trabajadores «tienen un convenio, un salario, un horario y, en definitiva, unas condiciones laborales y una protección». 

Sanciones a plataformas digitales de reparto

La 'ley rider' que impulsó el Gobierno, sobre todo para regular el modelo laboral de las plataformas de reparto, entró en vigor en agosto de 2021, y la Inspección de Trabajo ya ha impuesto a Glovo más de 200 millones de euros entre sanciones y liquidaciones. Destaca un 'paquete' de 56,7 millones en Madrid por emplear a 7.022 falsos autónomos y tener a 813 trabajadores extranjeros de manera irregular, pero en Valladolid también ha habido inspecciones, con un balance de 1.289.475 euros en infracciones y 825.518 en actas de liquidación por 465 trabajadores no dados de alta en la Seguridad Social por parte de plataformas digitales de reparto; así como 68.758 euros en infracciones por ocho trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo. 

No obstante, tales inspecciones corresponden a periodos de liquidación previos a la 'ley rider', tras la cual estas empresas revisaron sus modelos de negocio, aunque siguen con autónomos y bajo sospecha.

Glovo defiende su modelo de negocio

Un portavoz autorizado de Glovo, preguntado por El Día, defiende el sistema actual: «Tras la 'ley rider', lanzamos un nuevo modelo de colaboración para autónomos inédito en España, que sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el de Justicia de la UE», con «nuevas características» que «permiten simultanear otras aplicaciones y actividades con total flexibilidad, autonomía e independencia», afirma. Y añade que, en paralelo, iniciaron un «proceso de contratación directa de repartidores, con horarios y retribuciones fijas y rutas concretas, para aquellos servicios que, por su naturaleza, son viables tecnológica y operativamente para operar el servicio de supermercado de Glovo (Súper Glovo)». No obstante, declina detallar cuántos repartidores tiene en Valladolid («más de 19.000 en España», dice) y cuántos de cada tipo, mientras los anuncios que proliferan en internet sobre sus ofertas de trabajo en Valladolid se dirigen sólo a autónomos. Y los sindicatos mantienen que tanto esta plataforma como Uber Eats esquivan la 'ley rider' por «abusar» de la figura del «falso autónomo». 

Respecto el alquiler de cuentas, el portavoz de Glovo asegura que han añadido «procesos de verificación facial en toda España» y realizan «controles regulares». «Cuando se detecta o se reporta un uso irregular de la aplicación, se abre un proceso de investigación y se aplican las medidas necesarias para solventarlo», sostiene. Y «además, los repartidores disponen de un sistema de sustitución por el que cualquier repartidor con cuenta propia tiene opción de trabajar para otra cuenta de una forma completamente legal», incide.

De hecho, Glovo permite de forma expresa la subcontratación, tal y como señala en los términos y condiciones de uso que firma con quienes deciden trabajar como autónomos para esta plataforma. «El usuario (rider) podrá, a su entera elección, decidir si desea subcontratar su propia cuenta y/o si desea solicitar cuentas adicionales para personas subcontratadas por él», puede leerse. Añade que éste deberá comunicarle por escrito la «intención de subcontratar su cuenta y/o de solicitar cuentas adicionales, así como la identidad de la/s persona/s con la/s que subcontratará y/o será sustituido, junto con su permiso de trabajo y su fotografía, a fin de que Glovo tenga constancia de la subcontratación o sustitución»; y «sin que dicha notificación suponga asunción de responsabilidad alguna por parte de Glovo», apostilla.

Entretanto, Ricardo, como otros, sigue trabajando de repartidor sin que el titular de la cuenta que usa se lo haya notificado a Glovo. Y además, ahora que asegura que ya tiene «muy avanzados» los trámites para regularizar su situación en España, con el «deseo» de darse de alta como autónomo en cuanto pueda y abrirse ya no sólo una cuenta propia, sino «varias», para pasar así de arrendatario a arrendador, contribuyendo a cronificar las patologías del limbo laboral de las plataformas de reparto.