Las comisiones de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia arrancan hoy su fase de comparecencias recibiendo en el Senado a Koldo García Izaguirre, el exasesor del exministro José Luis Ábalos en Fomento, que da nombre a la trama de cobro de presuntas mordidas por la obtención de contratos públicos, y en el Congreso al exministro de Sanidad y actual candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa.

Después de varios intentos infructuosos, la Cámara Alta localizó a García Izaguirre el pasado jueves y le ha citado esta jornada  para las 11 de la mañana. Como todos los comparecientes, el presunto conseguidor está forzado a presentarse ante la comisión, pero no tiene obligación de responder a los grupos parlamentarios al estar investigado por la Audiencia Nacional.

Así, lo previsible es que se acoja a su derecho de guardar silencio para preservar su estrategia de defensa y no comprometer sus declaraciones judiciales. Aunque lo haga, los portavoces de los distintos grupos podrán plantearle las preguntas que estimen oportunas durante el tiempo que se les ha asignado.

Tanto en el Senado como en el Congreso, los comparecientes que lo deseen podrán hacer una intervención inicial de 10 minutos antes de que les interroguen, pero los interrogatorios serán más largos en la Cámara Alta y más ágiles en la Baja.

En concreto, en el Senado los grupos contarán con 30 minutos cada uno para plantear sus preguntas si hay un único compareciente o con 20 si hay programada más de una comparecencia en la misma sesión. En el Congreso, el tiempo de cada interrogatorio se ha fijado en todos los casos en 15 minutos.

Mientras Koldo García comparece en el Senado, en el Congreso lo hará la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, que hace dos semanas ya acudió a la Cámara para exponer el resultado de las siete fiscalizaciones que ha realizado este órgano sobre los contratos de emergencia para la compra de material anticovid suscritos en 2020 por distintos ministerios, algunas comunidades, empresas públicas y organismos autónomos.

La comisión del Congreso recibirá a las cuatro de la tarde a Illa, quien tiene cita en el Senado dos días después. Su ministerio fue entonces el encargado de cerrar el grueso de los contratos adjudicados analizados por el Tribunal de Cuentas, por valor de 513 millones de euros. El fiscalizador denunció diversas incidencias, como resoluciones  y retrasos en la ejecución que motivaron la ampliación de los plazos y demoras en el cumplimiento de los nuevos, así como requerimientos de reposición de diverso material defectuoso o de reintegro de su importe.