Los juzgados de Valladolid van recuperando poco a poco el gran atasco que provocaron en 2023 las huelgas de funcionarios y de Letrados de la Administración de la Justicia (LAJ). Ese año, apenas hubo actividad entre febrero y septiembre, y eso hizo que los expedientes acumulados se disparasen hasta los 32.525 a finales del tercer trimestre. Desde entonces esa cifra ha ido bajando hasta los 28.930 a finales del primer semestre de este año, un 11,1% menos respecto al peor momento del colapso.
Pero la situación todavía está muy lejos de estar normalizada. Al menos, si se toman como referencia los años previos a la pandemia, cuando los casos pendientes estaban por debajo de 19.000. En el último año, el avance ha sido escaso, al pasar de 29.156 casos pendientes a los 28.930 citados. Solo un 0,8% menos y gracias al trabajo sacado en la jurisdicción civil, que ha pasado de 17.421 expedientes pendientes a 16.699. También se ha avanzado en los Juzgados de los Contencioso-Administrativo: de 617 a 481. Sin embargo, esta mejoría se ha visto eclipsada por el aumento de casos pendientes en Penal (de 6.736 a 7.037) y en los Juzgados de lo Social (de 4.322 a 4.713).
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre abril y junio se resolvieron un 5,5% más de casos de los que ingresaron. En concreto, 19.659 frente a 18.621, con la excepción de los juzgados de lo Social, que son los únicos que recibieron más trabajo del que finalizaron.
En términos generales, los juzgados más saturados son los doce de Primera Instancia de Civil, con una media de 956 casos pendientes cada uno, seguidos de los juzgados de lo Social, con 942. Los terceros de la lista son los de Instrucción de Penal, con 825 de media. Precisamente, el sindicato CSIF puso sobre la mesa la necesidad de crear un nuevo juzgado de instrucción, así como poner en marcha guardias de 72 horas antes de advertir de que "la jurisdicción civil está al borde del colapso en el partido judicial de Valladolid". Representantes del sindicato se reunieron con el alcalde, Jesús Julio Carnero, y con el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, para trasladarles estas preocupaciones.
El origen del problema
Los juzgados de Valladolid arrastran un problema de carga de trabajo que, en gran medida, viene derivado, primero por la pandemia y, después, en mayor medida, por las huelgas de los LAJ y los funcionarios de 2023, aunque diversos actores del sector llevan años denunciando la falta de personal. La protesta del primer colectivo se inició a principio de ese año y paralizó los juzgados entre finales de enero y marzo. Tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Justicia mediante el cual se amplió su salario en 450 euros brutos al mes, los funcionarios iniciaron otra protesta para conseguir una mejora económica similar, entre otras cosas. La huelga comenzó el 22 de mayo y no se desconvocó hasta principio de julio, sin que los convocantes consiguieran sus objetivos. Después llegó agosto, mes inhábil en los juzgados, para agravar el trabajo acumulado.