Con fecha del próximo 1 de julio entrará una nueva empresa (Meridianos) a gestionar el Centro Regional Zambrana, dependiente de la Consejería de Familia; y llegará con la nueva figura de una directora gerente como complemento del actual director, cuya dimisión ya fue reclamada por el PSOE en las Cortes el pasado noviembre y por los educadores de forma recurrente en cualquier foro donde se les ha preguntado, aunque él mismo cuenta con dejar el puesto sin tardar demasiado, una vez den luz verde a su traslado. Hay planes de refuerzo de plantilla, unos implementados recientemente (en seguridad) y otros previstos a corto plazo sobre papel por mejoras en el pliego de prescripciones de la nueva contrata, además de obras de renovación de instalaciones o nuevas dotaciones de equipamiento ya aprobadas; y atrás debería ir quedando así el serial de agresiones de internos y bajas laborales que se vienen registrando, sobre todo desde el verano pasado, en este centro destinado a jóvenes infractores que cumplen medidas ordenadas por juzgados de Menores. Sin embargo, entretanto, una resolución del Procurador del Común, publicada recientemente en su web tras notificarse a las partes en mayo, ha retratado la «alarmante» situación derivada de los problemas de convivencia e insta a la «adopción urgente» de medidas.
En su escrito, la institución que lidera el catedrático Tomás García Quintana reseña el mínimo de educadores fijado en el pliego de prescripciones del contrato que ahora expira: 16 en turno de mañana, 16 de tarde y 4 de noche de lunes a jueves (36 en total), así como 16, 17 y 4 los viernes, sábados, domingos y festivos (37), para atender a un máximo de 60 internos que, en la práctica, han llegado a ser al menos 70; aparte de otros profesionales como psicólogos, profesores de la Consejería de Educación o maestros de taller. Y aunque da por válido el cumplimiento del mínimo prescrito por la información que le ha remitido la Consejería, sin entrar a analizar a fondo el presunto incumplimiento que denuncian los educadores por la acumulación de bajas no cubiertas (en las últimas semanas han advertido de hasta cuatro por turno), concluye que «el cumplimiento de estos requisitos mínimos no ha resultado suficiente para eliminar el problema de la conflictividad en el centro y sus repercusiones en las condiciones laborales de los trabajadores y en el resultado de la intervención educativa y resocializadora de los menores internos».
El último informe aportado por la Consejería al Procurador del Común, recibido en marzo, ya aludía a la puesta en marcha de «una serie de medidas para evitar esa conflictividad, como la reorganización y distribución de los menores y de las actividades de los mismos, además de reforzar la plantilla de personal de vigilancia», si bien el proceso administrativo para esta última cuestión no se completó hasta este mes. No obstante, considera que «pese a los esfuerzos que a este respecto ha podido desarrollar esa Administración autonómica, tampoco parece que los mismos hayan servido para resolver definitivamente el problema».
«Las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación recogen, en efecto, que la situación del centro es límite: los incidentes con los menores aumentan y el personal se reduce», prosigue el Procurador del Común. «Estaríamos, por tanto, ante una situación alarmante que ha de ser considerada por la entidad pública de reforma, máxime cuando también es la titular del servicio». Y en ese sentido, le insta a la «adopción urgente» de medidas como «vigilar y exigir a la entidad gestora (la empresa) el cumplimiento estricto de las condiciones establecidas en el contrato en relación con las suplencias y coberturas de las bajas y ausencias del personal»; o «requerir a la misma entidad la contratación de un mayor número de profesionales, cualificados y especializados y debidamente coordinados, para garantizar la prestación del servicio».
Mejoras previstas
En paralelo, mientras, la Junta ha ido informando en las últimas semanas de las mejoras introducidas de cara a la nueva contrata. Destaca la previsión de aumentar la plantilla de educadores a 43, frente a los 36 fijados actualmente de lunes a jueves y 37 de viernes a domingo y festivos. El proceso de selección de personal ya está en marcha, con anuncios en internet desde hace varios días y entrevistas que ya se están realizando para cubrir plazas de educadores sociales y de auxiliares técnicos educativos; este último, un puesto nuevo con menos requisitos de titulación y peor remunerado, pero que a la vez permite ampliar el abanico de posibles candidatos.
También se prevé incorporar un psicólogo más -de dos a tres- y otro trabajador social -de uno a dos-, además de ampliar a jornada completa a un licenciado en Derecho, realizar menos contrataciones de jornada parcial, más formación continua y, en resumen, medidas que deberían mejorar la situación si pasan del papel a los hechos.